Rememorar el caso de los sobornos
en el Senado denunciados durante el gobierno de la Alianza, pretende que quince
años más tarde, los ciudadanos no seamos una vez más engañados por la oportunista
escenografía coral de la lucha contra la corrupción, para que nada cambie. La
enorme crisis de los años 2001-2002, origen del clamor popular “que se vayan
todos”, fue causada por muchos políticos, jueces y empresarios que tienen
vigencia hoy. No será entonces nada fácil modificar las estructuras,
procedimientos legales y normas administrativas que facilitan la corrupción. De
hecho, las leyes necesarias y prometidas no se promulgaron; los jueces
investigan lo que ellos ocultaron, y políticos encubridores disfrazados de puristas,
denuncian supuestas corrupciones de adversarios, solo para negociar el
ocultamiento de las propias. El ya emblemático José López clarificó la
patología, al adjudicar a “la política” los millones de dólares que intentó
ocultar en un convento. Parafraseando la conocida frase de Clinton, habría que responderle:
“entonces es dinero del Estado, estúpido”.
A diferencia de corrupciones
anteriores, por primera vez la sociedad pudo “ver” parcialmente (no leerla o
escucharla), la magnitud del dinero de la corrupción. Millones de dólares en
una oficina de Puerto Madero, en un convento, en una caja de seguridad de la
hija de la ex presidente, entabicados en un departamento de un financista
relacionado con funcionarios, o simples directores administrativos públicos
enriquecidos. Paradojas del discurso político “progre”: siempre dólares, nunca
pesos argentinos. 32% de pobreza y 6% de indigencia no debiera sorprender. El
saqueo impúdico de los recursos estatales lo explica claramente.
En este contexto, preocupan las
manifiestas indolencias legislativas y judiciales, a tres meses de concluir el
año 2016. Es habitual ver a muchos legisladores en medios de comunicación transformados
en panelistas opinólogos, cuando no feroces críticos, en temas sensibles como
corrupción, políticas de seguridad, complicidades judiciales, incompatibilidades
de funcionarios, entre otros. Pero jamás explicitan proyectos de ley y su
estado de avance legislativo, que ellos y/o sus bloques debieran elaborar para evitar
los vicios que denuncian. Ejemplos.
1).- Aún no han sido aprobadas
las leyes del Arrepentido y Extinción de Dominio (incautación de bienes
obtenidos en forma ilícita), de las que existe amplia jurisprudencia en países
que las aplicaron exitosamente. 2).- No se promulgaron leyes procesales penales
que eviten injustificadas excarcelaciones; agilicen los procesos evitando las
conocidas tácticas dilatorias, e incrementen sensiblemente las penas de
funcionarios por delitos de fraude contra la administración pública. 3) No se
propuso adjudicar responsabilidad penal a las personas jurídicas en caso de
corrupción contra el Estado, que hoy no la tienen. 4).-No se desactivó explícitamente
la antojadiza interpretación de que los fueros protegen a los legisladores por
la comisión de delitos comunes.
Respecto al Poder Judicial, hablar
de su colaboración con la impunidad sería redundante. Para que los jueces
abandonen sus recoletos ámbitos de actuación, más acordes a negociadores
privados que impartidores de justicia, destacamos tres aspectos:
1).- En febrero de este año, el
juez de la Corte Ricardo Lorenzetti anunció habilitar una base de datos para que los ciudadanos conozcan
tipo de causas y funcionarios involucrados, dentro de los límites legales del
debido proceso. No se cumplió. 2).- .Respondiendo a una iniciativa del Colegio de Abogados de la ciudad de
Buenos Aires y otras entidades, el Consejo de la Magistratura accedió a
realizar una auditoría sobre la justicia penal federal. No se cumplió. 3) Pese
a las prolongadas tramitaciones judiciales, en el presente año no se elevó
ningún caso de corrupción contra el Estado a juicio oral y público.
La ciudadanía decidió que en el gobierno de Macri no exista “escribanía” legislativa, por lo que transformar en leyes expresiones mediáticas contra la corrupción, es responsabilidad de todo el espectro político. El tema no debe ser patrimonio exclusivo de Carrió, Stolbizer y Ocaña. Es hora que tomen la palabra y actúen, entre otros, Pinedo, Pichetto, Rodríguez Saá, Solanas, Monzó, Di Tullio, Negri, Massa, Recalde, Caamaño, Cobos, Alfonsín, Gioja.
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