Para seguir profundizando sobre
los alcances del concepto “ajuste”, es necesario conocer su mecánica. Todo
acuerdo político se conforma con diagnóstico, propuesta, implementación y controles
de cumplimiento. En un sistema democrático, los responsables de concretarlos
son los legítimos representantes políticos, empresariales y sindicales
involucrados. Los antecedentes de las últimas cuatro décadas tuvieron un
denominador común: fueron ruinosos para la población alejada de los círculos de
poder. Para vislumbrar en el actual contexto posibilidades de un acuerdo
“virtuoso”, es válido recordar lo actuado en la crisis 2001-2002 por dos
razones: 1) es el acuerdo/ajuste más cercano en el tiempo; 2) sus principales dirigentes
políticos, empresariales y sindicales, mantienen plena vigencia en la
actualidad. Por ello, transparentar decisiones políticas y falacias discursivas
podría evitar repeticiones. No será fácil, pero es posible.
Las campañas electorales muestran
una mediocridad y oportunismo comunicacional, del que no se salvan algunos
prestigiosos analistas políticos. Los temas en debate no difieren de los
planteados en 1989 (Alfonsín), o 1999 (Menem): déficit fiscal, presión
impositiva, endeudamiento, coparticipación Nación-provincias, dólar bajo o
alto, achicar o agrandar el Estado, costo laboral. Se incorpora como novedad,
producto de la presión social, un tema que incomoda a los políticos: la
corrupción. Al punto que la clásica invocación “todos somos honestos hasta que
no se pruebe lo contrario”, ha sido suplida por “ todos somos ladrones”. Este ejercicio
dialéctico disparatado, pareciera oscilar entre el cinismo (mentir con descaro
o defender deshonestamente lo que merece repudio), y el autismo (practicar rutinas,
comportamientos y mensajes invariablemente repetitivos). La permanencia de
dirigentes hereditarios con lastres de nepotismos, caudillismos arcaicos y aún
sólidas tramas de impunidad, paradójicamente brinda la oportunidad para que el
ciudadano en sus evaluaciones aplique un conocido eslogan comercial: “Yo te
conozco”. A futuro, es de esperar que muchos políticos “arrepentidos” legislen transformaciones
“virtuosas” en lugar de “viciosas”. Para ello, todo diagnóstico debiera considerar:
1.- Actitud negociadora.- Los
indicadores económicos a tomar como base de discusión, serán solo una referencia
matemática para lograr lo trascendente a futuro: políticas de Estado racionales
y consistentes. Los sectores involucrados no deberán reunirse para ganar o
mantener, sino para ceder.
2.- Distribución de costos.- Lo
definió el economista Roberto Frenkel: “Los conflictos en Argentina no son por
los pobres; son por los que más ganan”. El déficit fiscal o gasto público lo
generan tanto sectores públicos como privados. El Estado nacional como los
provinciales. Cuando se habla de pujas distributivas, se deberá clarificar si
se refiere a ingresos, salarios o prebendas. Estas últimas, por afectar
injustificadamente recursos públicos, deberán ser las principales afectadas por
orden de mérito, sean del sector público o privado.
3.- Derechos adquiridos.- Concepto
no válido para mantener prebendas. Su definición ahorra discusiones: “Ventaja o
beneficio que recibe arbitrariamente una persona”. Como las prebendas serán defendidas ante la
justicia bajo el disfraz de derechos, recordemos solo dos hitos que sientan
jurisprudencia al respecto: 1) la reforma constitucional de 1994 fijó plazo hasta
fin de 1996 para elaborar un nuevo sistema de coparticipación federal. Transcurridos
más de veinte años, no se cumplió. 2) En agosto del 2001 los legisladores
sancionaron una ley de “intangibilidad de los depósitos” de los ahorristas. Cinco
meses más tarde el Estado confiscó los ahorros, especialmente de pequeños y
medianos ahorristas.
4.- Invocaciones para crear o salvar
“fuentes de trabajo”.- Otro concepto que virtuoso en sí mismo, es habitualmente
usado para legitimar negociados a costa de recursos públicos, entre
funcionarios y empresarios sin capitales de riesgo propios. Solo en el rubro
periodístico cabe recordar los casos de los empresarios Szpolsky, Garfunkel,
Gvirtz, Cristóbal López y otros, que sin perjuicios personales y concluido el
maná estatal, abandonaron y/o cerraron sus medios audiovisuales, dejando un
tendal de despedidos.
En la próxima opinión hablaremos
de un tema prehistórico: el rol del Estado.
Buenos Aires, 09 de agosto 2017
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