ANTICORRUPCIÓN: SER O PARECER?

En plena epidemia poselectoral  de “transparencia y lucha contra la corrupción”, el contexto comunicacional oscila entre la información y la desinformación. Son voceros del debate conocidos políticos, mientras los sectores empresariales, gremiales y judiciales, partícipes necesarios en las tramas de corrupción e impunidad, intentan permanecer en un segundo plano. Cambiar el rumbo implica asumir ciertas hipótesis: 1) la corrupción no es imputable a “todos los argentinos”, sino responsabilidad de los funcionarios que los representan. 2) en la puja entre dirigentes y jueces deshonestos y honestos, estos últimos en cuanto a resultados, fracasaron. 3) destruir la cohesión y persistencia de la trama de impunidad, no podrá ser de exclusiva responsabilidad del gobierno. Necesitará de un importante apoyo opositor  traducido en leyes y acciones, y no solo de opiniones. Los corruptos, no son distintos según sean oficialistas u opositores.

Maquiavelo, en su obra El Príncipe, expresaba respecto a la relación de los gobernantes con el pueblo: “Todos pueden ver, pero pocos tocar…Muy pocos saben lo que realmente eres”. El ciudadano común solo puede “ver”, por lo que la imagen es fundamental. Ello explica el impacto que provocó en la opinión pública, el video mostrando el conteo de millones de dólares divididos en fajos, por personas relacionadas con el contratista de obras públicas Lázaro Báez. Pero no es suficiente. En esta dualidad imagen (información) – trasfondo de intereses, las técnicas comunicacionales no difieren según se quiera informar, enseñar, o bien distorsionar, ocultar, engañar. Nuestro desafío como ciudadanos para formar opinión, será el de analizar, comparar, descubrir contradicciones, y evitar que una vez más el barullo de la confusión permita que la trama de impunidad continúe. Como ejemplo, analizaremos las opiniones de dos políticos situados en las antípodas partidarias: Aníbal Fernández y Elisa Carrió. Ambos cumplen con el requisito de capacidad intelectual y vasta experiencia política.

Aníbal Fernández, al ver en el programa televisivo de Fantino el video mostrando al hijo de Báez y otros contando fajos de dólares, expresó: “Contar dinero no es delito”. Su comentario motivó críticas, pero Fernández, que no habla en vano y es abogado, marcó una línea de acción para impugnar la validez del video. Nada disparatada, considerando que este recurso para diluir pruebas, fue reiteradamente utilizado por la justicia federal. En la causa Skanska, los camaristas Freiler y Farah declararon nula una grabación en la que un ejecutivo de la empresa extranjera confesó pago de coimas. En la compra de vagones usados a España y Portugal, Oyarbide anuló como prueba los correos electrónicos en los que el intermediario de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, negociaba el pago de comisiones con sobrecostos. Recientemente, el juez federal Luis Rodríguez anuló la causa de los allanamientos a cuevas financieras, ordenadas y luego suspendidas por Oyarbide, aduciendo que las escuchas telefónicas que detectaron las irregularidades, no cumplieron con los procedimientos judiciales. La causa Lázaro Báez (lavado de dinero), se inició en el 2013 como resultado de una documentada investigación periodística. Mucho más importante que el video,  es conocer si el juez  federal actuante Sebastián Casanello, realizó las diligencias necesarias para obtener y certificar la validez de los datos publicados. Se destacan entre otros, la constitución y razón social de múltiples sociedades, movimientos bancarios en el exterior, flujo del dinero entre cuentas, y el destino de 22 millones de dólares bloqueados en Suiza.  

Elisa Carrió por su parte, en aras de la transparencia, le solicitó a Macri que su amigo de la infancia, Nicolás Caputo, vendiera su empresa constructora de origen familiar, con 75 años de existencia. Si la dra. Carrió supone que obtener contratos públicos implica preferencias y pago de coimas, ello pareciera ser evidente, con Caputo incluido. Pero en la corrupción estatal, si bien el privado es partícipe necesario, el Estado es quien tiene la capacidad de promoverla, al generar la necesidad, implementarla, facilitarla, contratarla, pagarla y protegerla. Es el Estado quien debe transformar profundamente sus estructuras, respecto a las responsabilidades del ejecutivo, legislativo, organismos de control y sistema judicial. Ningún privado fue culpable que de la nada y sin antecedentes en el rubro, un cajero del Banco Nación en Santa Cruz; cooperativas de Milagro Sala en Jujuy y la Fundación de Hebe de Bonafini en el ámbito nacional, se transformaran en poderosas constructoras con manejos corruptos de fondos públicos multimillonarios, que jamás serán recuperados. 

Este es el gran desafío que deberán encarar el oficialismo y la oposición en el 2016.

Buenos Aires, 06 de abril 2016