DINERO FÁCIL; CASTIGO DIFÍCIL

La corrupción estatal es un fenómeno mundial, asentado en una paradoja: la afirmación popular “el dinero público es nuestro” es una verdad simbólica, porque para quienes lo manejan no tiene dueños. Esta realidad genera un interrogante: si en los actos de corrupción privados las pujas pueden ser controladas y castigadas por el Estado, quién controla y castiga al Estado? La respuesta se asociará con la calidad institucional y político-social de cada país. En sociedades democráticas desarrolladas existen “actos corruptos” puntuales entre intereses privados y públicos. En regímenes dictatoriales o autoritarios en países subdesarrollados, predomina un “estado de corrupción” permanente, pues es el propio Estado quien encabeza la trama de corrupción para depredar recursos públicos. En este caso la secuencia es: dinero del Estado fácil, con castigo a cargo del Estado difícil. 

Desde hace décadas nuestro país presenta tres causales interrelacionadas óptimas para la corrupción: 1) institucionales: posee un sistema democrático pero de baja calidad; 2) económicas: no califica como desarrollado o subdesarrollado, sino híbridamente en vías de desarrollo; 3) políticas: sin ser una dictadura vive en estado de corrupción. Debido a esta simultaneidad, la corrupción estatal no debe analizarse exclusivamente bajo la óptica de los aspectos delictivos. Las causales políticas se agravan en nuestro país ante peculiaridad no usual en democracias: una asombrosa subsistencia de dirigentes, debido a leyes electorales y nepotismos que permiten la continuidad de linajes familiares, como en las viejas monarquías. Citar nombres sería discrecional e injusto, pero cualquier ciudadano podría armar su propio listado de ejemplos partiendo desde 1983, pasando por los actores involucrados en la reforma constitucional de 1995 y en la crisis 2001/02. Esta perdurabilidad es imprescindible para armar sólidas tramas delictivas estatales, extendidas a organizaciones y actividades no gubernamentales, a través de la figura del “militante” que no milita, sino factura. Este fenómeno queda expuesto en la presente etapa preelectoral, con políticos históricos y bisoños pujando para integrar listas de cargos electivos, sin que partidos, viejos agravios o la corrupción sean limitantes. 

Planteado el diagnóstico, cabe preguntarse si en este contexto será posible desactivar el estado de corrupción permanente. Para lograr una respuesta se deberá eludir la trampa comunicacional de las “grietas”, recurso apropiado para influenciar en la opinión pública invocando genéricas ideologías, pero no para combatir la corrupción. Si bien los entramados estatales a gran escala nacen en las cúpulas de poder político, necesitan luego de complicidades activas y pasivas en sectores institucionales y privados. Actualmente, a diferencia de históricos casos de corrupción de alto impacto político y económico que quedaron impunes, pareciera haber surgido hechos cuyas características peculiares abren una posibilidad de éxito en el combate contra la corrupción estatal-privada, con la siguiente cronología: 

Marzo de 2016.- Canal 13 exhibe videos de una cámara de seguridad que muestran a los hijos de Báez contando millones de dólares en el 2012, en oficinas de una financiera en Puerto Madero. 

Junio de 2016.- En la madrugada es detenido el ex secretario de Obras Públicas José López, intentando ocultar bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Casi de inmediato, Diputados aprobó el proyecto de ley de Extinción de Dominio, y la trasladó al Senado. 

Julio de 2016.- Por orden del juez Ercolini a cargo de la causa Hotesur, ordena abrir dos cajas de seguridad en el Banco Galicia a nombre de Florencia Kirchner, conteniendo 4,6 millones de dólares. 

Octubre de 2016.- Se aprueba la ley 27.304, que incorpora en el Código Penal la figura del imputado colaborador, conocida como la del arrepentido. 

Enero de 2018.- Llega a manos del periodista Diego Cabot una caja conteniendo ocho cuadernos del chofer del Secretario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, con detalladas anotaciones del circuito recaudatorio de coimas entre marzo del 2005 hasta noviembre del 2015. 

Cabe analizar porque dichos sucesos fueron posibles, que características inéditas presentan, y que feroz lucha política de encubrimiento se aproxima. 

Buenos Aires, 07 de marzo 2019