La degradación permanente de las estructuras
del Estado, pareciera no tener fin en las últimas décadas. Sus consecuencias
son bajos niveles de educación y salud pública, seguridad ineficiente o
asociada al delito, justicia complaciente con la corrupción, organismos de
control cuyo objetivo es no controlar. Se oscila entre su modernización (Menem),
privatizando empresas estatales vaciadas por la corrupción, y su supuesta revalorización
(Kirchner), sobredimensionando sus estructuras para inutilizarlas. El cambio de
gobierno desnuda patologías destructivas, que alcanzaron ribetes que recuerdan
el hundimiento del Titanic. Miles de náufragos pujan por subirse con
desesperación a los botes salvavidas del empleo y/o prebenda pública. Chapotean
en el océano multimillonarios de primera clase; burócratas y familiares clase
turista con pasajes regalados por políticos y gremialistas, y pasajeros/empleados
de tercera clase, con militantes sin oficio conocido, y barras bravas
reconocidos. Obviamente, también hay polizontes, conocidos hoy como “ñoquis”. Porqué
no pudo avistarse el iceberg, que como se recordará, y vaya paradoja, estaba
ubicado a la derecha del Titanic?
Se dieron tres circunstancias simultáneas:
1) Un gobierno con una continuidad
ininterrumpida de doce años, convencido hasta la primera vuelta de octubre
pasado, que permanecería en el poder al menos cuatro años más; 2) El histórico recurso de sembrar las
administraciones públicas con el elitismo de la adhesión política, se maximizó para
disimular altos índices de desocupación mediante el empleo público; 3) Como nunca antes desde 1983, la
corrupción política no se limitó a percibir coimas de empresarios beneficiados,
sino a promover asociaciones entre funcionarios públicos con empresarios
privados, para saquear recursos públicos. Son quienes viajaron en camarotes
estatales de primera clase.
Una vez más quedó expuesta una
realidad. Las adhesiones políticas a líderes providenciales irrestrictas,
fanáticas y/o cómplices, son extremadamente costosas. Cada político, líder
social, gremialista, intelectual, periodista, legislador, juez, exigen como
contrapartida ser generosamente premiados con prebendas del Estado. Entre
otras, beneficiarse con altos cargos públicos extensivos a familiares; lucrar
con onerosos contratos públicos disfrazados de privados; convertir a líderes
sociales en empresarios de la construcción con fondos estatales; crear
organismos disparatados para legalizar dádivas, etc.
Las oleadas inorgánicas e
innecesarias de personal en la administración pública, tiene como inevitable
consecuencia la destrucción de toda interrelación, racionalidad y organicidad en
su funcionamiento, con dos consecuencias: a) restar capacidad y calidad de
servicios (ejemplo: Hospital Posadas); b) favorecer la impunidad de la
corrupción (ejemplos: la inacción de la Oficina Anticorrupción y Unidad de
Información Financiera, entre otros organismos, pese al crecimiento de sus
plantas de personal, con amigos y parientes).
En esta destructiva trama, son
actores imprescindibles los dirigentes gremiales estatales. Vociferan sin pudor
que todo intento de evitar y/o corregir que la sociedad subvencione estos
excesos, es “achicar el Estado”. Como en política no existe la ingenuidad, la frase
no es producto del desconocimiento, sino del cinismo. Participan de los
ingresos selectivos de personal; nunca detectan corruptelas, salvo para
presionar a funcionarios; desconocen que los empleados deben seguir forzosamente
la cadena formal de aprobación de expedientes escandalosos, como el del Plan
Qunita, bajo amenaza de ser apartados de sus cargos, cuando no echados; ignoran
quien atentó contra el resonador del hospital Posadas; no saben quienes retiraron cajas con documentación de organismos
públicos en días feriados; no se enteran que se firman contratos de compra y/o servicios
con personas físicas o jurídicas inexistentes. Obviamente, desconocen que
tienen afiliados que trabajan eficazmente, y otros que cobran sin trabajar. Eso
sí; saben que unos y otros aportan al gremio.
El gran desafío de los De
Gennaro, Micheli, Di Próspero, Andrés Rodríguez, Godoy, entre otros defensores
de “agrandar el Estado”, es decidir si defenderán el nivel salarial, formación
laboral y calidad de los ámbitos de trabajo, de los miles de empleados públicos
que dignifican sus tareas y desean ser reconocidos. O como hasta ahora, los
sepultarán en el amontonamiento grisáceo de la injusticia, ineficacia, mediocridad
y ocio, cuando no de la amenaza
patoteril.
Buenos Aires, 02 de marzo 2016
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