La imprescindible adecuación del Código Penal a la
evolución de la sociedad, para mejorar procedimientos y sanciones de los
delitos establecidos, e incorporar aquéllos surgidos de naturales cambios
sociales y tecnológicos que generan nuevos métodos y estructuras delictuales, exhibió
como pocas veces, la necedad y autocomplacencia en la que se desenvuelve la
clase política.
Una vez más una propuesta de ley se inició en el Poder
Ejecutivo, lo que no va en su desmedro, sino en el de quienes tienen la tarea
específica de legislar, ya sean oficialistas u opositores, y no lo hacen. Son
tan perjudiciales para la democracia los legisladores levanta manos de adhesión
automática al oficialismo, como los supuestos opositores que se transforman en
comentaristas del devenir político, en lugar de presentar leyes transformadoras
con consenso ciudadano.
En mayo de 2012 la Presidente creó por Decreto una
comisión para elaborar el proyecto de reforma del Código Penal nacional,
integrada por los jueces Eugenio Zaffaroni y León Arslanian, justicialistas;
los diputados Gil Lavedra (UCR); Federico Pinedo (PRO) y la dra. María
Barbagelata (FAP). Se otorgaron 180 días corridos para la entrega del proyecto
de ley, pese a lo cual el trabajo fue presentado pasados los 360 días, tiempo
más que razonable si los integrantes de la Comisión lo hubieran empleado para
intercambiar opiniones con cada una de las bases partidarias y gubernamentales que
representan, además de intercambiar opiniones con Facultades de Derecho,
representantes judiciales y Colegios de Abogados.
Un tema de tal trascendencia no tuvo prácticamente traslado
a la sociedad durante la etapa de elaboración, que debería ser la más
enriquecedora. Eventuales opiniones no despertaban atención y menos aún
polémica en los sectores políticos y judiciales involucrados. Por su claridad y
razonabilidad, pese a que su análisis parte de una situación personal de dolor,
entre las escasas publicaciones valorables se destaca la de quien no es una
profesional del derecho: la doctora en filosofía Diana Cohen Agrest.
El avance del proyecto de reforma transcurría en un
ámbito que hacía recordar al movimiento intelectual del siglo XVIII en Europa,
conocido como Ilustración, porque sus representantes buscaban disipar las
tinieblas de la humanidad mediante el uso de la razón humana. Tal elitismo
atrae a muchos de nuestro políticos, que sin llegar a ser Montesquieu o
Rousseau, piensan que los temas complejos se resuelven entre pocos, y posteriormente
se trasladan a la sociedad como paquetes cerrados acompañados con la fanfarria
marketinera de los actos populares, cumpliendo con el principio fundamental de
la propaganda política: apelar a la emoción, nunca a la razón.
En medio del paraíso del consenso político, sorpresivamente
apareció una de las esperanzas justicialistas para el 2015, Sergio Massa,
afirmando que el nuevo Código Penal era
extremadamente benigno con innumerables figuras delictuales. Produjo una
hecatombe. De escaso o nulo debate público, el tema estalló en los espacios de
comunicación gráficos, televisivos y radiales. Algunos de los “ilustrados” responsables del
proyecto se dignaron a bajar al llano, y tardíamente escribieron artículos
intentando justificar con generalidades su redacción. Otros personajes no tan
ilustrados sacaron sus manuales linguísticos para la ocasión, denunciando
oportunismo político; crear alarma social; pretensión de punitivismo
neoliberal; garantismo progresista, etc. Finalmente la debacle: jefes políticos
de la UCR; PRO y FAP, se sumaron a las críticas
respecto a lo actuado por la Comisión reformadora “diversa y plural”, y
en un coro desafinado que integraron varios justicialistas, expresaron que “no
es momento para reformar el Código Penal”, sin aclarar cuál debería ser el
momento.
La enseñanza que deja tamaño dislate, primordialmente
para el tránsito a la elección de un nuevo presidente en el 2015, es que en la
supuesta diversidad política y diálogo fecundo, estuvieron ausentes las estructuras
fundamentales para el funcionamiento de una república representativa de
contenido democrático: los partidos políticos, que son los intermediarios inexcusables
entre electores y elegidos, para orientar y planificar la vida institucional de
una Nación en un marco de participación popular ordenada y creativa, y no a
través de consultas populares demagógicas, ineficaces, y muchas veces ilegales.
Otra lección no menor, es que los consensos políticos
no son tan difíciles de lograr en acuerdos de cúpulas, convirtiéndose muchas
veces en simples transacciones. Desde el poder, en algunos casos solo es
necesario acunar el ego de supuestos opositores respetables, haciéndoles creer
que son mucho más importantes que lo que realmente son.
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