EL TRABAJO COMO TAPADERA

El término corrupción, genéricamente significa degradación, putrefacción. Llevado al ámbito de la corrupción política nacional, hemos tomado como base de análisis los últimos veinte años, por dos razones: 1) en dicho período actuaron gobiernos con políticas supuestamente divergentes, que no superaron las crisis económico-sociales cíclicas; 2) sus principales actores, sean políticos, empresarios, gremialistas o judiciales, mantienen vigencia en la actualidad. En este contexto, que incluye la desaparición del justicialismo y el radicalismo como expresiones de representación política unívocas, los supuestos debates ideológicos, sean utópicos o encubridores, nos recuerdan la ironía de Groucho Marx: “Estos son mis principios; si no les gusta, tengo otros”. O bien una ironía de Jorge Asís: “Con el apoyo de la izquierda, se roba más fácil”.

Las experiencias vividas deberían servirnos para que, en plena “epidemia de transparencia”, no caigamos en las repetidas trampas escenográficas, consistentes en ofrecer algunos becerros en el altar de los sacrificios, para que la trama de corrupción e impunidad continúe. “Cristina presa” pareciera ser un recurso de distracción, que con éxito se aplicara con Menem. En la corrupción estatal, las cúpulas ofrecen el espejo que la refleja. Pero las pruebas están en las bases, y para confesar, los partícipes secundarios no necesitan una ley del arrepentido. En nuestra reflexión del pasado 10 de noviembre, previo a la segunda vuelta electoral, señalábamos respecto al clientelismo del Estado: “Suelen quedar fuera del debate dos tipos de clientelismos nefastos, que incrementan notoriamente el nivel de pobreza: 1) el nepotismo para cubrir cargos públicos y crear organismos; 2) la asociación prebendaría de funcionarios con grupos empresarios, que deriva en corrupción”.  

El valorable principio de “crear o defender fuentes de trabajo”, sean estatales o privadas, fue bastardeado para usar a los trabajadores como “pantallas o tapaderas” de la corrupción estatal-privada. En los organismos del Estado, especialmente en los de control, se licuó su operatividad saturando las cadenas de responsabilidad, y sometiendo a los empleados honestos y trabajadores a la presión de “comisarios encubridores”. En el caso de empresas privadas solventadas con recursos públicos, el engaño fue más grave: los trabajadores se incorporaban según sus habilidades específicas, no por sus militancias, y fueron estafados. En este esquema nefasto, el gremialismo tuvo una enorme responsabilidad, de la que no puede desentenderse. Cada gremio conoce acabadamente la situación de los organismos y empresas que representan.  Participaron  junto con la clase política, en el sembrado de ingresos sin concursos públicos basados en méritos, quitando a la ciudadanía el derecho de igualdad de oportunidades. Participaron de la práctica de rancios nepotismos (ingresos masivos de familiares) y amiguismos. Fueron partícipes necesarios de una cadena estatal de complicidades, protecciones, impunidades, pero también de miedo e indefensión, para que las tramitaciones burocráticas espúreas cumplieran con un principio del liberalismo económico del siglo XIX: “Dejar hacer; dejar pasar”.

Según datos oficiales incluidos en los presupuestos anuales, el empleo público nacional (ejecutivo, legislativo y judicial), contaba en el año 2003 con 241.000 agentes, alcanzando en el 2015 el número de 389.835 agentes. De este total, el 42% es contratado, sin que los gremios se quejaran, pese a que hoy lo llaman trabajo precarizado. Pero como los números por sí no definen calidades, cabe preguntarse: el incremento de empleados sirvió para el mejoramiento de los servicios de salud, educación, seguridad, justicia, formulación de leyes, actuación de los organismos de control?  Se jerarquizaron las funciones de médicos, enfermeras, educadores, policías entrenados y cuidados?. Por ejemplo, nadie aclara si dentro de los 644 cesanteados en el Hospital Posadas, de Morón, hay médicos, enfermeras diplomadas, o personal de mantenimiento (albañiles, electricistas, pintores).

Ante esta matriz que explica las asombrosas facilidades que brinda nuestro país  para promover y/o encubrir delitos económicos desde el Estado, sorprende la repercusión del caso conocido como “Panama Papers”. Para aquéllos empresarios y funcionarios desinformados, en la próxima reflexión hablaremos de los beneficios de los  “Argentine Papers”.

Buenos Aires, 13 de abril 2016