En nuestro país, los cambios de
gobierno de distinto signo político, más que tránsitos democráticos con
saludables alternancias, parecieran constituirse en verdaderos hitos
fundacionales. A esta altura de los acontecimientos, no queda clara la razón de
festejar el próximo 09 de julio el bicentenario de la independencia, si pareciera
que aún estamos en plena lucha para obtenerla. Tan solo hace dos años, por
ejemplo, conseguimos acabar con la amenazadora presencia de Cristóbal Colón, ubicado
nada más ni nada menos que a espaldas de Casa de Gobierno. Aún nuestra historia
reciente, se rearma como si fuera un rompecabezas para niños. En el congreso
del Partido Justicialista, el diputado “Chino” Navarro señaló que el triunfo de
Macri significó que por primera vez, la derecha alcanzaba el gobierno mediante
el voto democrático. Sin rubor, identificó a los gobiernos de Juan Domingo
Perón y Carlos Menem como de izquierda. Desenmascaró una vez más la “historia
oficial”, como la denominan los que la manipulan. Los echados por Perón de
Plaza de Mayo en 1974, en realidad eran recalcitrantes de derecha.
Estas ironías deben alertarnos respecto
a que, más allá de buenas intenciones, el actual gobierno tendrá enormes
dificultades para desarmar una matriz institucional que se mantiene
indestructible desde hace más de 25 años. Los sustratos políticos, gremiales,
empresariales y judiciales, no solo son los mismos, sino que se degradan a
través del tiempo por acumulación de complicidades. Todo intento de cambio de
matriz, será de inmediato bastardeado por privilegiados acostumbrados a vivir
al calor del poder. Se utilizarán frases altisonantes, superficiales, cínicas o
de ocultamiento. Nunca se explicitarán las verdaderas intenciones. Se apelará
una vez más, a la estrategia planteada por el personaje aristócrata de la
novela “El Gatopardo”, de Giuseppe di Lampedusa, con motivo del desembarco de
Garibaldi en Sicilia, en 1860: “Si
queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.
Los intentos pasados para
instrumentar leyes anticorrupción eficaces, transparencia administrativa y
acceso a la información pública, fueron trabados, diluidos o incumplidos, por
una representación política plagada de “aristócratas”, con permanencias
hereditarias y nepotismos descontrolados. Por ello, nuestro primer desafío será
eludir la táctica discursiva de la confusión, que mezcla lo importante con lo
banal, y lo verdadero con lo falso. Los mensajes breves intentarán que lo
emocional predomine sobre lo racional, al estilo de “Patria o buitres”. Es imprescindible instalar la desactivación
de la corrupción planificada, y efectivizar su castigo. Llevar este objetivo
al campo de lo concreto, implicará interrelacionar fuertemente los instrumentos
legales con la estructura administrativa institucional de gobierno. Esta
prioridad no relega temas fundamentales como educación, salud, seguridad,
justicia, sino por el contrario, transparenta que el fracaso del Estado en sus responsabilidades
indelegables, está directamente ligado a la corrupción, muchas veces oculta
tras la excusa de “mala praxis”. De ahí la necesidad de encarar una profunda
readecuación de todas las estructuras burocráticas estatales, que abarquen a
los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En la tarea,
sería recomendable la participación de instituciones como Poder Ciudadano,
CIPPEC y ACIJargentina, entre otras, para elaborar propuestas coordinadas, y realizar
un minucioso seguimiento de la actividad legislativa, que evite fracasos
anteriores.
Hoy asistimos a un debate
superficial y falaz, también reiterado, respecto a las plantas estatales
nacionales, provinciales y municipales, basado exclusivamente en cantidades, no
en calidades. Jamás se informa sobre cumplimientos de normas de ingreso a la
administración pública, perfiles requeridos, personal necesario, cumplimiento
del principio igual trabajo igual remuneración, y la eficacia de los servicios que
se brindan a los ciudadanos, que sostienen con sus impuestos las plantas estatales.
Este debate se elude, porque se asume que en todos los aspectos planteados, se
vulneran los principios de igualdad de oportunidades y equidad. Esto también es
corrupción.
En la próxima reflexión
incursionaremos en el ámbito que mayor responsabilidad tendrá para democratizar,
jerarquizar y modernizar el funcionamiento del Estado. Sus integrantes no
necesitan hoy nuevas leyes para ser transparentes, y sin embargo no lo son. Nos
referimos al Poder Legislativo.
Buenos Aires, 09 de marzo 2016
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