Un concepto aparentemente
absurdo, debería confrontarse con el inquietante desafío de reflexionar si
existen elementos que demostraran que puede ser verosímil. Diciembre es un mes
adecuado para poner foco sobre el poder legislativo, debido a circunstancias particulares
que se repiten: 1) año 2015 con cambio de gobierno, en donde el saliente pretende
condicionar al que asume, intentando aprobar en la última sesión 96 leyes a
paquete cerrado. 2) año 2016 con proximidad de un año electoral, donde el
oportunismo político prima sobre la virtud de legislar, como sucedió en el
debate sobre el impuesto a las ganancias; 3) año 2017 tras una renovación
legislativa, con viejos y/o renovados oficialismos y oposiciones buscando
nuevos realineamientos personales, como mostró el debate sobre la actualización
de las jubilaciones. Paradójicamente diciembre también es el mes en el que los
enfervorizados legisladores, fuera de cámaras y en concordancia con
gremialistas, deciden en un marco de armonía aumentar sus dietas, prebendas
anexas, y seguir incrementando la planta de personal negociando la permanencia
y/o nuevos ingresos de esposos/as; hijos/hijas; parientes de toda índole y
amigos varios. La repetida historia concluye con una nota de color: el diputado
Néstor Pitrola recorriendo los medios de comunicación para expresar su
oposición al incremento acordado, y solo verbalmente, proponer que los
legisladores ganen el equivalente a cuatro salarios mínimos.
Hace ya más de 2.4000 años,
Aristóteles señalaba que el sometimiento de los primeros Estados a reyes,
provenía del sometimiento de las familias a la autoridad del más anciano,
tratado como un rey. Las continuidades políticas se justificaban en base a derechos
divinos o sanguíneos. En la modernidad parecería anacrónico, pero hay
instrumentos para favorecer continuidades hereditarias y palaciegas: los sistemas
electorales. En nuestro país es fuertemente limitativo del poder de elección de
legisladores, con artilugios varios: listas sábana, ley de lemas; listas
espejo, fueros para delitos comunes, lo que explica la perennidad de políticos
a través de sucesivas elecciones, muchos de ellos carentes de principios e identidad
partidaria consistente en el tiempo. No se ofrecen al electorado, sino al dedo
del circunstancial armador de listas, lo que los aleja del verdadero sentido de
representar. Una legisladora por ejemplo, pudo expresar impávida que “nuestra
tarea está en la calle”. Otros legisladores se afanaron en organizar grupos facciosos que impidan el
debate público legislativo. O al momento de debatir, arrostrarse a los gritos sobre
quién es más ladrón, o quién luchó y/o colaboró en una dictadura que concluyó
hace treinta y cuatro años. Esta coptación de roles públicos por generaciones familiares
y de palacio, terminan conformando verdaderas oligarquías, como se denominan a
los grupos que gobiernan en su propio beneficio. Por ello, las sociedades siempre deben estar
alertas en cuanto a sus destinos. La historia indica que a lo largo del tiempo
varían ropajes y costumbres, pero no la naturaleza del hombre en la lucha por
el poder.
Diciembre debiera ser un mes oportuno para que los que aún llamamos “nuestros representantes”, reflexionen en cuanto a su verdadero rol en un sistema democrático. Y reserven sus histriónicas exaltaciones para legislar en base a igualdad de oportunidades para los ciudadanos comunes, en lugar de conformar círculos cerrados que implican una cuasi “privatización” de la actividad legislativa. Sumando muchos de ellos antecedentes y oportunismos personales que convierten en patéticos los discursos en defensa “de los que menos tienen”. Y que definitivamente se renuncie a la cínica práctica de los “golpes democráticos”, que asocian a violentos de extrema izquierda con multimillonarios vaciadores de los recursos del Estado.
Con las políticas demagógicas y
destructivas seguidas en las últimas décadas, hubo y seguirá habiendo
inevitablemente injusticias jubilatorias, con mayorías perjudicadas y
demasiadas minorías favorecidas. Es momento que el parlamento recupere
prestigio, y se deroguen todos los privilegios jubilatorios, que licuaron el
concepto de sustentable, solidario y de reparto. Los legisladores de la
provincia de Buenos Aires parecieran actuar en esa línea. Es verdad que habrá mucha
resistencia gremial de quienes dicen defender a “nuestros pobres viejitos”. Y posiblemente,
violentos manifestantes de saco y corbata.
Buenos Aires, 20 de diciembre 2017
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