A nivel mundial, los medios de
comunicación han sido pilares fundamentales para la detección de casos de
corrupción estatal-privada, y su difusión pública. En especial los radiales y televisivos,
que llegan a franjas socio-culturales que, o bien carecen de formación adecuada,
o de posibilidades de obtener información más amplia y compleja. Esta
posibilidad brindada por la libertad de prensa, permite que la sociedad en su
conjunto conozca comportamientos políticos e institucionales, sea en la defensa
o depredación de los recursos del Estado. Pero también obliga a que los
corruptos deban resignar el habitual “secretismo” del negociado, y deban
proteger sus impunidades en el ámbito público. Apelan entonces a la estrategia
de oponer desinformación a la información; falsedades a las verdades;
periodismo mercenario al de investigación.
La consecuente diversidad de
mensajes, nos plantea un desafío para formar nuestra propia opinión: razonar
como sujetos críticos, en lugar de receptores pasivos. Una forma entretenida
pero no menos útil de lograrlo, es analizar el desarrollo de los hechos a modo de
una novela policial. Este rol detectivesco nos hará sospechar de las
expectativas que despiertan posibles arrepentimientos de detenidos o de sus
familiares. La primera contradicción, es
que el arrepentimiento exige la admisión previa de culpabilidad, lo que hasta
el momento no sucedió. Peor aún, lo que suponíamos una línea investigativa
más simple, por pertenecer los funcionarios públicos involucrados a un
escalafón de responsabilidades preestablecido, quedó desvirtuado. En sus
primeras declaraciones, el funcionario de mayor jerarquía delegó
responsabilidades en su segundo, éste en quien le sigue, y así sucesivamente. Esta
estrategia trastoca inclusive el clásico formato novelístico policial, donde el
asesino es quien menos sospechas despierta. En una época solía ser el
mayordomo. Pero a este acelerado ritmo de delegación de culpas, los mayordomos
del escalafón administrativo ya deberían poner barbas en remojo.
Para mantener cierto
entretenimiento mediático, las invocaciones de inocencia son matizadas con
aspectos más domésticos, como crisis matrimoniales de los detenidos, José López
bailando desnudo en su celda, o el narcotraficante Pérez Corradi y su abogado,
contando versiones escuchadas en el café del barrio. Los detenidos a su vez, a
través de reportajes formulan declaraciones crípticas con veladas amenazas a sus
socios aún en libertad, o apelan a misticismos para que “se investigue hacia
arriba”. La hermana Alba por su parte, es consultada para que profetice si
jueces y fiscales diluirán nuevamente las causas con el paso del tiempo. Pero lo más importante ingresó en un cono de
silencio: saber si la justicia está acumulando los elementos probatorios de
carácter financiero, societario, de titularidad, administrativos y
complicidades existentes, solo ante los
cuales sería posible que parte de los saqueadores estatales y privados negocien
su arrepentimiento, que no será precisamente de carácter religioso.
La figura del arrepentido, casi
desconocida hasta el presente año, ejemplifica lo difícil que será destruir la
trama de complicidad. Esta ley es de aplicación en los países más desarrollados
desde hace años. En Italia, para su combate contra la mafia; en Estados Unidos,
se utilidad se demostró en el escándalo de la FIFA, que tiene a un empresario
argentino detenido; en Brasil, en el caso de corrupción de Petrobrás, con
políticos, legisladores y empresarios condenados.
En nuestro país, solo la
exhibición obscena de millones de dólares robados al Estado, motivó que con
escaso entusiasmo se planteara legislar leyes anticorrupción esenciales, entre
ellas la del arrepentido. Se estaba en este incipiente debate, cuando al fiscal
Raúl Pleé se le ocurrió publicar el 30 de marzo pasado en el diario La Nación,
un artículo titulado “La ley del arrepentido está vigente”, e incluía el lavado
de activos. Leonardo Fariña leyó el artículo, y días más tarde se arrepintió,
con los resultados conocidos. Sin embargo, el poder legislativo continúa en
mora respecto a legislar leyes contra la corrupción, lo que nos recuerda la sentencia
de Solón: “Las leyes son como las
telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.
Buenos Aires, 10 de agosto de
2016
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