Una vez más, un cambio de
gobierno provoca en los sectores políticos sintomatologías febriles, bajo las
cuales se balbucean promesas de transparencia y lucha contra la corrupción. La
patología, que ya afectara en anteriores períodos a gran parte de la dirigencia,
mostró ser de rápida curación y no dejar secuelas. Con este antecedente,
analizaremos el actual brote bajo un manto de escepticismo, en lugar de someternos
fácilmente a la invocación de “fe y esperanza”.
En este contexto, para ordenarnos
en el análisis, comenzaremos por el poder Legislativo, debido a su condición de
albergar todas las expresiones del espectro político, y ejercer a través de
comisiones parlamentarias, facultades de control sobre determinadas responsabilidades
de los poderes Ejecutivo y Judicial. Por ejemplo, el seguimiento de políticas y
administración de organismos de inteligencia, tarea que jamás se cumplió. Históricamente,
el fragor de los debates que caracteriza al parlamento, desaparece al momento
de transparentar su propia estructura, gasto presupuestario y funcionamiento
legislativo. Aspectos esenciales como sus obligaciones y derechos, inmunidades
parlamentarias, fijación de dietas, identificación de plantas de personal y
asesores, viajes y viáticos, entre otros, no son pasibles de debate, y caen
bajo el manto de un secretismo acordado por una unanimidad, que no diferencia
entre izquierdas, derechas, neoliberalismos, neopopulismos; retazos
justicialistas o retazos radicales. La responsabilidad de brindar a la
ciudadanía información, queda una vez más a cargo del periodismo. Recientemente, La Nación creó la plataforma
digital “Votaciones”, para monitorear como votan nuestros legisladores, además
de identificar sus proyectos, asistencia y posturas en las discusiones
parlamentarias.
Como en el resto de las plantas estatales
de personal, la del poder legislativo tuvo crecimientos desmesurados e
injustificados, plagados de nepotismos y amiguismos, con la obvia complicidad
gremial. No es un dato irrelevante. Transparenta que la obligación legislativa de responder con
profesionalidad al interés general ciudadano, se degrada con una práctica de
transacciones donde prima la prebenda personal o sectorial. Las calidades
intelectuales y tiempos dedicados a la función, no son condiciones exigibles. Cuando
concurren a programas políticos en medios de comunicación, en lugar de ilustrar
al ciudadano sobre su desempeño, los legisladores ejercitan el relajado
ejercicio de la opinión sobre cualquier tema. Adjudicar al parlamento el mote
de “escribanía”, brindaba cobertura a los oficialistas que aprobaban leyes sin conocerlas
en profundidad, y a los opositores que las criticaban con similar desconocimiento.
Por ello no debiera sorprender el abusivo uso político de consignas vacías de
contenido para justificar posicionamientos, al estilo “Patria o buitres”. La
consigna que jamás se invoca es “Patria o corrupción”.
La etapa “escribanía”, por decisión
del voto popular, se terminó. Sin embargo, dicho voto por sí no podrá impedir
que se mantengan prácticas de defensa de estructuras elitistas asociadas a la
corrupción, en las que los empresarios favorecidos pueden disfrazarse de
izquierdistas o populistas, mientras esforzados trabajadores en busca de un
legítimo progreso, son acusados de egoístas.
Queda clara entonces la razón por
la que la primera prueba de veracidad de la promesa de transparencia, deberá
rendirla el poder legislativo. Para ello no necesitan nuevas leyes, ni acuerdos
de mayorías. Basta con que cada legislador incorpore en su sitio de la página
web, sus dietas, personal de planta y político, motivo de viajes al exterior,
viáticos percibidos, proyectos de ley que tienen en elaboración, y sus
votaciones, sea en comisiones o en el recinto.
Es tan simple, que el primer paso puede darlo un legislador
contestatario de izquierda. Las páginas web generales, por su parte, indicarán
la planta total de personal y sus funciones, gastos operativos, y ejecuciones
presupuestarias.
A partir del cumplimiento de este
requisito de transparencia históricamente adeudado, los legisladores recuperarán
credibilidad para su trascendental labor de pensar, proponer, debatir,
justificar, aprobar e informar, legislando
para un interés común razonable y posible. La prioridad que se les adjudica para dar el puntapié
inicial en políticas de transparencia, debiera enorgullecerlos. En los tiempos
que se avecinan, y esperemos que para siempre, la actividad legislativa será
fundamental para la consolidación institucional del país, y su desarrollo
social y económico.
Buenos Aires, 16 de marzo 2016
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