Cuando se ingresa en la difícil etapa de tratar de
entender algunos rimbombantes mensajes que con enorme superficialidad diversos
políticos, sean oficialistas u opositores, lanzan a la ciudadanía, queda la
duda si se propagan producto del desconocimiento, la intención de engañar, o
bajo los dictados de costosos publicistas en la búsqueda de impactar. Esta
realidad se exacerba durante las campañas electorales, que en nuestro país, más
allá de los plazos fijados por la ley, ya comenzaron. Es el caso del nuevo
afrodisíaco que se intenta vender a la sociedad, sin acompañarlo de propuestas
concretas e integrales: crear una CONADEP de la corrupción.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(CONADEP), fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, a tan solo
cinco días de haber asumido la presidencia. Tuvo el carácter de asesora, para
investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar del
período 1976-1983, e indagar sobre la suerte corrida por los desaparecidos. Sus
funciones eran claras y taxativas, destacándose la de recibir denuncias y
pruebas sobre los hechos encomendados, para luego trasladarlas a la Justicia.
Un aspecto no menor, es que fue integrada por personalidades reconocidas en
diversos campos de acción, e intachables desde lo ético. Establecido
sucintamente el fin de la CONADEP y sus diferencias con la vigente necesidad
disminuir al menos la desaforada corrupción existente, esbocemos propuestas
concretas.
1.- La CONADEP debió actuar en un marco de ausencia de
información institucional registrada respecto a detenciones y/o desapariciones,
debiendo reconstituirla a partir de testimonios y elementos de prueba
imposibles de obtener durante la dictadura. Hoy, tras 30 años de democracia, pese
al secreto que aplican cada vez más frecuentemente los poderes del Estado a sus
actos de gobierno como recurso de impunidad, existen innumerables expedientes
judiciales en trámite, con intervención de camaristas, jueces, fiscales y
peritos.
2.- Ello implica que lo que debe instrumentarse es una
instancia analítica procesal de dichos expedientes, a través de profesionales
del derecho externos al Poder Judicial (Universidades, Asociaciones), que
tomando ejemplo de la CONADEP, sean de
reconocida formación jurídica y ética. Complementariamente, se designará un
equipo específico de apoyo administrativo y de peritos.
3.- La condición de juristas externos supone la no participación
de legisladores o funcionarios del Ejecutivo, porque sería retrotraernos a las
negociaciones mal denominadas “ políticas” que de hecho se producen hoy, en
donde la impunidad es un valor de cambio. Además, la presencia de políticos en
la Comisión designados por el nuevo gobierno, se interpretaría como una
venganza hacia el actual, facilitando las obvias estrategias de desprestigio
bajo el rótulo de “persecución política”. Esto se evitó con la irreprochable designación
y actuación de los integrantes de la CONADEP.
4.- De seguirse esta línea de acción, se hace evidente
la necesidad de poner a los integrantes del Fuero Penal Federal Penal en
comisión, con la obligación de sus integrantes de aportar la documentación y
opiniones que la Comisión Investigadora les requiera, en términos perentorios.
5.- Como resultado de las pruebas y conclusiones que
emita la Comisión, los camaristas, jueces, fiscales y peritos sospechados de demoras
intencionadas, mala praxis y/o corrupción, con posibles enriquecimientos
ilícitos consecuentes, serán juzgados en principio por el Consejo de la
Magistratura, el que, en una segunda etapa y conjuntamente con los mal llamados
“Organismos de control”, deberán ser reformulados. Se hará expresa reserva que
durante el proceso investigativo de la Comisión y su dictamen final, no se
admitirán solicitudes de jubilación por parte de jueces y fiscales.
Esta propuesta pude ser obviamente mejorada. Pero
queda claro que en lugar de distraer al ciudadano con meros ejercicios
dialécticos, las agrupaciones políticas que deseen gobernar deberán formular acciones
concretas contra la corrupción, que comprendan su instrumentación y prolijo sustento
jurídico, basadas en principios de excepcionalidad, que tantas veces fuera aplicado al ciudadano
común para afectar sus derechos y patrimonio. Una vez asumido el nuevo
gobierno, la puesta en marcha del compromiso electoral deberá ser inmediata, como
hizo Alfonsín con la CONADEP.
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