A partir de
este mes se retoma la presente agenda de seguimientos regulares de casos
judiciales de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios
privados en el marco de prestación de servicios para el Estado, con afectación
de recursos públicos y consecuentes enriquecimientos ilícitos, incluso a costa
de vidas inocentes. La visualización
global y simultánea de los principales casos, mostrará con claridad la
imperiosa necesidad de reformular profundamente el funcionamiento de la
Justicia Federal. Se detalla el avance actual de algunas de las causas.
1.-
Coimas pagadas a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales
Tras un extenso
juicio oral, el Tribunal Oral Federal Nº 3 integrado por los jueces Guillermo
Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez (que reemplazó a Gerardo Larrambebere),
absolvió en diciembre pasado a todos los acusados de los presuntos sobornos a
senadores. La causa se inició por un anónimo que circulara en el propio Senado
en agosto del año 2000. Este fallo merece leerse detenidamente (está disponible
en Internet), y será motivo de una próxima reflexión específica, pues exhibe
con crudeza como la Justicia puede ser usada desde los más altos niveles
políticos para crear “sensaciones” en la sociedad, y que a la hora de la verdad
los mismos acusadores no presenten pruebas o declaración testimonial que aporte
a la causa. Esto significa que los sobornos no existieron? Imposible afirmarlo,
en un contexto de fuerte imbricación entre la política y la justicia federal
penal.
2.- Tragedia
del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
El juez Claudio
Bonadío elevó la causa a juicio oral y público con procesamiento a funcionarios
y empresarios, pero no de gremialistas mencionados por el propio Bonadío como
partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del
servicio. El juicio oral y público lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal
Nº 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu; Jorge Alberto Tassara y
Jorge Luciano Gorini, a partir del 18 de marzo próximo.
3.-
Entrega de dádivas al ex Secretario de Transportes Ricardo Jaime
La Sala IV de
la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de sus integrantes Gustavo
Hornos y Mariano Borinsky, declararon nulo el llamado a juicio oral y público
efectuado por el juez Julián Ercolini en la causa de dádivas entregadas por
empresarios de transporte a Jaime, funcionario
que debía controlarlos. Con esta resolución quedaría prescripto este delito,
sumando un capítulo más a la red de impunidades. Ricardo Weschler, fiscal en la
Cámara de Casación, interpuso un recurso ante la Corte Suprema para que revoque
la anulación de la citación a juicio.
4.-
Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños
La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal,
integrada por los dres. Jorge Ballestero
y Eduardo Farah, anuló el procesamiento de los hermanos Schoklender y otros 42
imputados, por el desvío de fondos públicos otorgados para construir viviendas sociales
a la Fundación Madres de Plaza de Mayo que encabeza Hebe de Bonafini, y apartó
al juez actuante Norberto Oyarbide, acusándolo de una investigación defectuosa,
imprecisa, confusa, y violatoria del derecho de defensa y garantías de los
acusados, lo que era una obviedad desde el inicio de la misma, dados los
antecedentes del juez en los casos de corrupción de funcionarios. La decisión
permite demorar, por no decir diluir, el juicio oral y público, impidiendo que
el Estado recupere parte de los 765 millones entregados a la Fundación . Tampoco el titular de la Auditoría General de
la Nación Leandro Despouy, a más de quince meses de solicitada por el juez
Martínez de Giorgi, presentó la auditoría sobre la ruta del dinero, pese a que
públicamente prometió hacerlo en tres meses, apenas estallado el escándalo. La
decisión no sorprende: nadie podía pensar que el principal responsable fuese
Shocklender, ni que este no poseyera la documentación necesaria que le asegure
indemnidad.
5.-
Causa de lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo
empresarial de Lázaro Báez
La
investigación está a cargo del responsable del Juzgado Federal Nª 7, Sebastián
Casanello, quien intentò excusarse de actuar en la causa, y posteriormente
evitò acusar al principal implicado, el empresario Làzaro Bàez. Con sus
dilaciones iniciales el juez posibilitó el retiro de documentación de las oficinas de la financiera
intermediaria en el manejo de operaciones sospechosas, como lo registraran las càmaras de seguridad
del edificio Madero Center, previo a su allanamiento, lo que augura una nueva
impunidad de los involucrados. No se conocen avances en las investigaciones.
6.-
Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica
Luego de haber
sido reemplazados el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por
el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, a dos años de iniciada la causa los jueces
Ballestero y Farah rechazaron el pedido del fiscal Di Lello para cerrar la
causa contra el vicepresidente Amado Boudou por su participación en el
negociado entre el Estado y privados en la adquisición de la ex empresa Ciccone
Calcográfica, reclamando en términos muy duros al Juez Ariel Lijo agilizar y
profundizar la investigación para esclarecerla rápidamente. Un detalle
insólito: la Inspección General de Personas Jurídicas no sabe o no quiso
informar a quien pertenece la sociedad The Old Fund, que se hiciera cargo de la
ex Ciccone y cuya cara visible es Vanderbroele. Tras la reprimenda al juez, recién están comenzando las
indagatorias a los sospechosos, entre los que se encuentran el vicepresidente
Boudou y el responsable de la AFIP Echegaray.
7.-
Contrabando de armas del ejèrcito argentino a Croacia y Ecuador
En el 2013 la
Sala I de la Càmara de Casaciòn, integrada por los camaristas Raùl Madueño,
Luis Cabral y Juan Carlos Gemignani, condenò a siete años de prisiòn al ex
presidente Menem por contrabando agravado, como asì tambièn al ex ministro
Oscar Camilliòn y otros involucrados, revirtiendo el insòlito fallo de los
jueces Luis Alberto Imas y Horacio Artabe, del Tribunal Oral en lo Penal
Econòmico Nª 3, que absolvió a la totalidad de los dieciocho acusados. Cabe
señalar que pese a la condena, ningún político ya sea oficialista u opositor,
pidió el desafuero de Menem como senador. Dentro de nuestro sistema, un
condenado puede legislar.
El seguimiento
continuará en los próximos meses con las novedades o demoras que surjan.
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