En la última
reflexión recordábamos a los actores más importantes que dieron lugar al caso
conocido durante más de una década como “coimas en el Senado”, para mensurar
más adecuadamente el reciente fallo judicial con la absolución de todos los
acusados. Un aspecto que no debiera sorprender, es que todos los funcionarios
mencionados en el fallo se encuentran hoy vigentes, hayan sido aliancista ayer y
kirchnerista hoy, o kirchnerista ayer y
renovador hoy.
Transcribiremos aspectos sustanciales de las
precisiones preliminares emitidas en diciembre pasado por el Tribunal Oral
Federal Nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando
Ramírez (que reemplazó a Gerardo Larrambebere), y cuya entrega de fundamentos
se hará el próximo 31 de marzo. Cierto es que, en aras de una síntesis, ciertas
frases textuales encomilladas pueden sospecharse de estar fuera de contexto,
como así también el sinnúmero de declaraciones mediáticas que realizarán
diversos personajes políticos, gremiales y judiciales involucrados. Lo ideal es
que el ciudadano no necesite de intermediarios, sino lea fundamentación de los
jueces disponible en Internet, y juzgue por sí mismo.
El inicio del
fallo señala que los sucesos fueron entregados a la sociedad “de manera irresponsable y sin fundamentos, por
conocidos actores de la época, alentados, de igual modo, por el dr. Carlos
Liporaci, primer juez de la causa….”. Más adelante expresa que “
la prueba producida en el debate y las demás
circunstancias del proceso permitieron acreditar, sin lugar a dudas, que los
hechos imputados no existieron”. Al respecto se describe
detalladamente cada uno de ellos, y se expresa que “la
única fuente de esta disparatada versión… son los inconsistentes y
autocontradictorios dichos de Mario Luis Pontaquarto…”,
ratificando seguidamente que “el presunto arrepentido
se contradijo, se desdijo y corrigió sistemáticamente, con el objeto de adecuar
su historia a los datos objetivos que surgían a medida que se producía la
prueba….”. Cabe destacar, más allá de la estrategia jurídica,
que los propios abogados de Pontaquarto aseguraron descreer de la versión de su
cliente.
Los jueces dejaron
en claro que a lo largo de todo el juicio, con más de 300 testimonios, no
existieron testigos que confirmaran ninguno de los dichos de Pontaquarto (su
supuesto ingreso al despacho presidencial cuando De la Rúa autorizó los
sobornos; su concurrencia a la SIDE para retirar el dinero de los sobornos; sus
trayectos y lugares para efectivizar la entrega del dinero, etc.). Pero sí destacaron
graves irregularidades que se deberán juzgar en una instancia futura: el falso
testimonio de la testigo Sandra Patricia Montero; “ la
parcialidad de algunos de los jueces que intervinieron en la instrucción, en
particular del dr. Daniel Rafecas…” y el Procurador Fiscal
Federico Delgado; la intervención de la Oficina Anticorrupción encabezada por
Julio Vitobello; la reunión que Pontaquarto mantuvo, previo a su denuncia
concretada el 12 de diciembre de 2003, con quien era Jefe de Gabinete, dr. Alberto
Fernández; la reunión, siempre previo a la denuncia, que con la intervención y
presencia del hijo del fallecido dirigente socialista Alfredo Bravo, llamado
Daniel, tuvo con el ese entonces Jefe del Gobierno de la Ciudad Aníbal Ibarra,
quien después nombró a Bravo director de Deportes. Con respecto al ex jefe de
gobierno, los jueces afirman que “quedó patentizada en el
debate la mendacidad del dr. Aníbal Ibarra”, y que tanto Ibarra
como Bravo incurrieron en “imprecisiones y
vaguedades” al intentar aclarar el motivo de la reunión con
Pontaquarto.
El mencionado
Daniel Bravo es un personaje a recordar en el terreno de sospechosas “operaciones
políticas”. Es quien en 2005 encontró “el anónimo” que acusaba al entonces
candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires del ARI, Enrique
Olivera, de poseer dos cuentas en el exterior no declaradas. Severísimo,
Alberto Fernández, por lo visto también experto en estos menesteres, pidió
aclaraciones a Elisa Carrió. La denuncia se comprobó falsa, pero perjudicó a
Olivera en la campaña electoral. El relevante político Daniel Bravo también
está implicado en el negocio de la reventa ilegal de entradas de River Plate,
que entre otras consecuencias implicara la suspensión del fiscal Campagnoli.
Bajo la
acusación de haber armado la causa con la complicidad necesaria del juez Daniel
Rafecas, Alberto Fernández, Aníbal Ibarra y Daniel Bravo se supone serán
denunciados penalmente. Pero lamentablemente el juego político de estos
personajes, como no podía ser de otro modo, será pagado por todos los
ciudadanos. El Tribunal Oral dispuso que la Oficina Anticorrupción, también responsable
de la operación, deberá hacerse cargo de las costas del juicio, que en concepto
de honorarios de los abogados se estima que superan los 10 millones de pesos.
Paga el Estado con los impuestos de los ciudadanos.
Por ello es
momento que los autoproclamados candidatos presidenciales que son legisladores,
inicien su campaña ya, no desde lo inútilmente declamatorio, sino con la
presentación de leyes realmente transformadoras. Por ejemplo, cuando
funcionarios, fiscales y jueces motoricen denuncias sin pruebas y/o testimonios
suficientes, se hagan cargo de las costas del juicio, en caso de que este se
lleve a cabo. O cuanto menos, se inhabilite a los responsables del perjuicio
fiscal para ocupar cargos públicos.
Será Justicia
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