Más importante que el resultado
final de las elecciones legislativas de octubre próximo, que no variará
sustancialmente el cuadro de situación emergente de las primarias, es asumir
que en los próximos dos años, antes que embarcarnos en prematuros debates
acerca de posibles sucesiones presidenciales o reformas que intenten
continuidades monárquicas antes que republicanas, se deberán implementar
sustanciales avances en el sistema
institucional y económico desde lo jurídico e instrumental, para llegar de la
mejor forma posible al cambio de gobierno en el 2015.
Por ejemplo reestructurar la estructura
administrativa del Estado y empresas mixtas, lograr equidad salarial entre los
salarios máximos y mínimos, y brindar posibilidades de acceso de los ciudadanos
a los cargos públicos, evitando la
permanente aparición de organismos elefantiásicos e intencionadamente
inoperantes , ajenos a la voluntad de sus empleados, porque las reglas del
juego se basan en asumir que las decisiones son adoptadas con exclusividad en
los más altos niveles del Poder Ejecutivo. Señalemos a modo de ejemplo cuatro organismos: Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas; Inspección General de Justicia; Unidad de
Información Financiera y Auditoría General de la Nación.
Si a ello sumamos la relación de
poder entre gobernadores provinciales y Ejecutivo, es evidente que estamos ante
una matriz de conducción política basada en el “unicato”, consistente en que el
poder de decisión concentrado a nivel presidencial abarca no solo al Ejecutivo,
sino también al Legislativo, y parcialmente al Judicial, en especial el fuero
Penal Federal, que investiga la corrupción contra el patrimonio público. Para esta realidad no podemos desconocer que
existe un consenso en niveles políticos e intelectuales que se traslada a gran
parte de la ciudadanía, basado en que “los argentinos necesitamos gobiernos con
líderes excluyentes”, y ante crisis extremas, “es necesario de inmediato reconstituir
ese principio de autoridad”. Como colofón de esta línea de pensamiento, surge
la ampliamente aceptada muletilla, de que “los únicos que pueden gobernar son
los peronistas”.
Para mantener este criterio
lindante en lo antidemocrático, en forma rutinaria y con especial intensidad
durante la campaña electoral, son los mismos peronistas quienes instalan
términos que se creían desterrados tras casi 35 años ininterrumpidos de democracia:
conspiración; golpe institucional; intenciones destituyentes. El gobernador
Scioli por ejemplo, se mostró preocupado “por cosas que se escuchan”
(obviamente no aclaró cuales ni de quienes), y expresó sus deseos para que el
Gobierno “termine de la mejor manera posible”, lo que es una obviedad. Estas
expresiones en los máximos niveles de responsabilidad política instala una
inquietud nociva para la posibilidad cierta de alternancia política. Pero
cuando quien difunde versiones de golpes destituyentes es un gobierno que cuenta
con mayoría en Diputados y Senadores; amplia mayoría de gobernadores adictos;
manejo de todos los organismos que deberían ejercer el control del Ejecutivo; el
monopolio lógico de servicios de inteligencia; complacencia de todas las Cámaras
empresariales salvo la rural; militares totalmente sometidos al poder político,
y finalmente un estado de beatitud religiosa con motivo de que el Papa es
argentino, cabe preguntarse que le queda a cualquier oposición no peronista,
que seguramente no contará con esta simultaneidad de mayorías y consensos. La preocupación se incrementa cuando los
depositarios de sospechas de golpes son
integrantes del mismo Gobierno y del mismo partido. Porque nadie podrá pensar
que una oposición dispersa y con dirigentes en general anodinos, pueda tener un
atisbo de poder destituyente.
El cinismo aplicado a la política
del miedo para mantener el poder tiene ejemplos notables. Ante el apresurado debate
de una eventual designación de un presidente opositor en la Cámara de
Diputados, en el supuesto que el oficialismo pierda su mayoría parlamentaria en
octubre próximo, cabe recordar que en el 2001, luego de las elecciones legislativas que
perdió el Gobierno de la Alianza, la oposición triunfante, con el voto a favor
de la en ese entonces senadora Kirchner, eligió al peronista Ramón Puerta como
presidente del Senado. En esa instancia ya había renunciado el peronista
“Chacho” Alvarez, hoy funcionario del gobierno. Como es conocido, pocos días
después el radical De la Rúa renunció, y en sucesión directa, Puerta debió
hacerse cargo del Ejecutivo.
Siguiendo el razonamiento de
muchos funcionarios hoy: se produjo en ese entonces un golpe destituyente? O será este recuerdo lo que inquieta a la
Presidente y sus allegados? Por ello a
la muletilla “solo el peronismo puede gobernar”
tendríamos que oponerle a manera de hipótesis, la opción “se puede
gobernar con el peronismo duro (determinados gobernadores, intendentes del
conurbano y gremialistas), en la oposición?”
En la reciente primaria quedó
demostrado que el voto en su conjunto puede mover a decisiones de gobierno en
interés de la ciudadanía, aunque sea parcialmente, más allá de si los
favorecidos son oficialistas u opositores. Ante los resultados electorales, el
Gobierno decidió actualizar el mínimo no imponible que se aplica a los
salarios, si bien no incorporó una cláusula de reajuste automático por índice
de inflación. No todo es destituyente en la política.
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