A priori la palabra “acuerdos
políticos” se asimila a coincidencias virtuosas, en donde confluyen
diversidades ideológicas en aras del beneficio común, que en esencia debiera
ser el objetivo de la política. Pocos sin embargo se formulan la pregunta: qué
tipo de acuerdo y para qué? Las
conclusiones pueden sorprender: los acuerdos existen y son mucho más extendidos
que lo que políticos más reconocidos pretenden hacer creer a la sociedad.
En la presente campaña electoral
para la primaria del próximo domingo podemos seleccionar algunas frases que
todas las agrupaciones y sus representantes utilizaron sin excepción en sus
discursos y propaganda: “Hay cosas de
éste gobierno buenas y malas”; “Es necesario terminar con la confrontación y
dialogar”; “Lucharé contra la corrupción”, “Pongamos un límite a éste
gobierno”, y finalmente un clásico del cine:
“He presentado un proyecto”. La clave para analizar estos mensajes es
tener presente que más del 80 % de los candidatos a legisladores pretenden
renovar su banca o bien ocupan cargos ejecutivos. Las contradicciones comienzan por la ley que
dio origen a las primarias.
El próximo domingo se realizará
la segunda experiencia de las denominadas primarias abiertas simultáneas y
obligatorias (PASO), instaladas en el año 2009 como resultado de la aprobación
de la pomposamente denominada “Ley de democratización de la representación
política, la transparencia y la equidad electoral”. Básicamente establece
requisitos para ser considerado partido político, agrupación o alianza; número
de afiliados y electores; conformación de listas; pautas electorales y
condiciones de financiamiento.
La primera observación es que la implementación
de las primarias prácticamente no tiene primarias, salvo rarísimas excepciones
(ejemplo UNEN en Capital Federal). Más grave aún, no existe por parte de la
Justicia Electoral información pública de la habilitación de las distintas
agrupaciones, especialmente las conformados en los últimos meses, y la Cámara
Nacional Electoral no publicita el registro de afiliados de cada agrupación,
como lo indica la ley. Los incumplimientos continúan: no se cumplen con los
plazos de publicidad, y las autoridades electorales no verifican, aprueban o
rechazan el origen de financiamiento en tiempo en forma. En síntesis: no hay
democratización de la representación política; no hay transparencia, y no hay
equidad electoral. Pese a ello, ninguna voz se alzó durante la campaña para
señalar estas irregularidades, con excepción de la publicidad, que ningún
oficialismo cumple. Tal unanimidad en omitir esta realidad, hace suponer un
acuerdo político generalizado, quizás en disimular que durante un período no
menor a cuatro meses cada dos años, las Cámaras de Diputados y Senadores entran
en un virtual receso, generando un privilegio más para los legisladores que
dicen “escuchar los reclamos de la gente”.
Preocupa además la reiteración de
obviedades tales como “hay cosas buenas y malas”; “necesidad de dialogar”, o
“poner un límite al gobierno”, sin explicar el cómo a nivel propuesta
(proyectos comprometidos por cada agrupación), y factibilidad (que legisladores
acompañan dichos proyectos), que en plena campaña puede contar con apoyos
oficialistas y aún opositores, haciendo posible que los mismos se transformen
en ley una vez elegidos por la ciudadanía. Un ejemplo clarísimo en el que todos
los candidatos parecen coincidir, es la modificación del retrógrado impuesto a
los salarios considerados como ganancia. Pero esto, que dejaría un beneficio
concreto a la sociedad más allá del resultado electoral, no se hace.
Lo más grave, porque todos saben
que es falaz, es la muletilla “lucharemos contra la corrupción”. Si con los
explícitos y fundamentados casos de corrupción en perjuicio de los fondos del
Estado, que incluso provocó catástrofes como la de la estación Once del
ferrocarril Sarmiento, con los consecuentes enriquecimientos ilícitos de
funcionarios, empresarios, jueces y gremialistas, los candidatos proclamen que
es necesario “luchar” y no “actuar”, demuestran claramente que la corrupción,
por acción u omisión, alcanzó a todos los estamentos estatales, no solo a funcionarios del Poder Ejecutivo. El procedimiento
de denuncia ha sido amplia y claramente cubierto por serias investigaciones
periodísticas, complementadas con el aporte de informaciones bancarias, datos
de constitución de empresas en el país y en el exterior, nombre de testaferros
sin capacidad económica por un lado, y funcionarios con sus allegados sin
justificación del monumental crecimiento de su patrimonio por el otro, ante lo
cual jueces y fiscales federales simplemente deben constatar su
autenticidad. Pero el accionar judicial
transformó el principio que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo
contrario”, en el justificada pregunta de los
ciudadanos: alguna vez los
saqueadores de los recursos públicos y
sus cómplices serán condenados?
Como hecho novedoso, a último
momento se sumó una imprevista primaria
cerrada y no obligatoria dentro del espacio oficialista, protagonizada por el
candidato Sergio Massa y el Secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni.
El debate se centró en determinar a cuál de los oficialismos respondía el integrante
de Prefectura que ingresó a robar en el domicilio de Massa.
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