LA POLÍTICA TAMBIÉN USA A LAS DROGAS

La reciente detención del jefe de la policía de la Provincia de Santa Fe Hugo Tognoli, por supuestos nexos con distribuidores de drogas, desencadenó un alienado cruce de acusaciones entre funcionarios dirigidas a obtener bajos réditos políticos, lo que transparenta una vez más que la población está absolutamente indefensa ante el accionar creciente del narcotráfico.

Cuando se plantea que toda sociedad debe tener políticas y acciones consensuadas mas allá de ideologías y partidismos en aspectos esenciales para su protección y desarrollo, con el fin de lograr continuidad en el tiempo, sin duda la seguridad en todas sus variantes, y el control del narcotráfico en particular, es uno de dichos aspectos. Coherentemente con esta afirmación, el caso Santa Fe no debe ser analizado en función de oficialismos o supuestas oposiciones, sino en las enormes dudas, por no decir certezas, que arrojan las distintas manifestaciones de representantes políticos de primera línea en relación al hecho.

En primer término, una vez más la ciudadanía se enteró de hechos de corrupción a través de la prensa, en este caso por el medio gráfico oficialista “Página 12”, que informó sobre las supuestas vinculaciones con el narcotráfico de Tognoli. Casi de inmediato el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, ordenó su detención. En lugar de profundizar la línea investigativa para determinar los contactos existentes de la cúpula policial con las organizaciones o carteles actuantes, y coberturas políticas y judiciales que posibilitan su creciente actividad para proceder a su definitiva desactivación, los más altos niveles políticos solo se preocuparon por intercambiar responsabilidades. Lo insólito del caso, es que en un tema de carácter federal con fuertes implicancias internacionales como es el narcotráfico, desde la Presidente hasta los gobernadores y sus niveles específicos subordinados, podrían tener responsabilidades no solo políticas, sino en muchos casos penales. Por lo tanto, que los involucrados se muestren azorados por la responsabilidad “del otro” y oculten las propias, resulta agraviante para la sociedad.

Si hay un tema que no puede transformarse en un show mediático plagado de grandilocuencias que oculten la enorme cobertura política que por acción u omisión (o por complicidad o ineficacia si se prefiere), es el narcotráfico. Solo dos ejemplos: 1) El 02 de enero de 2011 la policía española detectó en el aeropuerto El Prat un vuelo privado con 944 kilos de cocaína que había partido el día anterior de Ezeiza. El avión estuvo estacionado meses en el aeródromo de Morón, en donde se lo readecuó para llevar la carga. La investigación quedó a cargo del juez federal Catania primero, y Caputo posteriormente, sin que a la fecha se realizaran detenciones. Los argentinos deberemos esperar al juicio oral en tribunales españoles para saber que sucedió en Morón y en Ezeiza. 2) Hace cerca de dos meses el juez federal Oyarbide brindó una conferencia de prensa para anunciar que se había desactivado una importante organización narcotraficante. Ante una consulta obvia de una periodista sobre el nombre de los detenidos, Oyarbide expresó que no podía darlos porque la causa estaba bajo secreto de sumario. Cabe preguntarse entonces para que llamó a conferencia de prensa. A la fecha no solo no se conoce el nombre de los detenidos, sino se ignora si realmente los hubo.

En el caso de Santa Fe, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, el santafesino Agustín Rossi, se negó a mantener una reunión con el gobernador Bonfatti y exigió renuncias. El responsable de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), el ex canciller y también santafesino Rafael Bielsa, jamás aclaró que acciones conjuntas se realizaba con las provincias en el marco del Consejo Federal, y en este caso en particular con Santa Fe. Cabe recordar que entre las misiones del organismo, expresamente se señala la de “Identificar y perseguir a quienes trafican”. El ex candidato presidencial y ex gobernador de la provincia Binner, publica en todos los medios gráficos una solicitada insulsa que solo buscar evitar costos políticos, con planteos cuasi infantiles como decir que el funcionario policial “venía de antes”, lo que muestra que no se realizaba seguimiento de la actividad policial. Si algo le faltaba a la teatralización del discurso político, el diputado nacional oficialista Andrés Larroque en una intervención delirante, hizo mención a una variante de la ideología socialista: el narcosocialismo.

No debemos omitir una mención a los organismos de seguridad nacionales y provinciales, cuya misión específica es precisamente la de brindar seguridad a los habitantes y combatir el delito. Han pasado 28 años desde la recuperación de la democracia y ejercicio de gobiernos constitucionales. La generación de integrantes de los servicios de seguridad perteneciente a la dictadura fue reemplazada casi en su totalidad por quienes ingresaron, se formaron y desarrollaron sus funciones en democracia. Los esquemas organizativos y operacionales de la Policía Federal, policías provinciales, Gendarmería, Policía Aeroportuaria, Prefectura y servicios de inteligencia, están bajo la exclusiva responsabilidad de los poderes políticos, lo que se potencia en las estrategias de coordinación entre Nación y provincias en temas como el narcotráfico. El remanido recurso efectista de pedir “el descabezamiento de las cúpulas” semeja más a metodologías de encubrimiento del delito que a su combate efectivo, y hace recordar la conocida frase del Príncipe de Salina, personaje de la obra “Il Gatopardo” escrita por Giuseppe di Lampedusa, cuando comprende que el final de la supremacía de la aristocracia se acerca: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. La investigación acerca de la actuación del Jefe de Policía Tognoli debe ahondar en su culpabilidad efectiva; nombre de sus contactos; la matriz policial de protección del narcotráfico, y fundamentalmente, la protección de altos funcionarios nacionales y provinciales políticos y judiciales al creciente e indisimulado negocio de distribución y comercialización de drogas.

De no actuar de este modo se continuará “descabezando cúpulas” de organismos del Estado, sin penas judiciales obviamente, y  no cúpulas de bandas de narcotraficantes y funcionarios asociados.