Sea por desconocimiento o para
desinformar, se plantea la estructura del Estado no desde el punto de la
eficacia para cumplir con su rol, sino como una simple cuestión de tamaño. Para
teñir al debate con un pretendido barniz ideológico, Estado grande se lo
identifica con “populismo”, y chico con “neoliberalismo”. Como en política no
existe la ingenuidad, estas posturas ideológicas aparentemente contrapuestas, eluden
debatir lo que le interesa a la sociedad: lograr un Estado eficaz y honesto.
Esta realidad no solo explica el enorme retroceso económico-social en las
últimas décadas, sino la permanencia de la misma clase dirigente durante este
período. Permite comprender también, la actual lucha legislativa para impedir
reformas electorales de fondo, e implementación de leyes contra la corrupción,
como la del arrepentido o extinción de dominio. La corrupción político-privada
que saqueó las arcas estatales, ha sido posible por la confluencia de dos tipos
de responsabilidad: la penal, en los casos de participación activa en los
delitos, y la moral, por quienes por complicidad pasiva, facilitan impunidades
a través de prebendas, como cargos públicos o participación en listas
legislativas.
El que “se vayan todos” en el 2001-2002,
no solo fue una expresión de cólera colectiva sin consecuencias. Provocó la
disolución, ya esbozada en 1999, del radicalismo y justicialismo como expresiones
partidarias unívocas y excluyentes. Ya no existe peronismo o radicalismo a
secas. La ausencia de estas caparazones desnudó el oportunismo de muchos viejos
dirigentes que se niegan a renunciar al dulce néctar de los recursos públicos. Sus
escasas virtudes personales, intentan disimularlas pregonando que siguen el
legado de Yrigoyen, Perón o Alfonsín, según convenga, sabiendo que ninguno de
ellos podrá defenderse de tamaño usufructo. En este contexto, la última
elección deparó una enorme sorpresa. Una vez más la población se hartó, y el
justicialismo perdió las elecciones. Inclusive en la provincia de Buenos Aires,
que gobernó ininterrumpidamente durante 25 años, que es el tiempo que
corresponde a una generación.
Esa votación, que no permitió el
predominio de mayorías absolutas, brinda una nueva oportunidad a las clases políticas
y dirigentes en general, para que demuestren capacidad para evitar que Argentina siga deslizándose por el
tobogán de la corrupción, mediocridad y pobreza. Cabe preguntarse: con qué
instrumentos lograr este objetivo tan atractivo desde lo discursivo, pero
reiteradamente escamoteado a los argentinos? La respuesta es unívoca en
cualquier país: a través del Estado.
Estado es un concepto político adjudicado
a Maquiavelo, en su búsqueda de adecuar las instituciones ante las profundas
transformaciones político-religiosas de siglo XV. Define una forma de
organización política, social y económica, lograda a través de instituciones
destinadas a legislar, ejecutar e impartir justicia. Como todo análisis se debe
sustentar en elementos concretos, evaluando necesidades, configuraciones y
eficacia en los resultados, caracterizar virtudes o defectos según sea “grande”
o “chico”, es falaz y engañoso. Lo correcto es debatir entre “eficaz” o
“ineficaz”, según objetivos pretendidos. Acá comienza el verdadero debate, pero
por el absurdo; en principio, nadie se declararía partidario de un Estado
“ineficaz”. Cabe preguntarse entonces, puede
medirse su eficacia según sea grande o chico? En ese caso, podría suceder que
un sector del Estado sea “grande” e ineficaz, y otro “chico” y eficaz, como consecuencia precisamente de su tamaño? Estas
simples preguntas nunca se formulan, y por ello, nunca se responden.
Una hipótesis de trabajo para
comenzar el análisis, podría apoyarse en una reconocida frase pronunciada en la
década del 30, no por un politólogo, sino por
Mies van der Rohe, pilar del movimiento de la arquitectura moderna:
“Menos es más”. Será aplicable a las estructuras administrativas?
Buenos Aires, 01 de noviembre de
2016
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