Noviembre se caracterizó por dos
movilizaciones masivas de la ciudadanía en protesta por políticas del gobierno
nacional, que por compartir reclamos puede hacer suponer que comparten objetivos.
Por lo tanto es oportuno reflexionar sobre sus diferencias y similitudes.
En primer término se debe destacar la
pretensión de voceros gubernamentales de crear una antojadiza fragmentación
social absolutamente inaceptable en sociedades democráticas, más acorde con
anacrónicas divisiones poblacionales en castas, o las siempre vigentes
conceptualizaciones dictatoriales. Según esta visión, la movilización del 08 de
noviembre correspondió a la clase media, y la del 20 a los trabajadores, que
según este reduccionismo conceptual no integran la mencionada clase media. Esta
última, que en el imaginario político argentino se conforma por una amplia
diversidad social que cometió el insalvable pecado de estar situada entre
pobres y ricos, fue estigmatizada como
egoísta, golpista, reaccionaria, y para llevar sus culpas al paroxismo, la Presidente informó en
su último mensaje por red nacional, que también la integran funcionarios
multimillonarios que hicieron su fortuna trabajando en el Estado. El 20 de
noviembre por su parte, registró un evento sindical promovido por los llamados
gremios opositores al gobierno, en contraste con los hasta hoy oficialistas,
por lo que según versión oficial, no fue un paro de trabajadores sino un acto
de coacción gremial. Hasta aquí, la caracterización generalizada y simplista.
Destaquemos en primer término un aspecto
instrumental. El 08 de noviembre presentó una masiva movilización convocada a
través de redes sociales, con epicentro en la avenida 9 de Julio, una vez
concluida la actividad laboral habitual, y sin generar medidas que afecten el
derecho de quienes no asistieron. El paro gremial por su parte, implicó los ya reiterados
cortes de las principales vías de circulación, que restan validez a toda
estimación de adherencia, y peor aún, a la repetida invocación al derecho
constitucional de huelga, cuando se omite otros elementales derechos como el de
la libre circulación de los ciudadanos, o el de adhesión individual a un paro
de actividades. Esta diferencia metodológica trasluce una diferencia de fondo.
La movilización de la “clase media” reunió a
un amplio espectro social en términos laborales, económicos, culturales e
ideológicos, que tuvo un carácter sanamente político porque sus reclamos se
dirigieron al poder político. Insólitamente se criticó la falta de unidad en
los reclamos, a la manera de las añoradas organizaciones corporativas, como si
aspectos esenciales como la seguridad, corrupción, libertades individuales,
entre otros, fueran cuestiones de número.
La movilización del 20 de noviembre tuvo un
carácter de lucha interna de poder dentro
del gobierno, entre circunstanciales aliados políticos, gremiales y
empresariales de una enorme diversidad ideológica y de intereses, que hace que
el “todos unidos triunfaremos” sea una utopía. El reclamo gremial también
pretendió tener un amplio temario que en algunos casos llegó al absurdo, como
ver a ciudadanos que evidentemente estaban al límite de la subsistencia y
posiblemente bajo planes sociales, reclamando por el mínimo no imponible de los
salarios. Claramente, y a diferencia del 08 de septiembre, no se incluyó a la
corrupción dentro de los reclamos. No olvidemos además que los gremios
representan solo a los trabajadores activos legalizados; no a los desocupados,
subocupados y trabajadores en negro, que obviamente son mayoría y los que más
sufren las crisis políticas y económicas.
Analicemos el punto común más visible de
ambos reclamos: el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Parece irónico
que este sea la principal queja ante un gobierno autoproclamado como “nacional
y popular”. Sin embargo el problema no reside en el infantilismo de analizar
este y otros temas a través del exclusivo tamiz del “carácter y humor de la Presidente ”. El ex mandatario
norteamericano Clinton nos clarificaría el panorama, con su recordada frase en
su campaña electoral: “es la economía, estúpido”. El enorme déficit fiscal e
inflación estructural hace que los recursos sean escasos, pese al enorme
crecimiento económico que el país tuvo en los últimos ocho años, y del que
nadie duda. Entonces: enorme crecimiento económico con recursos escasos? Qué
pasó y que está pasando?
Entre otros aspectos, se han tomado medidas
con total beneplácito de los mal llamados “opositores”, bajo el eslogan de
recuperar lo nuestro, que implicaron enormes negociados cuyos costos, aún hoy,
no son mensurables. Tres ejemplos: las estatizaciones de las jubilaciones
privadas; de Aerolíneas Argentinas y Repsol-YPF. Se destacan porque responden a
sectores que es razonable que sean estatales, o al menos, operen bajo una
estricta regulación y control del Estado. Los fondos jubilatorios reestatizados,
engañosamente presentados como solidarios, hoy son entregados a bajas tasas de interés a
sectores empresarios favorecidos, bajo la figura de fideicomisos a través de
instituciones financieras que también hacen su negocio de intermediación.
Aerolíneas Argentinas fue recuperada una vez que sus activos, en especial
aeronaves, fueran licuados, con un costo inaceptable para la sociedad, y por si
fuera poco, sin definirse la indemnización al anterior operador. El caso YPF
repite la matriz, y se expropia sin ningún recaudo legal de resarcimiento pese
a que la Presidente
públicamente informó que la empresa había sido vaciada, careciendo de capital
de inversión, y aún hoy, de un cuadro de ingresos y egresos a mediano plazo. Recordemos
que en todos los casos había funcionarios estatales en los directorios de las
empresas, y todas estaban sometidas a los organismos de control del Estado.
El contexto es aún más grave de lo que
parece. El gobierno tiene una feroz lucha interna de intereses, que va desde el
legislador que desea continuar como tal el próximo año, desde luego puesto a
dedo en la lista de candidatos, hasta importantes grupos empresarios y
financieros que están haciendo enormes negocios con la marca “nacional y
popular”. Quien desee opciones políticas no las tiene. No hay partido de oposición,
sino una suma de grupúsculos creados al único efecto de mantener a los mismos
nombres y apellidos como legisladores. Y cuando aparecen temas trascendentes
como las jubilaciones, Aerolíneas e YPF, radicales y socialistas (como
excepción usaremos estas denominaciones arcaicas), aprueban las leyes a libro
cerrado manifestando que la estatización
concuerda con su doctrina.
En este contexto, poner todos los reflectores
en un único actor, si bien es el principal, crea el nocivo efecto de mantener
en las sombras a sectores políticos, gremiales y empresarios igualmente
responsables del momento político que se avecina.
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