Ante planteos nada
claros de políticos ya en campaña, referidos a crear una inicialmente mal
denominada Conadep que releve
antecedentes de los casos de corrupción relacionados con el fuerte entramado
político-judicial-empresario que afectaron enormes recursos del Estado, incluso
a costa de vidas inocentes, es oportuno definir propuestas concretas y su
adecuado sustento legal, para dar lugar a su rápida instrumentación. En tal
sentido esta agenda mensual pretende aportar a dicha tarea, resaltando el desarrollo de
algunas de las innumerables causas en trámite, y la actuación de camaristas, jueces,
fiscales y peritos judiciales intervinientes. Recordemos algunas de las causas.
1.-
Coimas pagadas a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales
Tras la
decisión tomada en diciembre pasado por
el Tribunal Oral Federal Nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel
Pons y Fernando Ramírez, que absolvió con fundamentos sólidos asentados en casi
3.000 páginas a todos los acusados de los presuntos sobornos a senadores, por
indicación del mismo Tribunal, el fiscal Eduardo Taiano investiga la actuación como testigos del ex
Jefe de Gabinete Alberto Fernández; el ex intendente Aníbal Ibarra y el hijo
del fallecido dirigente socialista
Alfredo Bravo llamado Daniel, especialista en descubrir anónimos para iniciar
causas. La razón son las declaraciones contradictorias y sospechadas de falsas
de todos ellos. El caso es relevante, porque muestra como la Justicia Federal
(el fallo hace mención a serias irregularidades del juez Daniel Rafecas y el
fiscal Federico Delgado), además de sospechada de encubrimiento, ha pasado a
ser parte de juegos políticos de desprestigio.
2.-
Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños
Luego de que la sala I de la Cámara Federal de
Casación Penal, integrada por los dres.
Jorge Ballestero y Eduardo Farah, tardíamente apartara al juez Oyarbide de la
causa de defraudación de fondos públicas de la Fundación que encabeza Hebe de
Bonafini, y anulara los procesamientos dictados, la causa se derivó al juez
Martínez de Giorgi, quien la mantiene sin avances. El tiempo transcurrido posibilitó la
disolución de empresas involucradas, cierres de cuentas y reformulación de
facturas, por lo que la impunidad de la defraudación prácticamente es un hecho.
Resultaba una obviedad que no se podía hacer responsable solo a Sergio
Schoklender, sin involucrar a Bonafini, y los funcionarios nacionales,
provinciales y del Gobierno de la Ciudad intervinientes en la operatoria de las
viviendas.
3.-
Causa de lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo
empresarial de Lázaro Báez
El responsable
del Juzgado Federal Nª 7 Sebastián Casanello, a cargo de la causa, procesó a
los intermediarios financieros Federico Elaskar y Leonardo Fariña, eludiendo
llamar a declarar para su eventual acusación, al principal sospechado como
propietario del dinero, el empresario Làzaro Bàez.
4.-
Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica
A dos años de
iniciada la causa, y pese a los reclamos muy duros de los camaristas Ballestero
y Farah al juez Ariel Lijo y el fiscal
Di Lello para agilizar, profundizar y
cerrar la investigación sobre el negociado entre el Estado y privados para
adquirir la ex empresa Ciccone Calcográfica, que involucra entre otros al
vicepresidente Boudou, el juez continúa
sin decisiones relevantes.
5.-
Incendio de los archivos de la empresa extranjera Iron Mountain en Barracas.
El 5 de febrero pasado un incendio en los
archivos de la reconocida empresa internacional, provocó la muerte de ocho
bomberos y dos rescatistas. La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo
Criminal de Instrucción n° 18, a cargo del juez Pablo Ormaechea, con la
investigación de la fiscal Marcela Sánchez (Fiscalía n° 37). Transcurridos más
de tres meses del hecho, llama la atención que no haya cerrado la etapa de
peritajes, o bien que no se los haya dado a conocer. El caso no debe caer en el olvido, ante la
sospecha que en el depósito se guardaban documentos del Estado que podrían
tener relación con negociados y enriquecimientos ilícitos, por lo que el
inexplicable incendio desde lo técnico, podría ser intencional.
Proponer a
futuro una denominada “Conadep” a manera
de promesa electoral, no exime a los políticos de cumplir aquí y ahora con las
funciones de control y representatividad ciudadana de acuerdo a sus responsabilidades
en cuanto a la corrupción, con independencia que se presenten como oficialistas
u opositores.
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