HAGAMOS EL AJUSTE

Deben existir pocas frases más desprestigiadas que la del título de la presente opinión. Sin embargo, simboliza la práctica política más ejercitada en los últimos cincuenta años. Presuponer entonces que el término “ajuste” representa a determinada ideología política es una falsedad. Los hicieron militares, peronistas y radicales, muchas veces en forma despiadada, invocando “acuerdos políticos patrióticos ante emergencias terminales”. Acuerdos que eran suscriptos por los mismos sectores políticos, gremiales y empresarios causantes de las crisis. Cómo explicar entonces esta recurrencia histórica?

En principio, clarificando el significado de “ajuste”, que no es unívoco, como plantean mediocres recitadores de eslógans, o aviesos encubridores de intereses particulares y sectoriales.  El engaño consiste en promover el término “ajuste” como una lucha entre los que “más y menos tienen”, en lugar de pujas prebendarías entre sectores, sean públicos o privados. “Ajuste” es sinónimo de arreglar, convenir, adaptar, como también de estrechar; o amenazadoramente, “ajustar cuentas”. Por ello, cuando sectores políticos y empresarios hablan de ajuste como resultado de un déficit fiscal, debieran explicitar características y sectores involucrados. O sea, deben terminar con el cinismo.

Los antecedentes de los ajustes recientes, no son buenos para los más vulnerables y clases medias. Citemos solo tres: 1) confiscación de ahorros de pequeños y medianos ahorristas con Menem (plan Bonex en 1999), y con Duhalde (plan Boden en 2002); 2) devaluación superior al 100%, con estatización parcial de deudas en dólares de grandes grupos empresarios, en 2002; 3) subsidios a los servicios públicos únicamente para la ciudad de Buenos Aires y conurbano, que igualaban a los sectores más débiles con los de más alto poder adquisitivo, durante gran parte del kirchnerismo. El resultado de los ajustes fue inevitable: alta corrupción, con empresarios y funcionarios enriquecidos, y arcas públicas empobrecidas. Ante la superficialidad de los debates sobre el ajuste  destacaremos dos conceptos: 1) el discurso público que plantea compungidamente que “con la inflación pierden los que menos tienen”, omite señalar que además “ganan los que más tienen”. 2) El economista Roberto Frenkel, especialista en el estudio de la inflación en Argentina, en un reportaje en Clarín el 19 de junio de 2016 clarificó: “Los conflictos en la Argentina no son por los pobres; son por los que más ganan”.

Con estos antecedentes, reclamar un “Pacto de la Moncloa” argentino en abstracto, sin especificar actores, objetivos y obligaciones, puede ser un desastre. Nuestra historia reciente está plagada de pactos que nos empobrecieron. Con el agravante que gran parte de los responsables, sean funcionarios, empresarios o gremialistas, mantienen plena vigencia.  No hay que remontarse mucho tiempo atrás para recordar el último acuerdo multipartidario opositor, que como pocos, exhibió el oportunismo y mediocridad política: la discusión legislativa sobre el impuesto a las ganancias el pasado mes de diciembre. Con ese motivo, la opinión que publicara el 21 de ese mes se tituló “La última cena política”, asimilando la recordada foto multipartidaria exhibida en los medios gráficos, al reconocido fresco de Leonardo Da Vinci en Milán. Expresaba un párrafo:

“El portavoz del acuerdo “en bien de los trabajadores” fue el diputado Kiciloff, quien anunció con enjundia que el mínimo no imponible de 15 mil pesos que él dejara un año antes como ministro de Economía, subiría a 45 mil pesos. El costo fiscal fue avalado entre otros por Marcos Lavagna, desoyendo el consejo de su padre Roberto, quien semanas antes había expresado su preocupación por el aumento del déficit fiscal y el endeudamiento. Gioja, presidente del PJ y fervoroso defensor de la megaminería, nada dijo de la reinstalación de impuestos a la actividad minera. Los supuestos nuevos ingresos que pagarían los que “más tienen”, no incluían al sistema judicial exento de ganancias, sino solo a los  jueces que se incorporen a futuro, lo que es inconstitucional. El declamado impuesto al juego era 15 veces menor que el previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. El indefinido concepto de “inmuebles improductivos” recaudaba solo 60 millones de pesos. Paralelamente, el Senado tiene paralizada la ley de Extinción de Dominio aprobada en Diputados…”.  La ley que permite decomisar a funcionarios y empresarios bienes provenientes de la corrupción, aún continúa sin aprobarse.

A partir de este reciente debate, en la próxima opinión imaginaremos alternativas de ajuste casi imposibles, por basarse en principios de razonabilidad y justicia.

Buenos Aires, 19 de diciembre 2017