La trama de impunidad vigente
desde hace dos décadas, más allá del fuerte reclamo ciudadano, no será fácil
desmontarla. Si hubiera triunfado la continuidad democrática representada por Scioli,
obviamente jueces y fiscales continuarían inactivos, no existirían videos
comprometedores, ni José López hubiera requerido el auxilio espiritual de la
hermana Alba. Para profundizar esta hipótesis, el primer paso será eludir
pistas falsas a través de la “grieta”, cuyo fin es evitar que la ciudadanía
razone por si misma, y compre mensajes y hechos políticos, enlatados bajo las
etiquetas “período Kirchner” o “período Macri”.
La grieta no es una creación
argentina; responde a la teoría “amigo/enemigo” del filósofo del nazismo Carl
Schmidt, fundada en que la acción política necesita producir mitos que
comprometan a los individuos. Por ejemplo, Patria o buitres; liberación o
dependencia; neoliberalismo o populismo. En principio, ambos gobiernos tienen
diferencias temporales. El matrimonio Kirchner ejerció el gobierno ininterrumpidamente
entre el 2003 y 2015. Macri en los últimos ocho meses. Kirchner debe rendir
cuentas de lo actuado en el pasado. Macri lo realizado en el presente, con
vista al futuro. En ambos casos, en su debida proporción, en un sistema
constitucional las responsabilidades alcanzan a todos los ámbitos de
representación. En especial, al que reúne todo el espectro político-partidario:
el poder legislativo. Surge aquí la primera sospecha. La morosidad para avanzar
en la aprobación de leyes anticorrupción concretas es preocupante, pero no tan sorprendente.
Paralelamente, jueces y fiscales
van retomando sus ritmos relajados, confiando que el paso del tiempo irá
aplacando el reclamo social de acabar con la corrupción estatal-privada. En
esta etapa de transición, el interés mediático es mantenido a través de declaraciones
o trascendidos de detenidos, sospechosos o familiares, que oscilan entre lo
irrelevante, místico o críptico. La ex presidente Kirchner y la emblemática
Hebe de Bonafini se suman de buen grado al espectáculo, solicitando resistir el
embate de jueces que tardíamente pretenden investigar el destino de
multimillonarios recursos sustraídos al Estado. Bonafini, demócrata sin par, se
permitió una vez más insultar a un juez. Es el prestigio que la Justicia se
supo ganar.
Sectores empresariales involucrados
en la cadena de complicidad, realizan su aporte a través del ámbito legislativo,
actuando como lobistas para evitar la sanción de leyes anticorrupción que los
amenace, o ejerciendo presión y/o inducción a través de medios de medios de
comunicación. En el Canal C5N, respondiendo al objetivo de su dueño acosado por
investigaciones de evasión fiscal, los periodistas Navarro y Silvestre apelan a
la presión, tratando de involucrar a Macri en actos corruptos, sean valederos o
ficticios. Nadie duda que un “acuerdo patriótico” entre Macri y Cristóbal
López, modificaría la línea editorial del canal. Y como ya pasara entre Víctor
Hugo Morales y Néstor Kirchner, no sorprendería que Navarro se confesara macrista.
Analicemos ahora dos medios
críticos del kirchnerismo: Clarín y La Nación. El primero, ante la manifiesta
indolencia del senado para aprobar la ley del arrepentido, optó por la
inducción. Dejó trascender comentarios altamente descalificatorios respecto de
la solidez jurídica de lo aprobado por diputados.”Off de record”, menciona a
Gil Lavedra y Arlasnián. La Nación por el contrario, destaca claramente la
escasa voluntad política para aprobar leyes anticorrupción transformadoras. La
estrategia dilatoria en el Senado queda expuesta con solo formularnos dos
preguntas: 1) Los asesores jurídicos de los bloques políticos de diputados y
senadores son distintos, o bien no intercambian información entre sí? 2) Conocen los legisladores, por ejemplo, las
leyes del arrepentido aplicadas con éxito en Brasil y Estados Unidos?
La última declaración título de
página la aportó José López: “El dinero de los bolsos proviene de la política”.
Vaya novedad. El dinero público se relaciona con la política; y quienes asumen
la responsabilidad de administrarlo lo hacen a través de la política. La
justicia federal no está ante un juicio entre Microsoft y Google por pelea de
patentes, sino ante la obligación de diferenciar entre funcionarios y
empresarios probos o corruptos.
Buenos Aires, 17 de agosto de
2016
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