PODRÁN COMBATIR LA CORRUPCIÓN QUIENES FRACASARON?

En períodos preelectorales, agrupaciones políticas y precandidatos se sumergen en un compromiso tan repetido como incumplido: luchar contra el flagelo de la corrupción. No explicitan propuestas, o peor aún, formulan anuncios inconducentes como crear una CONADEP de la corrupción. Por ello es necesario que, más allá de ideologías y preferencias partidarias, la ciudadanía exija a los candidatos, en especial a los que ocuparon cargos políticos relevantes desde hace dos décadas, que nos convenzan porqué harán a partir de diciembre de 2015 lo que no hicieron hasta hoy. La honestidad personal inclusive, es necesaria pero  no suficiente. Para una correcta evaluación de la problemática, es oportuno reflexionar  una vez más acerca de los aspectos que  caracterizan a la corrupción, y las causas que la convirtieron en sistemática.

Una constante que exhibe el vacío institucional, ya sean de organismos de control o poderes legislativo y judicial, es que casi con exclusividad, los hechos de corrupción se conocen públicamente a través de investigaciones periodísticas. Solo a partir entonces surgen las reacciones y polémicas mediáticas entre políticos oficialistas y opositores, que al momento de las necesarias acciones,  reparaciones y/o sanciones, se escudan bajo la funesta frase digna de un libro de Mario Gianluigi Puzo, autor de El Padrino: “el caso está en manos de la Justicia”. O sea, pasemos a otro tema. Cabe preguntarse: las sanciones administrativas dejaron de existir?

Decir corrupción en nuestro país, dada su habitualidad y crecimiento, supone que todos sabemos de que se trata, asimilándola a funcionarios públicos injustificadamente enriquecidos, asociados a empresarios y gremialistas cómplices en la trama de negocios, con fiscales y jueces venales. Pero si se analiza el origen etimológico del término, veremos que el concepto es mucho más amplio.

Corrupción proviene de la palabra latina “corruptio”, conformada con el prefijo “con” (junto); el verbo “rumpere” (hacer pedazos), y el sufijo “tio” (acción y efecto). O sea, significa sobornar, pervertir, dañar, traficar influencias. Aplicado a la acción de Gobierno, se manifiesta en el abuso de poder para producir negociados destinados a lograr beneficios ilegítimos privados, a costa del erario público (relación funcionarios públicos – empresas privadas asociadas - testaferros). Pero también corresponde a generar actos administrativos con el fin de obtener beneficios personales y/o de parientes y amigos, sean oficialistas u opositores, bajo el enigmático paraguas de las “negociaciones políticas”. Las contrapartidas son, entre otras, la de callar u ocultar irregularidades en organismos de control que integran, facilitar su voto en el recinto para aprobar leyes nocivas al interés general, cambiar de partido político burlando a sus electores, entre otras.  

Está claro que la corrupción exige un entramado de complicidades entre un sinnúmero de personajes pertenecientes a sectores diversos, con el objetivo común del beneficio económico personal. Visualicemos su complejidad y multiplicidad de actores, tomando el caso de la ex Calcográfica Ciccone, que hoy ocupa el centro de la información.

CICCONE + BOUDOU + ECHEGARAY + MONETA + VANDENBROELE +LONDON SUPPLY + THE OLD FUND +  FORMOSA + INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA + UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA + RESNICK BRENNER + CAPDEVILA + NUÑEZ CARMONA +  LIJO + DI LELLO.. .. y muchos otros.

El ejemplo intenta señalar que la corrupción en el Estado ineludiblemente encadena a altos funcionarios públicos, empresarios asociados al poder, empresas conocidas o de constitución jurídica dudosa, organismos de control, testaferros, asesores administrativo de planta, fiscales, jueces, camaristas y operadores políticos en ámbitos judiciales especialistas en lograr impunidad. Si en el circuito alguien es un obstáculo para concretar el ilícito, es barrido de sus funciones.  

La asombrosa repetición de casos impunes hace que nuestro país exceda largamente  el nivel de “actos corruptos”, característicos de países desarrollados y circunscriptos a niveles dirigenciales, para posicionarnos como “estado de corrupción”, presente en países de escasos niveles institucionales, en donde la corrupción es permanente y extendida a todos los sectores. Ya no sorprende que se enriquezcan escandalosamente altos niveles políticos y empresarios, sino que también lo hagan sus secretarios, choferes y jardineros.

Lograr que la compleja trama se mantenga a lo largo del tiempo necesita, entre otros instrumentos, de sistemas electorales restrictivos que la faciliten, como listas cerradas de legisladores conformadas a dedo con gente de confianza;  reelecciones generalmente indefinidas; sucesiones políticas entre familiares; restricción del acceso a la información pública, al límite del secreto; colonización de los mal llamados organismos de control con familiares y amigos de políticos tanto oficialistas como de opositores. Por eso cuesta creer que se presentarán propuestas electorales transformadoras para evitar la corrupción, más allá de anuncios cosméticos. Pero quien sea capaz de formularla con sustento y credibilidad, incrementará notablemente sus posibilidades electorales.