OCA O BANELCO?

Carl von Clausewitz fue un militar, historiador y filósofo prusiano que participó en las guerras napoleónicas. El concepto más conocido de su tratado sobre la guerra, de gran influencia en la ciencia militar moderna, señalaba que “la guerra no es otra cosa que la prosecución de la política por otros medios”, y “la guerra se parece más a la política, la que a su vez puede ser considerada en parte como una especie de comercio en gran escala”. Esta interrelación entre política, guerra y comercio, esencial para entender el origen de los conflictos modernos, será útil para analizar nuestras pujas de intereses sectoriales, en los que la ética y moral solo se aplica a lo discursivo. Conflictos que exhiben además la supervivencia sorprendente de las clases dirigentes argentinas. Es el caso de la crisis de OCA asociada al renovado recuerdo de “la Banelco”.

En marzo del año 2000, tras la aprobación de la ley de reforma laboral con votos de legisladores de la Alianza y del Partido Justicialista, el sindicalista Hugo Moyano declaró que “el ministro Flamarique me dijo que para los senadores tengo la Banelco”. Poco acostumbrados a la corrupción, nuestros políticos reaccionaron con indignación. El vicepresidente Alvarez, con razones nunca explicitadas, renunció. La reforma quedó sin efecto, y el gobierno de la Alianza se desbarrancó. Dos años más tarde, el ex secretario legislativo radical Mario Pontaquarto, arrepentido, denunció haber transportado en un maletín cinco millones de pesos/dólares con destino a senadores justicialistas para que aprobaran la ley, originando el prolongado juicio conocido como “coimas en el Senado”. Tras haber declarado más de 300 testigos, entre ellos integrantes de la SIDE relevados de su obligación de confidencialidad respecto al uso de fondos reservados, se arribó al fallo del Tribunal Oral N° 3 (jueces Gordo, Pons y Ramírez), que sobreseyó a todos los acusados. Entre sus fundamentos se expresa que “la prueba producida en el debate y las demás circunstancias del proceso permitieron acreditar, sin lugar a dudas, que los hechos imputados no existieron”. En cuanto a Pontaquarto, “el presunto arrepentido se contradijo, se desdijo y corrigió sistemáticamente, con el objeto de adecuar su historia a los datos objetivos que surgían a medida que se producía la prueba….”. El fallo destacó “la parcialidad de algunos de los jueces que intervinieron en la instrucción, en particular del dr. Daniel Rafecas..”. Por último,  se hizo hincapié en la reunión que el arrepentido mantuvo previo a su denuncia, con el Jefe de Gabinete Alberto Fernández; el hijo del fallecido dirigente socialista Alfredo Bravo, llamado Daniel, y el entonces Jefe del Gobierno de la Ciudad Aníbal Ibarra. Los jueces destacaron que “quedó patentizada en el debate la mendacidad del dr. Aníbal Ibarra”, quien conjuntamente con Bravo incurrieron en “imprecisiones y vaguedades” al intentar aclarar el motivo de dicha reunión.

El cierre de la causa ejemplifica el preocupante accionar político de las últimas décadas, con independencia de la veracidad o falsedad de la denuncia. De ser veraz, la falta de pruebas aportadas por los testigos indica un abroquelamiento político para mantener impunidades. De ser falsa, se ratificaría que ciertas denuncias por corrupción son solo instrumentos de especulación política circunstancial. 

Este juego intenta repetirse en la actualidad, con demasiados personajes de la vieja Banelco vigentes. No es casual que la familia Moyano la invoque ante el acuerdo de reforma laboral, ocultando que su real preocupación pasa por negociar el salvataje de OCA y su conducción, deudora de más de 3.400 millones de pesos en impuestos y aportes a la seguridad social. Tal saqueo, el Grupo Ruho lo logró en solo cuatro años; se hizo cargo de OCA en el 2013. Las cuotas al sindicato, eso sí, están al día. Si al Grupo que encabeza Farcuh sumamos tan solo a Indalo y Lázaro Báez, se sustrajeron al Estado más de 15.000 millones de pesos en impuestos (850 millones de dólares). Tal éxito comercial se logró con funcionarios, sindicalistas y empresarios acérrimos defensores de los trabajadores.

En cuanto al rol del Estado, estos ejemplos provocan dudas preocupantes, actualmente en debate: las estructuras elefantiásicas estatales no favorecen en realidad las cadenas de impunidad y dilución de responsabilidades? Ayuda para establecer un diagnóstico preciso el actual contexto judicial en casos de corrupción. En sede judicial, los más altos funcionarios declaran inocencia y falta de responsabilidad. Surge entonces un interrogante obvio carente de sofisticación: quiénes son entonces jerárquica y penalmente responsables de los actos públicos corruptos en perjuicio del Estado? Lo analizaremos.

Buenos Aires, 06 de diciembre 2017