Se resume en la presente agenda mensual
seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción que involucran a
funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a
costa de fondos del Estado, con las novedades recientes.
1.- Coimas pagadas
a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales
El juicio oral que se tramita ante el
Tribunal Oral Federal nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons
y Eduardo Larrembere. Luego de las declaraciones del ex vicepresidente Carlos
Alvarez, que presidía el Senado al momento del pago de las supuestas coimas, y
del denunciante sindicalista Hugo Moyano, que no aportaron ningún elemento
probatorio mas allá de mencionar lo que en su momento expresaran políticos y
periodistas, con buen criterio la presidente
Cristina Kirchner mediante decreto relevó de la obligación de guardar
secreto a los ex titulares de la SIDE Carlos
Sergnese y Carlos Becerra, para que puedan declarar como testigos en el juicio
oral, e informar en función de la contabilidad interna si el dinero para pagar
los sobornos salió de ese organismo. Si de estas declaraciones no surgen
elementos probatorios concretos, el caso presentado durante más de una década
como un hecho emblemático de corrupción concluirá con sobreseimientos
generalizados.
2.- Tragedia del
ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
Tramitada
por el juzgado de Claudio Bonadío, la causa se centra actualmente en la
disputa entre el juez y el fiscal Federico Delgado, que debieran representar
unánimemente los intereses del Estado y de los afectados. El fiscal Delgado
objeta el manejo discrecional del expediente, y la decisión de Bonadío de
procesar entre otros a los ex Secretarios de Transporte Jaime y Schiavi solo
por abuso de autoridad e incumplimiento
de sus funciones por no haber controlado intencionadamente el desarrollo de la
concesión, en lugar de acusarlos por asociación ilícita, que supone el pago de
dádivas con fondos del Estado conocidas como “retornos” (el privado paga coimas
a quienes debieran controlarlo con los propios recursos públicos), delito éste que
tiene una sanción penal mucho mayor. Tampoco se procesó a gremialistas mencionados
por Bonadío en sus fundamentos como partícipes necesarios, dado que no podían
desconocer las falencias del servicio.
Indirectamente con este caso se relaciona el
fallo del juez federal Luis Rodríguez, que juró en su cargo el pasado 13 de
octubre, y de inmediato sobreseyó a Ricardo Jaime y empresarios ferroviarios
que integran la empresa que gestiona las líneas Sarmiento y Mitre, por
contrataciones para reparación de vagones realizadas por altos montos con otras
empresas controladas por los mismos grupos empresarios. La eventual apelación
la debe realizar el fiscal Carlos Stornelli, que integra la Comisión de Seguridad del
club Boca Juniors.
3.- Quiebra y
recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica
Reemplazados el juez federal Daniel Rafecas y
el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello
respectivamente, la causa entró en el letargo que anuncia que no se elevará a
juicio oral y público para la sanción de los funcionarios públicos implicados.
4.- Defraudación
de fondos públicos entregados a la Fundación
Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social
Tampoco en este caso quedan dudas que pese a
que transcurrieron diecisiete meses del
inicio de la instrucción, el juez Norberto Oyarbide no elevará la causa a
juicio oral y público, por lo que el Estado no recuperará el dinero apropiado
por integrantes de la
Fundación. Por su parte el titular de la Auditoría General
de la Nación Leandro
Despouy, no informó porque a más de tres meses de solicitada por el juez
Martínez de Giorgi, no presentó la auditoría sobre la ruta de los 765 millones
de pesos entregados a la
Fundación para construir viviendas.
5.- Operación
financiera ilícita y eventuales dádivas percibidas por Felisa Miceli
Continúa desarrollándose en el Tribunal Oral
Federal Nº 2 la causa seguida contra Felisa Miceli, por haberse encontrado en junio
del año 2007 en el baño de su despacho de Ministra de Economía, una bolsa
conteniendo $ 100.000 y u$s 31.570, cuya procedencia no solo no pudo justificar,
sino que falseó y modificó su declaración inicial respecto a su origen. Se acusó
a una testigo ofrecida por la defensa de Felisa Miceli de falso testimonio.
6.- Detención del
Jefe de Policía de Santa Fe acusado de contactos con el narcotráfico
Con posterioridad a un artículo del medio
gráfico “Página 12”
denunciando la relación del narcotráfico con la cúpula policial de la provincia
de Santa Fe, el Jefe de la repartición Hugo Tognoli fue detenido por el juez
federal de Rosario, Carlos Vera Barros. El hecho desató un intercambio alienado
de acusaciones entre autoridades nacionales y provinciales, paradójicamente todas
ellas con responsabilidad directa en el control del narcotráfico en el país.
Agotado el show mediático, el juez Vera Barros resolvió la libertad del
comisario Tognoli por falta de pruebas. El conflicto confirmó que la sociedad
se encuentra totalmente indefensa ante el narcotráfico, y solo podrá entrever
los lazos políticos y judiciales que lo amparan, a través del juicio oral que
se desarrollará en España contra los argentinos que transportaron desde Ezeiza
944 kilos de cocaína e intentaron desembarcar en el aeropuerto El Prat, el 02
de enero de 2011. En este caso no hay enfervorizados debates políticos acerca
de porque no se avanzó en la investigación en la justicia federal de nuestro
país.
El seguimiento regular de distintos casos de
corrupción a manera de agenda permitirá comprobar que contra lo que
intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener
pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez
obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las
reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado, y las causas se
prolongan hasta que operen las prescripciones, o concluyan en escandalosos
sobreseimientos generalizados.
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