EXTINCIÓN DE DOMINIO

Dentro de las demoradas aprobaciones de las leyes globalmente conocidas como “anticorrupción”, se destaca la de Extinción de Dominio. Afecta directamente al motivo que impulsa a funcionarios malversar recursos del Estado: enriquecerse rápida e ilícitamente. Demasiadas veces, con la complicidad de empresarios, poder judicial y fuerzas de seguridad. Por la impunidad, hemos sido acostumbrados a que no existen delincuentes políticos, sino perseguidos políticos. Las consecuencias son la pobreza, y mala calidad en la prestación de servicios públicos indelegables, como educación, salud, seguridad y asistencia social.

La extinción de dominio tiene amplia jurisprudencia y probado éxito en varios países, incluidos latinoamericanos. Crea un marco legal para que el Estado pueda resarcirse en tiempo razonable de los perjuicios económicos, recuperando bienes de  origen ilícito, sin necesidad de una condena previa del o los individuos acusados. Según se redacte la ley, posibilitará además aplicar los fondos decomisados a obras esenciales, como hospitales y escuelas. Es importante legislar destinos específicos de repercusión social, y no a programas administrativos de títulos ampulosos, que terminan diluidos en la burocracia.

Aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, la ley ingresó al Senado en el mes de junio. Desde entonces, las demoras e intentos dilatorios en su tratamiento, deberían preocupar a la sociedad. El actual gobierno no tiene mayoría legislativa para imponer proyectos, lo que es positivo, porque obliga generar consensos amplios para instrumentar leyes transformadoras. Es de esperar que el declamado espíritu de consenso, no se utilice una vez más para continuar protegiendo y favoreciendo la impunidad. Para evitarlo, debemos exigir transparencia en la información del proceso legislativo, y rechazar excusas banales, como que el kirchnerismo se niega a tratar la ley. Sea en el trabajo en Comisiones y/o votación en el recinto, se debe conocer que legisladores se oponen o demoran su tratamiento, sean kirchneristas, del Pro, o cualquier otro sector político. El periodismo por su parte, podría requerir a los entusiastas legisladores habituales participantes en programas de opinión y redes sociales, con afirmaciones en general irrelevantes o subjetivas, que informen sobre sus tareas legislativas en general, y contra la corrupción en particular.

Posiblemente, por apuro proveniente de la indignación pública ante impúdicos casos de corrupción exhibidos este año, la ley aprobada en Diputados adolezca de fallas. En tal sentido, los senadores poseen medios y estructuras necesarias para perfeccionarla, recurriendo al asesoramiento de reconocidos especialistas en los campos del derecho penal, civil y constitucional, en conexión con la extinción de dominio. La ley deberá ser lo más taxativa posible, sin puntos débiles o contradictorios, para permitan capciosas interpretaciones para que las defensas de los acusados y jueces predispuestos “negocien” impunidades, planteando inconstitucionalidades. Una licuación de los efectos ejecutivos de la ley, es intentada por quienes proponen que el decomiso se realice vía penal, y no civil.

Ejemplifiquemos la importancia social de la extinción de dominio, a través de un juego de opciones. Qué es conveniente para la sociedad: darse por satisfecha con el ex Secretario de Obras Públicas José López preso, en forma preventiva y sin condena, o que los 9 millones de dólares que el funcionario adjudicara “a la política”, se decomisen cuanto antes para construir un hospital? Si la opción elegida es la segunda, sepamos que existen fuertes presiones políticas contra su aprobación inicialmente, o para diluir su eficacia, como última alternativa.

Los entretenidos espectáculos mediáticos de tramitaciones judiciales con altos funcionarios políticos implicados, nos pueden hacer pensar que existe justicia; pero los delitos solo se exhiben, no se sancionan. Excepcionalmente, se llega a un  juicio oral y público con eventuales condenas, y posteriores extensas apelaciones. Pero recuperar el dinero público mal habido, jamás.

Buenos Aires, 19 de octubre 2016