La repercusión que generó el
habitual acuerdo político para incrementar dietas y rubros complementarios no
remunerativos de legisladores, brinda un buen punto de partida para reflexionar
sobre el Estado que tenemos, y el que necesitaríamos. Aristóteles, cuya
filosofía se basaba en el mundo sensible de los objetos, hace 2.500 años
definía al Estado como una asociación política para “administrar a las familias
que lo integran”. Maquiavelo, hace poco más de 500 años sentó las bases de los
Estados modernos, y describió como nadie la naturaleza humana en la búsqueda
del poder. La historia solo modifica lenguajes, costumbres y ropajes, no
condiciones humanas intrínsecas.
En nuestro país, con malicia o
desconocimiento, se intenta acotar el debate sobre el rol del Estado a la
opción casi infantil de ”grande” (populismo), o “chico” (neoliberalismo). El
siguiente desafío cercano a la estupidez, intenta plantearnos un dilema: que al
gobierno lleguen funcionarios ya ricos (los gerentes), o que se hagan ricos
mientras gobiernan (roban pero hacen). Es momento de realizar un diagnóstico
basado en realidades que identifiquen los enormes vicios estructurales de
nuestro Estado, que ha fracasado en cumplir con sus obligaciones irrenunciables,
y ha sido partícipe necesario de la corrupción y su impunidad. En la pasada
década del 30, el arquitecto Mies van der Rohe pronunció una recordada frase:
“Menos es más”. Sintetizaba el tránsito entre un estilo clásico monumental y
cargado de elementos decorativos, a otro basado en la racionalidad constructiva
y funcionalidad para los usuarios. Cabe preguntarnos: cuánto de superfluo y cuánto
de racional tiene nuestro Estado?
El particular impacto que causaron
los incrementos legislativos, informados a la sociedad por el periodismo, se
debió a dos circunstancias: la asunción de un gobierno de signo distinto al
anterior, y la pérdida del cercano y cómodo paraguas de las mayorías
automáticas kirchneristas. Esto último
obliga a que hoy cada bloque político tenga participación real, y deba ser claro
en sus posturas. Por el contrario, las justificaciones del incremento de
adicionales oscilaron entre el oportunismo y la tragicomedia. Entre tanta
bruma, la excepción fue el diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola, quien
formuló una propuesta concreta: que la dieta del legislador equivalga a cuatro
salarios mínimos. Más allá de discutir la base de referencia y montos
resultantes, Pitrola hace centro en una realidad que ayuda a entender la
abstracción Estado: en las instituciones que lo conforman, todo debiera ser interdependiente,
evitando discrecionalidades o supuestas autarquías financieras basadas en los
recursos públicos. Menos aún se pueden justificar inequidades bajo pretendidas
moralinas, tales como que funcionarios,
legisladores o jueces deben ganar muy bien, para que evitar que se vean
tentados a robar. Expectativa que en Argentina al menos, fracasó rotundamente.
Pitrola evitó caer en banales
justificaciones, y propuso un parámetro definido y razonable: máximo salario de legisladores
(recursos públicos), equivale a tantos salarios mínimos (los fija el poder
público). Su postura también responde a indicadores internacionales, uno de los
cuales establece la relación entre los ingresos máximos y mínimos, con los
niveles de desarrollo. A más diferencia, más pobreza. Como en este caso nos
referimos únicamente a salarios públicos, se supone que las políticas deben
fundarse en principios de equidad salarial (a igual trabajo igual
remuneración), e igualdad de oportunidades de acceso a la administración
pública.
Tema de tal complejidad no se
dilucidará con breves comentarios. Por ello el análisis podría encarase a la
manera de un juego llamado “armar un Estado eficaz”. Como todo juego, habrá
reglas (leyes y conceptos); tablero (instituciones), y fichas (perfiles de los
participantes / funcionarios / empleados). Para iniciar este juego en la
próxima opinión, Pitrola nos brinda un buen punto de partida.
Buenos Aires, 09 de noviembre de
2016
No hay comentarios:
Publicar un comentario