En el tema corrupción, son los legisladores
varones quienes deberán pelear por la igualdad de género. Mujeres como Carrió,
Stolbizer y Ocaña, han mantenido casi en soledad y muchas veces agraviadas, una
conducta consecuente en la denuncia contra la corrupción sistémica que saqueó
recursos del Estado durante las últimas dos décadas. Este período no es
caprichoso. En él participaron la mayoría de los actores políticos,
empresariales, gremiales y judiciales, que mantienen vigencia en la actualidad.
Ocaña se destaca por haber conocido la corrupción desde las entrañas de la
administración, como integrante del gobierno del matrimonio Kirchner. Fue
directora del Pami en el período 2004-2007, y Ministra de Salud entre los años
2007-2009, denunciando la mafia de los medicamentos. Poseen otro perfil común,
que se potencia en épocas preelectorales de armado de listas: ejercieron la
política activamente en las últimas décadas. Esta condición las diferencia de
excelentes periodistas de investigación como Hugo Alconada Mon y Daniel
Santoro, entre otros, cuyos precisos trabajos y publicaciones, transparentaron
la indolencia cuando no complicidad de fiscales y jueces.
En este contexto, cabe analizar recientes
afirmaciones de la diputada Stolbizer. Fue aceptada como “amicus curiae” (amiga
del tribunal), para actuar sin ser parte del pleito, en dos causas sensibles
para la ex presidente Cristina Kirchner, y su entorno familiar y empresario. La
abierta contra Lázaro Báez como contratista del Estado, a cargo del juez
Casanello y el fiscal Marijuán, y Hotesur, a cargo del juez Julián Ercolini y
el fiscal Pollicita, relacionada con emprendimientos inmobiliarios propiedad de
la ex presidente. En ambos causas, se
sospecha asociación ilícita y lavado de dinero público. Ante dilaciones en el
avance de las investigaciones, Stolbizer denunció una supuesta intervención del
gobierno para evitar que “Cristina vaya presa” hasta las próximas elecciones, con
el fin de dividir a la oposición justicialista. Una vez más, se cayó en la
tentación de mezclar justicia con política, en consonancia con la estrategia de
los saqueadores del Estado, que pretenden confundir persecución de la
delincuencia, con el híbrido concepto de persecución política.
Sin embargo, en el 2015 el voto
ciudadano determinó que el nuevo gobierno no tuviera mayoría en ninguna de las
dos Cámaras, abatiendo la excusa de mayoría automática que se adjudicaba al
gobierno justicialista-kirchnerista, que recordemos, se lograba con el aporte
de circunstanciales y prebendarios “aliados”. Ello obliga a una saludable y
explícita responsabilidad política de consenso para abatir la corrupción. Tarea
nada fácil, pues corruptos visibles o encubiertos, emplearán todas las tácticas
de dilación, simulación y coacción posibles. La distancia entre el discurso y
la realidad, puede observarla Stolbizer en sus propios colegas legisladores, reacios
para aprobar las leyes del arrepentido y extinción de dominio, e impedir que
los fueros se utilicen para proteger delitos comunes.
Es más fácil pregonar indignación
clamando por “Cristina presa”, sin fecha de juicio oral y público y por pocos
meses, que aprobar cuanto antes la extinción de dominio vía civil, salvaguardando
normas constitucionales, para que el Estado recupere en plazo razonable los 9
millones de dólares de José López, los 4 millones seiscientos mil dólares de
Florencia Kirchner, y parte de los inmuebles y maquinarias de Lázaro Báez,
entre otros ejemplos. Respecto a la actuación de fiscales y jueces, el Código
Penal prevé que ante una laxitud injustificada en sus actuaciones, con o sin
intervención de operadores políticos, se los denuncie en recurso de queja ante
la Cámara Federal, por “retardo de justicia” o “actividad judicial fraudulenta”.
El ex presidente Menen estuvo corto
tiempo preso, y actualmente está condenado. Pese a todo es senador, sin que
ningún legislador haya requerido su desafuero. Es de esperar que Carrió,
Stolbizer y Ocaña, no apelen al recurrente oportunismo político de campaña, consistente
en que “mejor es decir que hacer”, y nos
defrauden.
Buenos Aires, 26 de octubre 2016
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