Ante un cambio de gobierno, las
clases dirigentes sufren el síndrome de la “transparencia”, con la secreta
esperanza que sea superado en el menor tiempo posible. Transparencia es la
cualidad óptica de un material que deja pasar la luz, permitiendo ver que hay
detrás del mismo. En el campo político, significa posibilitar que el ciudadano
vea la documentación “que hay detrás” de los actos de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial. Para ser útil, la información debiera ser completa, ordenada,
relevante y fidedigna. Surge un primer desafío: como evaluar si se cumplen estos
requisitos? Poseemos conocimientos para ello?
En una democracia los actos de
gobierno se trasladan masivamente a todos los niveles sociales y educativos, a través
de los medios de comunicación. Pero esta intermediación entre información y
ciudadanos, exige una prevención inicial: la libertad de opinión no implica por
si sola veracidad. Los medios responden a grupos empresarios privados u
organismos públicos, que entremezclan intereses, negocios, ideologías,
cualidades éticas y calidades periodísticas. En esta diversidad de origen, en
política en general y en temas de corrupción en particular, la comunicación
recurre a reglas de la propaganda política,
donde conviven la información con la desinformación. Surge entonces un
nuevo desafío: en quién creer? La palabra “creer” nos sumerge en el campo
emocional antes que en el racional, que es lo que pretende la propaganda.
Nuestra estrategia debería
consistir en poner inicialmente bajo la luz de la duda todas las versiones
sobre un mismo caso o denuncia, para luego formularnos interrogantes que no han
sido planteados, o que no han sido aclarados. Tomaremos como ejemplo el caso de
mayor actualidad, referido a la deuda impositiva del grupo Indalo con la AFIP,
por 8.000 millones de pesos. La ciudadanía receptó cronológicamente la
siguiente información:
10 de marzo.- Ricardo Echegaray, titular de la Auditoría General de
la Nación (AGN), informa en conferencia de prensa una medida no prevista en las
normas: que auditará en “tiempo real” al actual gobierno.
11 de marzo.- El Grupo Indalo anuncia un proceso de división de
bienes entre sus dos socios: Cristóbal López (posee el 70%), y Fabián De Sousa
(posee el 30%).
13 de marzo.- El periodista Hugo Alconada Mon, publica en La Nación
una investigación que documenta una retención indebida del impuesto de
transferencia de combustibles por 7.400 millones de pesos, más 600 millones por
otros conceptos, que Indalo eludió pagar a la AFIP.
14 de marzo.- El periodista Gustavo Sylvestre, en su programa
político del canal C5N, perteneciente a Indalo, informa que hubo otros 1.800
beneficiarios por la aplicación del Régimen de Facilidades, que permitió que
Echegaray refinanciara a discreción deudas impositivas, con tasas de interés y
plazos muy favorables. Entre los supuestos favorecidos, mencionó al Grupo
Clarín, y al empresario “amigo de Macri”, Nicolás Caputo. En pantalla se sobreimprimía
la frase “doble moral”.
20 de marzo.- Tras anunciar el canal C5N que por la noche se emitiría
un programa conducido por el periodista Navarro, referido al empresario Nicolás
Caputo, “amigo de Macri”, el mismo fue suspendido a último momento. Navarro
denunció aprietes para no sacarlo al aire, sin aclarar de quien o quienes.
22 de marzo.- Cristóbal López y Fabián De Sousa deciden frenar la
separación de activos del Grupo Indalo, ante el escándalo.
Se presentan varios condimentos
del ocultamiento y confusión: 1) se
intenta disimular al elefante (Grupo Indalo), incorporando más elefantes (Grupo
Clarín y empresario Caputo); 2) se
emiten veladas amenazas públicas (Echegaray
anunciando auditar al actual gobierno en tiempo real; C5N/Navarro anunciando un
programa especial sobre el empresario Caputo, para dejarlo sin efecto aduciendo
“presiones”; 3) se cumple con lo
habitual en las estrategias de ocultamiento y/o confusión: gran velocidad informativa
(no confundir con velocidad judicial). Todo se desencadenó entre el 10 y 22 de
marzo.
Datos no hechos públicos a la
fecha, que deben ser informados:
1.- A C5N (Navarro y Sylvestre): identificar de la supuesta nómina
de 1.800 (elefantes) favorecidos por refinanciaciones de la AFIP, a los ubicados
en los cinco primeros puestos, indicando beneficiario, monto, condiciones y justificaciones
esgrimidas por Echegaray para otorgar los beneficios.
2.- A los legisladores: indicar que organismos deben controlar y
auditar las decisiones de la AFIP, y que marco legal, si existiera, otorga al
responsable de la AFIP una inaceptable discrecionalidad, que “legaliza” todo
tipo de corrupción.
Mientras aguardamos respuestas, en
la próxima reflexión trataremos de encontrar solución a uno de los grandes
problemas de la política argentina actual: qué hacemos con Nicolás Caputo?
Buenos Aires, 30 de marzo 2016
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