El objetivo de una agenda que
posibilite una visualización rutinaria del desarrollo de las principales causas
judiciales de corrupción en el Estado, con la participación de funcionarios
públicos, gremialistas y empresarios privados asociados para la sustracción de
recursos públicos para enriquecerse
ilícitamente, aún a costa de vidas inocentes, pretende mostrar con claridad, si
a esta altura fuese necesario, no solo la impunidad que protege a estos
delitos, sino la imperiosa necesidad de reformular profundamente el
funcionamiento de la Justicia Federal en particular, como así también los mal
llamados “organismos de control” del Estado.
Es criticable
que en esta tarea no colaboren legisladores que se dicen de oposición, y
cuentan con amplias facultades e instrumentos para informar con mayor precisión
acerca de las distintas causas y cronología de las actuaciones judiciales y
administrativas, en su mayor parte dilatorias, cuando no lisa y llanamente destructivas
de pruebas de los delitos. Al menos esta acción será más trascendente para la
sociedad, que la de convertirse mensualmente en portavoces de índices de costo
de vida de consultoras privadas, para señalar niveles de inflación reales que
cualquier ama de casa que administra la economía del hogar conoce
perfectamente. Es engañoso señalar que la corrupción generalizada es problema
de “oficialismos”, pues necesita de una extendida complicidad, por acción u
omisión, de jueces y fiscales, supuestos opositores, empresarios y gremialistas,
usualmente autoproclamados combatientes contra la corrupción.
Esta realidad
la exhibió recientemente de una manera explícita e indubitable, el símbolo
judicial que acompañó el devenir político de los últimos veinte años, con
actores ora neoliberales, ora progresistas, y más recientemente, identificados
con “la izquierda revolucionaria”: el inefable fiscal federal Norberto
Oyarbide. La importancia del hecho no reside en descubrir una mecánica de
corrupción, y mucho menos discriminar entre inocentes y culpables, sino que la
mecánica fuera transparentada por Oyarbide (oficialización de la misma), y que
los partícipes fueran todos responsables (que es lo que exige una trama de
corrupción). El tercer punto de esta secuencia
está a futuro predeterminado: disolución de la causa a lo largo del
tiempo, comenzando por una extrema lentitud investigativa. Qué confesó Oyarbide, si a un juez le cabe
“confesar”?
Primer
acto: el
juez ordenó allanamientos a supuestas cuevas de dinero con eventuales prácticas
de soporte de negocios ilícitos y lavado = en el allanamiento los policías
verificaron irregularidades e intentaron coimear = el financista afectado tenía
contactos políticos y se comunicó con varios de ellos = actuó el segundo de la
Secretaría Legal y Técnica, señor Liuzzi, llamando al juez = el juez suspendió
de inmediato el procedimiento = el señor Liuzzi había sido sobreseído por
Oyarbide en una causa de enriquecimiento ilícito = el crecimiento del
funcionario se produjo como es de suponer desde su incorporación a la función
pública = como resultado del escándalo el periodismo de investigación detectó
antecedentes del financista con otras empresas en Mendoza, con gestiones
financieras no claras entre funcionarios
y contratistas del Estado = algunas de estas empresas se están cerrando a gran
velocidad.
Segundo
acto: supuestos
opositores pidiendo la inmediata renuncia del juez = el caso ingresa al Consejo
de la Magistratura, que como todo organismo de control, está en manos de
opositores pero tiene mayoría de votos oficialistas (de ser necesario puede
sumarse un voto supuestamente opositor) = comienza un trámite lo más lento
posible = se autoriza que Oyarbide haga su descargo por escrito en un plazo de
veinte días, para evitar errores de ortografía = Oyarbide seguirá en su cargo
hasta que él lo decida = la financiera con contactos políticos seguirá
trabajando, quizás bajo otra razón social = los candidatos en campaña dirán que
de alcanzar el poder combatirán la corrupción.
Pregunta
ingenua: no deberían actuar los precandidatos y sus agrupaciones desde hoy, a
través de sus votos como legisladores en donde tengan representación, y presentando
proyectos de ley creativos e integrales que
afecten seriamente la trama de impunidad, y que de no obtener mayoría para su
aprobación, pasen a formar parte de sus plataformas electorales? Tema interesante para otra reflexión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario