En las sucesivas reflexiones sobre diversos temas que
impactan en la sociedad, recurrentemente mencionamos un factor clave para
intentar analizar los contextos políticos: que en su gran mayoría, extendidas
capas de la dirigencia política; gremial; de representación empresarial, y
judicial del fuero penal, la conforman las mismas personas desde al menos dos
décadas. Lo más grave es que el fenómeno no es producto del voto popular, sino
de complejos entramados entre dichos sectores para establecer sistemas
electivos extremadamente limitativos. El resultado no puede ser otro que la
destrucción de los partidos políticos, la inexistencia de carrera
administrativa para el acceso de la ciudadanía a cargos públicos de relevancia,
y finalmente, la instalación de la cleptocracia en la cima del Estado. Comenzar
a analizar esta realidad en nuestro tránsito hacia el 2015 será fundamental,
para evitar la nueva trampa de dicho entramado de poder, consistente en cambiar
para que nada cambie. Es lo que sospechosamente sectores supuestamente
opositores llaman “cambiar el tono”, pero nada dicen de cambiar la política.
Ya Aristóteles
y otros filósofos griegos polemizaban sobre el desafío que la democracia planteaba
ante la necesidad de un Estado con poder, sin caer en la autocracia. Se
encontró una solución conceptual no superada a la fecha: que la perpetuidad del
Estado como tal, debía complementarse con un ejercicio del poder acotado en el
tiempo, para ser cedido posteriormente a otros ciudadanos, y así sucesivamente.
Vale decir, alternancia entre iguales.
Qué tiene que ver esta introducción con el paro
nacional del pasado 10 de abril? Mucho, porque bajo esta perspectiva, el
análisis de objetivos, opiniones y reacciones producidas con motivo del paro,
exhiben obviedades vacías de contenido, cinismos, y como es habitual, ocultamientos.
Expresar que el paro fue político es una obviedad, porque
todos los paros lo son, dado que exhiben el fracaso de las instancias
institucionales públicas y privadas en las relaciones laborales. Resaltar que
el paro es un derecho constitucional es un cinismo, cuando son ignorados los
derechos constitucionales a la salud, educación, trabajo y libre tránsito,
entre otros, que solo sirven para adornar reclamos salariales, que una vez
satisfechos, son abandonados hasta el siguiente reclamo salarial. Dentro de lo
patético, cabe mencionar que funcionarios oficialistas que pertenecieron al
menemismo, distribuyeran afiches contra gremialistas que avalaron el paro,
acusándolos de haber pertenecido al menemismo. O que gremialistas del servicio
de subterráneos conocidos como “metrodelegados”, que sometieron a los porteños
a un paro salvaje de casi dos semanas el pasado año, sin ningún rubor no se
plegaron al paro general por considerarlo “injustificado”.
Sin embargo, lo más grave en los debates ante la
opinión pública para lograr su adhesión, es el ocultamiento. Nadie planteó que
la actual puja distributiva entre sectores asalariados legalizados para
mantener su poder adquisitivo; sectores empresariales no dispuestos a resignar
ganancias, y un Estado que dilapidó recursos sin consolidar estructuras
productivas genuinas, tuvo su origen en aproximadamente cuatro años atrás, con
responsabilidades compartidas entre gobierno, empresarios y gremialistas. En
ese entonces las partes intervinientes en las paritarias nada decían del
falseamiento de los índices de Precios al Consumidor del INDEC menores al 10 %,
mientras alegremente se acordaban y homologaban incrementos salariales entre el
25 y 30 %, congruentes con la real inflación.
Excluídos de toda representación y absorbiendo los perjuicios del
creciente proceso inflacionario, quedaron los jubilados; los más de 4 millones
de trabajadores en negro; autónomos, y desde luego los desocupados, quienes
vieron disminuídos sus ya magros ingresos o niveles de subsistencia, con escasa
o nula participación en el “crecimiento del consumo”. Sin embargo ninguno de
los que hoy polemizan y nos recuerdan derechos constitucionales se preocuparon.
El Estado por su parte, cuida la escenografía de “inclusión social” con
subsidios y clientelismo con débiles y
poderosos, con los consecuentes negociados públicos-privados.
Por lo expuesto el reciente paro general merece leerse
como el inicio de una estrategia electoral entre quienes han ejercido
responsabilidades políticas e institucionales de privilegio en las dos últimas
décadas, basadas inevitablemente en “yo
no tuve nada que ver”, intentando su continuidad, eventualmente en otros roles,
para que la trama de poder-negocios no se destruya. Existirá entonces la opción
de un partido y quienes lo representen con propuestas de cambio diferenciadoras, contundentes y creíbles? Hoy no. A futuro es todo un desafío.
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