CORRUPCIÓN: COMO DISFRAZARSE DE BUENO

Destacábamos en reflexiones anteriores que ante un cambio de gobierno, más aún si son de distinto signo político, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sufren un cuadro febril de transparencia. Nada grave, porque la mayoría de los afectados lo atravesaron anteriormente, y  crearon anticuerpos que les permite una rápida curación y olvido de promesas. Se repetirá este cuadro clínico-político, o el bacilo “transparencia” adquirió una impensada resistencia a los antibióticos del engaño?

Visto los férreos y persistentes antecedentes de impunidad, los ciudadanos deberán afinar su capacidad de análisis, para afrontar las clásicas estrategias comunicacionales de ocultamiento y confusión a los que serán sometidos. Pueden ejemplificarse en una conocida metáfora popular: cómo disimular la presencia de un elefante en un bazar?. Metiendo más elefantes. Esta ironía responde a una de las reglas básicas de la propaganda política, llamada contrapropaganda. Consiste en desprestigiar, o al menos poner bajo un manto de duda, la información que nos es perjudicial. Para ello, políticos, periodistas e integrantes de la justicia involucrados en la estrategia, utilizan conceptos u opiniones aparentemente claras e indiscutibles, pero que son contradictorias o falsas, para que juzguemos basados en lo emocional, y no en lo racional. Para eludir esta trampa, deberemos partir de la hipótesis que las versiones y/o denuncias, y los intentos de deslegitimarlas, responden a intereses particulares no explicitados. En tal sentido, nuestro primer paso debiera ser el de intentar establecer quiénes y porqué introdujeron otros elefantes en el bazar, a fin de proteger a determinado elefante. Llenar este casillero, nos permitirá luego formularnos interrogantes que en el barullo de las opiniones encontradas, nadie se plantea, o nadie responde.  

Estos principios comunicacionales destinados a confundir y lograr impunidad, debemos insertarlos en nuestro contexto nacional. El esquema tradicional de corrupción estatal-privada, consiste en que empresarios favorecidos paguen coimas a funcionarios facilitadores. El acto corrupto genera dos consecuencias adicionales: un sobrecosto inicial en la prestación contratada (ningún empresario paga coimas de su bolsillo), y habitualmente, una posterior disminución en la calidad de dicha prestación, para incrementar los beneficios espúreos. Este esquema es el causante de la actual crisis de corrupción en Brasil, por coimas de Petrobras.  

En nuestro país, la usual transacción de “coimas” o “retornos”, se perfeccionó con la conformación de relaciones societarias entre funcionarios y empresarios, para explotar negocios públicos multimillonarios a costa del Estado. Su mecánica exige la participación de testaferros, manejos de dinero fuera del circuito bancario, cuentas en paraísos fiscales, constitución de empresas con información falsa. Obviamente necesitan una extendida cobertura institucional, para que los saqueos tengan un carácter de “legalidad”. Como mínimo, deben contar con una enorme complicidad de la AFIP, la Unidad de Información Financiera e Inspección de Personas Jurídicas. No se menciona a la Oficina Anticorrupción, porque desde hace años se transformó en un club social. En los casos de denuncias públicas  fundamentadas, los saqueadores cuentan con la manifiesta indolencia, cuando no manifiesta complicidad, de la justicia federal.

Esta realidad explica los acelerados cambios societarios actuales y los que se avecinan, en los que vendedores y compradores serán parte del mismo juego, consistente en generar vaciamientos, eludir responsabilidades judiciales, y fundamentalmente, mantener a resguardo patrimonios personales. Los trabajadores afectados no fueron en estos casos beneficiarios del usufructo político de cargos públicos, sino aportaron de buena fe sus conocimientos y aptitudes, en emprendimientos supuestamente privados.

En la próxima reflexión, trasladaremos esta descripción de carácter general a ejemplos actuales y con nombres propios. Pero ante el espíritu “caza buitres” que nos embarga, es oportuno concluir con una pregunta: se sabe el destino del 24% de las acciones de YPF, adquiridas con utilidades y no con aportes propios, por los empresarios nacionales Enrique y Sebastián Esquenazi?. Esperemos que no las hayan vendido a Paul Singer o a “buitres” similares …..

Buenos Aires, 23 de marzo 2016