Se inicia con la presente agenda mensual los
seguimientos rutinarios durante el 2013 de casos judiciales de corrupción que
involucran a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos
ilícitos a costa de fondos del Estado.
1.- Tragedia del
ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
El juez Claudio Bonadío elevó la causa el
pasado 16 de enero a juicio oral y público. Previamente la sala II de la Cámara Federal
constituída por los jueces Horacio Cattani, Martín Iruzum y Eduardo Farah,
confirmaron la decisión de Bonadío de procesar entre otros a los ex Secretarios
de Transporte Jaime y Schiavi y los empresarios Cirigliano solo por administración fraudulenta, estrago culposo
(sin intención), e incumplimiento de sus funciones por no haber controlado
intencionadamente el desarrollo de la concesión. Pese a que tanto el juez
Bonadío y el fiscal Delgado hicieron mención de ello en sus alegatos, no se
procesará a los acusados por asociación ilícita, que supone el pago de dádivas
con los subsidios del Estado conocidas como “retornos” (el privado paga coimas
a los funcionarios que debieran controlarlo con los propios recursos públicos),
delito éste que tiene una sanción penal mucho mayor. Se estima los subsidios a
favor de TBA en más de 1.900 millones de pesos. Tampoco se procesó a
gremialistas mencionados por Bonadío en sus fundamentos como partícipes
necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del servicio.
Indirectamente con este caso se relaciona el
fallo del juez federal Luis Rodríguez, que juró en su cargo el pasado 13 de
octubre, sobreseyendo de inmediato a Ricardo Jaime y empresarios ferroviarios
que integran la empresa que gestiona las líneas Sarmiento y Mitre, por
contrataciones para reparación de vagones realizadas por altos montos con otras
empresas controladas por los mismos grupos empresarios. La eventual apelación
la debe realizar el fiscal Carlos Stornelli, que integra la Comisión de Seguridad del
club Boca Juniors.
2.- Quiebra y
recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica
Luego de haber sido reemplazados el juez
federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y
fiscal Jorge Di Lello respectivamente, la causa entró en un letargo, pese a que
permanentemente surgen nuevos elementos incriminatorios para los funcionarios
públicos y empresarios privados involucrados, entre los que se encuentran el
vicepresidente Boudou, los banqueros Moneta y Brito, y el intermediario Vandenbroele.
Se destacan cuatro novedades: 1) Aún no se conocen los dueños de la sociedad Old
Fund, presidida por Vandenbroele, que asumiera el control de la ex Ciccone. 2)
El Tribunal de Tasaciones de la
Nación aún no estableció el monto de expropiación de la empresa.3)
Desaparecieron de la Inspección General
Cabe destacar que la
Sala Ila Cámara Federal
3.- Operación
financiera ilícita y eventuales dádivas percibidas por Felisa Miceli
El Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por
Luciano Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Jiménez Uriburu, condenó a cuatro años
de prisión a Felisa Miceli, por haberse encontrado en junio del año 2007 en el
baño de su despacho de Ministra de Economía, una bolsa conteniendo $ 100.000 y
u$s 31.570, cuya procedencia no solo no pudo justificar, sino que falseó y
modificó su declaración inicial respecto a su origen, al punto de ser acusada
una testigo ofrecida por la defensa de falso testimonio. La señora Miceli
declaró que fue condenada porque carecía “de protección”. Como el fallo fue apelado
por su defensa, cabe la posibilidad de que en esta instancia el beneficio le
sea otorgado.
4.- Contrabando de
944 kilos de cocaína transportada a España en un vuelo privado argentino.
El 02 de enero de 2011 la Guardia Civilla Argentina , los jueces
continúan investigando “hasta las últimas consecuencias”. Llegado a nuestro
país, Matías Miret expresó una obviedad: ¿ dónde estaban la Aduana y la Policía de Seguridad
Aeroportuaria cuando salió de Ezeiza el avión con una tonelada de cocaína?
El seguimiento regular de distintos casos de
corrupción a manera de agenda permitirá comprobar que contra lo que
intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener
pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez
obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las
reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado, y las causas se
prolongan hasta que operen las prescripciones, o concluyan en escandalosos
sobreseimientos generalizados.
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