EL JUSTICIALISMO TAMPOCO SABE GOBERNAR

Con un pícaro sentido propagandístico, se buscó instalar en la sociedad la frase “el radicalismo no sabe gobernar”, para arribar sin rubor al objetivo final del mensaje: “el único que puede gobernar es el justicialismo”. Los verbos utilizados no son casuales: para el radicalismo se utiliza “saber” (aptitud intelectual), pero para el justicialismo se aplicada “poder” (aptitud de fuerza).

El concepto de partido único y excluyente (por ejemplo el PRI en Méjico), ha sido trágico en la historia de las sociedades, pues da lugar a gobiernos que se instalan como revolucionarios, y concluyen en el manejo hegemónico del poder, con tramposos sistemas electorales que permiten sucesiones hereditarias, culto enfermizo de la personalidad, corrupción, e irremediablemente, en el empobrecimiento económico del país. Además, más allá de discursos progresistas, mientras el líder mantenga el poder siempre contará con el apoyo de “grupos económicos concentrados” favorecidos.

La circunstancia inédita en la historia del justicialismo de tener que gobernar durante tres períodos consecutivos, y afrontar las consecuencias de los dos períodos anteriores, facilita la hipótesis que “el justicialismo tampoco sabe gobernar”, lo que paradójicamente es una buena noticia, porque nos aleja del riesgo de un partido excluyente. Pero simultáneamente nos enfrenta a una triste realidad: no existe hoy un partido que exhiba las cualidades y consistencia territorial que le permita constituirse en opción de gobierno, confundiendo los analistas políticos el acotado concepto de “ conglomerado opositor”, con la necesidad democrática de “partido de oposición”.

Una primera consecuencia de este desequilibrio es que hasta el momento ni oficialistas ni supuestos opositores han sabido esbozar planificaciones de gobierno con resultados previsibles en el mediano plazo de un período de gobierno de cuatro años. Plantearse estos interrogantes es importante tanto para izquierdas, centros o derechas, radicales, peronistas o apolíticos, quienes mayoritariamente sustentan sus trabajos cotidianos, sus alegrías y tristezas, sus progresos o fracasos, en el esfuerzo de todos los días, sin usufructuar, legal o ilegalmente, recursos del Estado.

Si bien aceptamos como punto de partida válido la falsedad el preconcepto que funciona necesariamente como una unidad, que reza “el radicalismo no sabe gobernar = el único que puede gobernar es el justicialismo”, tal validez exige planificar de inmediato el tránsito a la elección del 2015.  Los últimos 40 años, con el interregno de casi ocho años de dictadura militar, muestran indicadores sociales, educativos y económicos que exhiben una permanente declinación del país, ya no comparados con potencias mundiales, sino con nuestros países limítrofes. Desde 1973 y en democracia, el justicialismo gobernó durante 23 años (aún le faltan dos años); la Alianza radical – justicialista dos años, y el radicalismo casi 6 años.

En lo que a partidos respecta, en la elección de 1983, entre el radicalismo y el justicialismo alcanzaron el 91,91 % de los votos. En la de 1989, ambos partidos obtuvieron el 79,94 %, y en 1995 el 60,89 % del total. Un punto de inflexión se produjo en 1989, cuando la  Alianza conformada por la UCR y el partido filo justicialista Frente Grande obtuvo el 48,37 %,  derrotando al justicialismo encabezado por Duhalde, que lograra el 38,27 %.  

En el marco de la gran crisis que estallara en el 2001 durante el gobierno encabezado por De la Rúa, la sociedad evaluó correctamente el fenómeno político, instalando el recordado eslogan “que se vayan todos” sin discriminar entre partidos. Una consecuencia no deseada para el sistema democrático, y favorecida por oportunismos personales, fue la disolución de los partidos políticos como intermediadores entre la política y la ciudadanía, que afectó muy especialmente a la UCR, que hasta el momento no se esforzó en recuperarse. El denostado bipartidismo fue suplido por la anomia y atomización partidaria, en donde supuestos opositores conforman pequeñas agrupaciones encabezadas por quienes aspiran solo a cargos legislativos, y permite a dirigentes oficialistas presentarse como alternativa a gobiernos que integraron y avalaron.

El desafío no solo es el de reconstituir partidos con capacidad cierta de gobernar, sino implementar estructuras organizativas acordes a la natural evolución social en general, y eviten las recurrentes crisis de nuestro país en particular.