Para analizar objetivamente las actuales instancias judiciales y políticas destinadas a desarmar y/o proteger los circuitos de corrupción estatal-privada vigentes desde hace décadas, es oportuno recordar antecedentes de organizaciones delictivas, sus campos de acción y métodos de coacción o seducción utilizados para lograr complicidades, complacencias e impunidades.
El concepto de mafia nace a fin del siglo XIX en el sur de Italia, cuando los campesinos, sin protección gubernamental ante la explotación a los que los sometían los terratenientes en regímenes feudales rurales, se agruparon en clanes familiares para protegerse. Sus integrantes se declararon mafiosos (hombres de honor), y establecieron sus propios códigos, siendo el más conocido el del silencio (omertá). Los jefes, llamados “padrinos”, eran respetados y/o temidos. El paulatino aumento del poder de las “familias” las llevó a los rentables negocios del crimen organizado, basados en el contrabando, prostitución, juego ilegal y en menor escala drogas. Este esquema se internacionalizó, y en la década del 20 los inmigrantes lo transportaron a Estados Unidos, mutando de rural a urbano. Era la época de famosos pandilleros como Al Capone, entre otros. Las pujas entre bandas por los negocios se dirimían en forma sangrienta. Las complicidades políticas, policiales y judiciales se obtenían mediante sobornos o amenazas. Muchos padrinos o pandilleros socialmente eran protectores y cariñosos con sus familias, religiosos y benefactores. Los medios de comunicación de entonces, prensa y radio, daban amplio espacio a los hampones y sus crímenes, sin profundizar en sus negocios, por razones obvias.
Las multimillonarias ganancias ilícitas privadas exigieron eficaces administraciones contables, buscando insertarlas en negocios legales u ocultarlas. Surgieron entonces las prácticas de “lavado de dinero” e inversiones “offshore”. La simbiosis con las estructuras estatales comienza con la participación de empresas mafiosas privadas en contratos de obra pública y servicios como proveedores del Estado, lo que facilitaba el blanqueo del dinero espúreo, e incrementaban las ganancias fáciles. En lugar de coimear a determinados funcionarios públicos para que no afecten sus negocios privados ilícitos, interactuaban con ellos para actuar en detrimento de los recursos públicos. La última etapa del derrotero descripto, consistió en que fueran los propios atildados funcionarios estatales de escritorio quienes encabezaran las tramas de pillaje, en reemplazo de los viejos padrinos y pandilleros que defendían a sangre y fuego sus lucrativos negocios ilícitos privados, quienes pasaron a cumplir el rol de socios privados complementarios externos, como empresarios, sindicalistas y testaferros.
Por ello el amplio tema de la corrupción estatal conceptualmente carece de “grietas”, pues va más allá de a quien se vote, se teorice sobre cuánto le interesa al ciudadano común la corrupción, o que ideologías encubridoras se invoquen. Tampoco debiera sorprender que políticos corruptos tengan consenso social y fuertes defensas institucionales. Famosos padrinos y pandilleros las tenían; incluso de la Iglesia. Pero voten como voten, piensen como piensen, los pueblos serán las víctimas ineludibles del saqueo al Estado.
Este fenómeno de corrupción estatal en sociedades democráticas, que se potencia en países con dictaduras o pobre calidad institucional, fue acompañado por un exponencial desarrollo de los medios de comunicación y sistemas digitales para procesar información, que dificultan el ocultamiento y delinquir con impunidad. Para sortear este escollo se recurrió a dos recursos también perfeccionados a mediados del siglo XX: la propaganda política y los servicios de inteligencia. Ambos confluyen en generar en la opinión pública escenarios similares al de los enfrentamientos bélicos, en los que pugnan información y desinformación; verdades, deformaciones y falsedades; eslógans y explicaciones. El escenario público son los medios de comunicación, que exhiben convicciones, profesionalidad, intereses sectoriales y transacciones económicas. En este contexto los servicios de inteligencia, más allá de sus objetivos, instrumentalmente apelan a las mismas técnicas de la propaganda política, pero en un marco de anonimato. La diferencia es que en el ámbito comunicacional podemos comparar y elegir; en el de la acción secreta no.
Retomando nuestra novelesca actualidad, cabe reflexionar sobre qué sucede cuando comunicación y servicios de inteligencia se exponen simultáneamente a la luz pública, y los agentes secretos no son secretos. Indicaría impericia, acto fallido u objetivo táctico?
Buenos Aires, 20 de marzo 2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario