CUANDO LAS POLÉMICAS OCULTAN ACUERDOS

Intentar comprender el devenir político, y fundamentalmente avizorar un futuro coherente y posible para el país, obliga a reflexionar acerca de las causas por las que los máximos representantes políticos, gremiales y empresariales de las dos últimas décadas sean siempre los mismos apellidos. En un sistema democrático, la inmediata respuesta sería que todos ellos han sido legitimados por la elección de las mayorías a las que representan. Esto es realmente así?

El discurso político que acompaña estas permanencias en los cargos de representación, de quienes además han convivido durante años en ámbitos políticos, sociales, deportivos y aún familiares, muchas veces entrecruzando intereses ajenos a lo ideológico, invoca la necesidad  de “evitar agravios; obtener consensos; dialogar”, para posteriormente hacer todo lo contrario. La aparente dicotomía se explica en que no son las sociedades las que naturalmente se dividen en buenos y malos según sean sus creencias, sino son los sectores dirigenciales privilegiados eternizados en sus cargos excelentemente rentados los interesados en crear lo que en la propaganda política se conoce como la “Regla de simplificación y del enemigo único”, que no es un hallazgo de Laclau, sino de los regimenes dictatoriales, cuyo máximo exponente fue el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, quien expresaba: “La propaganda debe limitarse a una pequeña cantidad de ideas a repetir siempre. La masa solo recordará las ideas cuando le sean repetidas centenares de veces”.

En el caso argentino lo sorprendente es que en torno a las mismas ideas genéricas e indefinidas, (lo más simples posibles diría Goebbles), como nacional, popular, neoliberal, modelo, debaten entusiastamente a lo largo del tiempo tanto supuestos oficialistas como supuestos opositores, mutados según convenga en neoliberales, progresistas, de derecha, de izquierda, disidentes, aliancistas, frentistas, y otros ropajes ideológicos, bajo la exclusiva catalogación de “bueno o malo; dialoguista o autoritario”, evitando toda profundización de los temas. Quizás esto explique preliminarmente porque solo hay proclamas y no políticas claras, críticas y no alternativas, pequeños grupúsculos electoralistas y no partidos políticos. Esta realidad nos obliga a pensar que las supuestas divisiones políticas son solo estrategias para captar porciones escasas del voto ciudadano que les permita por siempre permanecer. Posiblemente lo expresado lo veremos con claridad en la próxima elección legislativa.

Carlos Marx afirmaba que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. La farsa es un tipo de obra teatral cuya trama esta basada en situaciones en que los personajes se comportan de manera extravagante y extraña, con el fin de engañar o aparentar. Que la farsa se traslade a la actuación política implica un grave riesgo para la democracia y la calidad de vida de los ciudadanos. Dos ejemplos recientes ejemplifican la hipótesis planteada.

En la provincia de Santa Fe se desató un alocado cruce de acusaciones entre autoridades nacionales y provinciales respecto al creciente narcotráfico en general, y en Rosario en particular. Sus principales exponentes fueron el gobernador Bonfatti; el pretendido candidato presidencial Hermes Binner; el jefe del bloque oficialista de diputados del Frente por la Victoria Agustín Rossi, y un dato no menor, la ausencia en el debate de Rafael Bielsa como máximo responsable del la Secretaría de Prevención de la Dogradicción y Lucha contra el Narcotráfico, organismo nacional entre cuyas tareas figura la de “ identificar y perseguir a quienes trafican y por ende comprometen la vida y futuro de generaciones de argentinos”.  Para colmo, todos los mencionados funcionarios son santafecinos.

Ante lo delirante y electoralista de la polémica, lo más triste para  kirchneristas; no kirchneristas; progresistas o neoliberales, es asumir que la sociedad se encuentra totalmente desprotegida ante el lucrativo y creciente negocio del narcotráfico, que necesita de la complicidad y/o ineficacia de quienes deben combatirlo, sean oficialistas u opositores.

El segundo ejemplo no es menos absurdo. Recurrentemente se producen enfervorizadas polémicas entre el Gobierno nacional y algunas Provincias respecto a la injusta distribución de los recursos coparticipables, con reclamos que convergen en quien ejerce circunstancialmente el Poder Ejecutivo, hoy la presidente Cristina Kirchner, acusando una injusta distribución de dichos recursos entre la Nación y las provincias, para permitir al gobierno nacional obtener fondos excedentes para disciplinar a gobernadores e intendentes.

Pero se omite señalar que esto es posible como resultado del incumplimiento de la cláusula transitoria sexta de la reforma constitucional de 1994, que otorgaba plazo hasta 1996 para dictar una nueva ley convenio que estableciera una coparticipación más justa. Este incumplimiento es responsabilidad exclusiva de los gobernadores y legisladores provinciales que tienen la potestad y posibilidad para hacerlo, con independencia del deseo presidencial, quienes no solo incumplen con sus responsabilidades, sino incrementan las atribuciones y arbitrariedades del Ejecutivo nacional, votando mayoritariamente injustificados decretos de necesidad y urgencia sin límites temporales, cuando simultáneamente se pregona que el país crece “a tasas chinas”.

Cabe preguntarse entonces: tienen sustento los reclamos de las provincias a la Nación, incluso en instancias judiciales? No será más importante para los provincianos que en lugar de votar por candidatos según sean oficialistas u opositores, preguntarse que han hecho cada uno de ellos por sus provincias una vez asentados en la gran ciudad de Buenos Aires, y en el colmo del absurdo, haber incrementado sus dietas con pagos especiales “por desarraigo”?