Así como en la última reflexión nos referimos a la
problemática de la educación pública, nos toca incursionar en otra obligación
indelegable del Estado, en este caso exclusiva: la seguridad. Si bien el tema
está fuertemente instalado y oficialmente minimizado desde hace años, estalló
en todos los medios de comunicación como resultado de la exhibición de uno de
los más fuertes ejemplos de degradación humana: el linchamiento.
Tras cartón, como suele suceder cuando los hechos los
superan, sectores políticos oficialistas y circunstancialmente opositores
sometieron a la sociedad a diversas opiniones y/o acciones de compromiso, en
las que resulta difícil discriminar entre oportunismo, imbecilidad o
ignorancia.
Como la inseguridad ofrece un amplio abanico de causales
para esbozar un análisis, destacaremos
las que consideramos esenciales, no para que sean compartidas, sino para darnos
cuenta de que si no se adoptan políticas integrales eficaces y lo más
ampliamente compartidas por la sociedad, para su aplicación a lo largo del
tiempo sin especulaciones políticas banales, indefectiblemente la crisis se
agravará. Entre otras razones, porque los sectores políticos obligados a
legislar y ejecutar, son hoy parte del problema. Solo un ejemplo: en la toma en
febrero pasado de tierras del parque Indoamericano, que se cobró un muerto, altos
funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Gobierno de la
Ciudad y del Poder Judicial, intercambiaban acusaciones y hasta improperios
acerca de la delimitación de responsabilidades y toma de decisiones, a un nivel
indignante. Obviamente el problema de usurpación de estas tierras no se
solucionó.
Un razonable punto de partida para fundamentar la descomposición
continua de las políticas públicas de seguridad, es el 2001. Ante la crisis
económico-social de ese entonces, con la consecuencia de saqueos y muertes, desocupación,
sustracción de ahorros de pequeños y medianos ahorristas, y salvataje de grandes
grupos empresarios vía pesificación asimétrica para sus deudas en dólares, la
sociedad reaccionó con un clamor que asustó a la clase política en su conjunto:
“Que se vayan todos”, dando por tierra con el viejo truco de que se iban los
malos para que asumieran los salvadores.
En ese marco de crisis, se produjo el asesinato de Kosteki
y Santillán, con múltiples consecuencias políticas, entre ellas, la de instalar
una frase clave para comenzar con la debacle: “No criminalizar la protesta”. Frase que debe
compartir la inmensa mayoría de la sociedad, al punto que nadie dudó del frío
asesinato del que fueron víctimas los mencionados manifestantes. Pero el poder
político la manipuló para renunciar a la prevención y sanción del delito. Por
lo tanto, las usurpaciones, la toma y destrucción de comisarías, los cortes
diarios de calles y autopistas por motivos sectoriales, los grupos de choque
para amedrentar a ciudadanos que participaban de pacíficas manifestaciones, el libre accionar de barras bravas en los
clubes de fútbol, con indisimulada protección de dirigentes políticos,
intendentes, policías, fiscales y jueces, intencionadamente se incluyeron bajo
el paraguas de “protesta social” para justificar la inacción de las fuerzas de seguridad.
El propio Estado transparentó esta decisión, negociando con profesionales del
apriete, cuyos ejemplos más relevantes son Milagro Sala en Jujuy y Luis DˆElía
en el conurbano, al intercambiar adhesión política y “paz social” con generosos
fondos y cargos públicos. El nefasto círculo cerró con otra frase de índole
judicial: “garantismo”. El concepto, intachable en su esencia, se utilizó para
justificar una total laxitud, cuando no complicidad, en la sanción de los
delitos. En una sociedad pretendidamente democrática, se hicieron primar
conceptos demagógicos por sobre la LEY, y su correcta aplicación.
El círculo de la política de inseguridad cerró con el intento
más dañino y falaz que desde niveles dirigenciales o de opinólogos pretenden instalar
en la sociedad para justificar el incremento del delito, o bien su exculpación:
relacionarlo con la pobreza, sometiendo al pobre a un doble castigo. El de ser
pobre, y por su condición, ser sospechado de ladrón o criminal. Concepto
absolutamente falso, pues el delito existe en todas las clases sociales; lo que
cambia, por razones instrumentales y de oportunidad antes que éticas, es la
tipificación del delito. Las sociedades se organizan desde los más fuertes
hacia los más débiles. Por ello las mayores responsabilidades son siempre
dirigenciales, no del agente de policía, el obrero o la enfermera.
De aceptarse esta hipótesis, no es casual que el
incremento del delito tenga su correlato en los niveles insostenibles de
impunidad y enriquecimientos ilícitos que altos e intermedios funcionarios
públicos y sectores privados asociados, obtuvieron mediante el saqueo de
cuantiosos recursos de los Estados nacional y provinciales, en perjuicio de sus
obligaciones con los más débiles. Impunidad que exige la complicidad conjunta
de oficialistas, opositores, judiciales, gremiales, y de los mal llamados
Organismos Públicos de Control.
No aceptemos la trampa de la discriminación o falsos discursos
progresistas. De igual modo que se debe luchar contra la delincuencia de
cabotaje, como la de los “motochorros”, es hora de hacerlo contra los
“escritoriochorros”. Los primeros actúan con riesgo de vida ajena y propia. Los
segundos destruyen los entramados sociales, afectando solo vidas ajenas.
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