El procesamiento de un vicepresidente de la Nación por
corrupción es un caso inédito en nuestra historia. Pero pretender que ello signifique
por sí solo un punto de inflexión, sería una ingenuidad. Lo importante es que
las pruebas y testimonios que llevaron a la decisión del juez Lijo, compartida
por el fiscal Di Lello, desnuda una vez más las asociaciones entre funcionarios
públicos y empresarios privados para saquear recursos del Estado. Lograr
cambios estructurales de fondo para que no sea tan fácil, es una tarea que
compete al Poder Legislativo, a través de leyes que destruyan el andamiaje de
corrupción.
Es oportuno reflexionar sobre algunos aspectos esenciales
para interpretar la evolución de los acontecimientos y formar nuestra opinión, evitando
en lo posible subjetividades ideológicas o partidarias. El procesamiento de
varios de los involucrados en el caso Ciccone inicia un laborioso camino en
donde el objetivo de justicia deberá sortear las sólidas vallas del
encubrimiento. No será la primera vez. Casos resonantes como IBM-Banco Nación; Siemens
y Skanska, entre otros, que tuvieron confesos de otorgar coimas a funcionarios,
hoy están impunes.
En los casos de corrupción se destacan tres sectores
interrelacionados: el político; el periodístico-comunicacional, y el judicial.
En los dos primeros se desarrollará la clásica lucha de propaganda-contrapropaganda,
e información-desinformación. En el judicial se plantearán los subterfugios
dialécticos y procesales que posibiliten la impunidad. En cada uno de ellos habrá
honestos, corruptos, cómplices, desinteresados, complacientes.
Es importante tener presente que, una vez más, el
negociado se conoció como resultado de investigaciones periodísticas; inicialmente
a través de Jorge Asís, y luego por Jorge Lanata. Es mundialmente reconocido el
valor que el periodismo de investigación tiene en las democracias. Pero cabe
preguntarse: no es tarea también de los legisladores de la oposición, cumplir
eficazmente su tarea de control de los actos de gobierno y detectar la
afectación delictiva de recursos públicos, para luego denunciarlos? Para ello
tienen fueros.
El primer intento de degradar la causa, será el de
“farandulizarla”. La importante vía comunicacional puede oscilar entre una habitual
estrategia de captar audiencia en casos de repercusión pública, al más solapado
y estudiado intento de ocultamiento y desprestigio de quienes amenazan la
impunidad, transformando en este caso, la investigación periodística
documentada en periodismo de voceros de mensajes enlatados. Algo similar
sucederá en el campo político. Proponer el juicio político de Boudou para
establecer supuestas responsabilidades que ya están siendo juzgadas, es buscar
exclusivamente lo escenográfico.
Más útil para la sociedad es legislar que todo
funcionario procesado, automáticamente quede apartado de su cargo, e
inhabilitado para ejercer otros cargos públicos. No aceptemos la respuesta
capciosa de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su
culpabilidad, de lo que no cabe duda. Pero estamos hablando de funcionarios que
manejan fondos públicos, dictan leyes y controlan su aplicación. Son inocentes,
pero no aptos para ejercer cargos políticos en su condición de procesados. Así
de simple. De todos modos siquiera la culpabilidad se aplica a los políticos.
Qué no se dijo de Menem? Hoy es senador, e insólitamente, aún condenado puede
seguir legislando.
En esta línea de acciones concretas y no solo
discursivas, más allá de ideologías o adhesiones partidarias, no incursionemos en
expresiones entre obvias y oportunistas referidas a los “costos políticos de la Presidente”. Los
costos de la corrupción deberán absorberlos conjuntamente las dirigencias
políticas, empresariales y gremiales, que desde hace más de veinte años
coptaron todas las estructuras de control administrativo y judicial para
asegurar su inutilidad, diluyendo las diferencias entre oficialismos y
oposiciones.
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