El seguimiento
regular de algunos de los innumerables casos judiciales de corrupción estatal
que asocian a funcionarios públicos con empresarios privados, pretende
visualizar la magnitud de un problema que explica la mayoría de las decisiones
de sucesivos gobiernos, más allá de
engañosas fundamentaciones ideológicas. La cobertura judicial y de los
mal llamados organismos de control, transparentan que el problema involucra a
supuestos oficialismos y oposiciones, responsables por acción u omisión de la
impunidad manifiesta. Explica también porque los precandidatos presidenciales,
sin excepción, obvian explicitar acciones concretas respecto a una problemática
que está desangrando al país desde hace décadas. Se detallan algunas causas.
1.- Tragedia
del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
En marzo, en el
Tribunal Oral Federal n° 2, integrado por los jueces Giménez Uriburu, Tassara y
Gorini, comenzó el juicio oral y público contra funcionarios públicos,
empresarios privados y empleados, acusados de ser responsables de la tragedia
que provocara 51 muertos y cientos de heridos. El caso es representativo de que
“la corrupción mata”, en contraposición al arraigado concepto de apoyar a
quienes “roban pero hacen”. El grupo Cirigliano, operador de la línea férrea y enriquecido
con subsidios estatales, se declaró en quiebra para no hacerse cargo de los
daños.
2.-
Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños
La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal,
integrada por los dres. Jorge Ballestero
y Eduardo Farah, muy tardíamente apartó al juez Oyarbide de la causa de
defraudación de fondos públicas de la Fundación que encabeza Hebe de Bonafini,
y anuló los procesamientos dictados. La causa recayó en el juez Martínez de
Giorgi, quien la mantiene sin avances. Un
lamentable caso de utilización de los principios de derechos humanos, para
lograr adhesión política y encubrir corrupción. La alta política hace suponer
que no habrá responsables.
3.-
Causa de lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo
empresarial de Lázaro Báez
La
investigación, a cargo del responsable del Juzgado Federal Nª 7, Sebastián
Casanello, intenta por todos los medios posibles no involucrar a su máximo
responsable, el empresario patagónico Làzaro Bàez. Para ello no se teme caer en
el ridículo. La justicia indagó a los fiscales antilavado Carlos Gonella y Omar
Orsi, por excluir a Báez de la causa de lavado, que tiene como acusados a
Elaskar, Fariña, y los empresarios Molinari y Erusalimsky. Ambos fiscales
delegaron esta responsabilidad en el fiscal Ramiro González. Por su parte
Echegaray, a cargo de la AFIP, anunció que la justicia suiza proveyó datos de
1.300 cuentas de argentinos en el exterior, y que acordó con Luxemburgo un
intercambio de información fiscal. Pero nada dijo respecto a que la misma justicia suiza congeló 22 millones de
dólares del grupo empresario Báez. A su vez, en relación a este embargo, el
juez Casanello pidió al director de Jurídicos de la Cancillería, Horacio
Basabe, el estado del exhorto enviado (enviado?) el pasado 26 de junio a Suiza.
Sbatella, a cargo del organismo de control de lavado, tampoco aportó datos. Los
candidatos autoproclamados opositores, no tocan el tema. El operativo impunidad
avanza.
4.-
Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica
A dos años de
iniciada la causa, que involucra a altos funcionarios públicos y privados asociados
en el negociado de intento de adquisición de la ex empresa Ciccone
Calcográfica, el juez Ariel Lijo dictó los procesamientos del vicepresidente
Boudou y otros involucrados. No se produjeron novedades determinantes. En este
caso el Estado actuó con celeridad. La Inspección General de Personas
Jurídicas nunca quiso informar quienes eran los titulares de la desconocida sociedad
The Old Fund, que se hiciera cargo de la ex Ciccone. Finalmente el expediente
fue robado del organismo, y está siendo reconstruido con menos
hojas/información que el expediente original.
5.-
Coimas en el caso de la empresa Siemens.
Tras una
investigación de quince años, en diciembre de 2013 el juez federal Ariel Lijo
procesó a 17 personas entre funcionarios
de los gobiernos de Menem y De la Rúa, y directivos de las empresas Siemens e
Itron, esta última del grupo Macri.
Siemens admitió en el 2009, ante la justicia de Estados Unidos y la
Unión Europea, haber pagado millones de dólares en coimas para quedarse con el
negocio de confección de pasaportes y DNI. No se dictaron prisiones
preventivas, pero sí embargos por 500 millones de pesos. Las coimas se pagaron
a través de intermediarios con contratos ficticios por servicios que jamás
existieron.
6.-
Sociales: sobreseimientos.
Los jueces de
la Sala II de la Cámara de Casación Penal, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, anularon
en noviembre de 2013 el procesamiento de 24 funcionarios del menemismo acusados
del cobro de sobresueldos, haciendo caer también los embargos. Utilizaron
argumentos procesales habituales para hacer caer causas, beneficiando entre
otros a Juan Schiaretti y Adelina Dalessio de Viola. Es habitual que los
sobresueldos y altos viáticos sean invocados por los funcionarios, cuando deben
justificar enriquecimientos durante su paso por la función pública, no
relacionados con sus ingresos en blanco.
Hace más de
2.500 años, decía el legislador y filósofo griego Solón, que sentara las bases
de la democracia ateniense: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los
más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.
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