En 2016 se produjeron una secuencia de hechos que transparentaron como nunca antes el circuito estatal-privado dedicado al pillaje de dineros públicos. En marzo se exhibió un video mostrando a un hijo del empresario Báez contando millones de dólares en una financiera. En junio fue detenido el ex secretario José López intentando ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento; el juez Ercolini ordenó abrir dos cajas de seguridad bancarias de Florencia Kirchner que contenían 4,6 millones de dólares. Ante la presión social, los legisladores aprobaron la ley del imputado colaborador en causas de corrupción. Finalmente, en el 2018 salieron a la luz pública ocho cuadernos del chofer del ex funcionario Baratta, detallando circuitos recaudatorios de coimas. La contundencia comunicacional de los hechos en la opinión pública se debió a que pudieron ser vistos, y que la existencia de bolsos repletos de dólares en un país con años de cepo cambiario no eran una ficción. El círculo cerró con los cuadernos de Centeno, que expusieron a todos los eslabones de la cadena de corrupción estatal-privada: funcionarios, empresarios, financistas, integrantes del poder judicial y testaferros.
Porqué estas constataciones surgieron en el 2016 y no antes? El grupo Báez fue filmado en el 2013; López concurrió al convento de madrugada y armado; la apertura de las cajas de seguridad de la hija de la ex presidenta provinieron de denuncias de años anteriores; la ley del arrepentido se aprobó con una velocidad legislativa inédita, y las anotaciones en los cuadernos habían concluido el 03 de noviembre de 2015. La razón tiene origen institucional; en diciembre de 2015 asumió un gobierno de distinto signo político, con el consecuente reemplazo de muchos de los eslabones en las cadenas de poder que aseguraban impunidad, especialmente los insertados en organismos de control. Esta realidad no debe utilizarse para fomentar la oscurantista grieta “Macri reemplazó a Kirchner”, sino para valorar las alternancias en el ejercicio del poder público, que son necesarias pero no suficientes. Aún permanecen sólidas castas políticas, judiciales, empresariales y gremiales, que resistirán fuertemente cambios estructurales y saneamientos institucionales, pujarán para mantener complicidades e impunidades. La resistencia para aprobar una ley de Extinción de Dominio eficaz es clara muestra de ello.
En el actual contexto, la mayor responsabilidad recae sobre el poder judicial, que deberá recuperar tres valores irrenunciables: honestidad, justicia e independencia, abandonando la práctica de “cajonear” causas de corrupción estatal, o dictar sobreseimientos cómplices. Jueces y fiscales deberán reemplazar el descrédito social, afrontando las campañas de amenazas y descrédito a la que los someterán los beneficiarios del saqueo al Estado. Dos casos ejemplifican la necesidad de cambiar los paradigmas judiciales. En mayo de 2015 estalló en Estados Unidos el mayor caso de corrupción mundial en el fútbol (Fifagate), y tiene a máximos dirigentes internacionales y argentinos condenados y presos. Por el contrario, en la causa “Fútbol para Todos” a cargo de la jueza Servini de Cubría e iniciada también en 2015, aún no se determinó el destino de 760 millones de pesos desaparecidos de los 5.600 millones pagados por el gobierno a la AFA entre el 2009 y 2015. La causa Lava-Jato (lava autos), que se hiciera pública en Brasil en mayo de 2014, ya tiene juzgados y condenados al ex presidente Lula y altos funcionarios y empresarios. En contraposición, en nuestro país los jueces federales Martínez de Giorgi, Casanello y Rafecas que investigan las ramificaciones locales, aún no requirieron a Brasil el envío de la información judicial que involucra a funcionarios y empresarios locales.
La causa Lava Jato es útil además para avizorar lo difícil que será desmontar definitivamente el circuito de corrupción estatal y su logística de complicidad. Se originó en un simple correo electrónico que la policía brasileña encontrara en 2013, allanando una estación de servicio en Brasilia, sospechada de actuar como cueva financiera y lavadora de dinero. En nuestro país por el contrario, pese a las confesiones y pruebas recolectadas, diversos operadores intentan desactivar la causa llamada “de los cuadernos”, aduciendo que se basa en fotocopias de los mismos.
En esta difícil etapa de lucha entre justicia e impunidad, vale recordar lo que el legislador ateniense Solón expresaba 600 años a.C.: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar".
Buenos Aires, 13 de marzo 2019
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