Inicialmente ambos conceptos parecen opuestos,
irreconciliables, a lo que aportan opiniones políticas que van del estereotipo
mediocre y vocinglero, al pretendido intelectualismo del debate insustancial
enmascarado en supuestas ideologías. Ortega y Gasset afirmaba que “ser de
izquierdas o ser de derechas, es una de las infinitas maneras que el hombre
puede elegir para ser un imbécil”. La realidad, como siempre, es más cruda y
directa. La clave podría estar en readaptar la recordada frase de Clinton en
relación a la economía, para decir “es
el dinero, estúpido”, como puente de unión entre ambos conceptos en función de
gobierno, al menos en nuestro país.
Se avecina la aprobación legislativa de la
indemnización a la empresa española Repsol por la reestatización forzada
mediante la confiscación del 51 % de sus acciones en YPF. El caso es
interesante por dos razones: Argentina fue de los escasos tres países en el
mundo que privatizó en su totalidad el recurso estratégico petrolero; pero más
increíble aún, un mismo partido, el justicialismo, y un mismo apellido,
Kirchner, fueron fundamentales para posibilitar tanto la privatización como la
reestatización, con solo 20 años entre una y otra.
En 1992, el en ese entonces gobernador de Santa Cruz
Néstor Kirchner, en su carácter de presidente del organismo que nucleaba a las
provincias petroleras, tras arduas gestiones posibilitó contar con los votos
faltantes para aprobar la privatización. Para ello sumó el fervoroso apoyo del
resto de los gobernadores justicialistas, radicales y provincialistas cuyas
jurisdicciones poseían petróleo. La razón de tal confluencia “ideológica” era
simple: cada una de ellas recibiría alrededor de 400 millones de dólares promedio (según su producción), como
resultado de la venta.
En 2012, la presidente Kirchner, senadora al momento
de la privatización, anunció la reestatización denunciando que la empresa petrolera
había sido vaciada, pese a que el Estado siempre tuvo presencia en el
directorio, y a partir de 2007 ingresó el banquero argentino Esquenazzi, mediante
la adquisición del 14,9 % de las acciones con el explícito apoyo presidencial,
para hacerse cargo de la conducción. Un dato insólito, es que parte de estas
acciones fueron financiadas por la propia Repsol. Pero concluída la etapa
marketinera nacional y popular, llegamos a la inevitable realidad: pese al
vaciamiento, Repsol será indemnizada. Al efecto del análisis no importa el
monto, condiciones de pago y tasa de interés reconocida. Lo más preocupante es
que nadie, ya sea oficialista u opositor, sabrá decir a la sociedad que bienes
ingresan al patrimonio nacional para justificar pagar inicialmente 5.000
millones de dólares, y no menos importante, sabrá informar el futuro de YPF,
con cronograma de inversiones y producción, y mecanismos de control y auditoría
de la empresa “de todos los argentinos”.
La gran enseñanza, por si hiciera falta un nuevo ejemplo,
es que los debates no deben centrarse en lo estatal y privado, sino en la
responsabilidad indelegable de cualquier Estado, que siempre será estatal: la
de legislar, controlar, auditar y actuar institucionalmente en las empresas
estatales, privadas y mixtas, posibilitando un normal funcionamiento del
mercado y una adecuada salvaguarda social. La existencia de monopolios, imperialismos,
grupos económicos concentrados, intereses sectoriales, es una realidad tan
indiscutible, como que la defensa que tiene la sociedad ante esos polos de
poder la debe asumir un único actor de igual fortaleza: el Estado nacional.
Pero si quienes lo conforman son fácilmente coptados por grupos empresarios
asociados, transformando a los organismos de control en estructuras burocráticas
intencionadamente sobredimensionadas e ineptas; avalando un funcionamiento
judicial protector de la corrupción, y exhibiendo los adalides de las grandes
causas nacionales enriquecimientos escandalosos, los debates entre
estatal-privado o izquierda-derecha carecen de sentido, porque el resultado
será matemáticamente el mismo: negociado y pobreza ciudadana.
El desafío del futuro gobierno será sortear la
tramposa opción planteada entre los mediocres responsables de un estatismo
prebendario, y los fundamentalistas del libre mercado. Pese a que la tarea no
parece posible sea encarada por los mismos políticos, empresarios, gremialistas
y jueces de las últimas décadas, queda claro que no se puede esperar hasta
principios de 2016, en el mejor de los casos, para lograr eventualmente las
necesarias y profundas transformaciones del funcionamiento del Estado. Por ello
los diversos precandidatos y sus agrupaciones, incluído obviamente el
oficialismo, deberán demostrar su valía a través de la acción parlamentaria concreta,
para que el debate de los proyectos que presenten y los votos obtenidos en cada
caso, expliciten sus verdaderas intenciones y programas de gobierno.
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