MANUAL POLÍTICO PARA LA SALVACIÓN NACIONAL

Hemos intentado en las últimas dos reflexiones destacar aspectos esenciales de la crisis económico-social del 2001-2002, en sus contextos políticos y económicos. En esta retrospectiva, incursionaremos en lo más doloroso para las pequeñas y medianas empresas, asalariados y  sectores sociales vulnerables: la etapa quirúrgica.

Recordar una crisis tan cercana y proyectarla al cambio de gobierno en diciembre de 2015, pretende que la ciudadanía preste especial atención de ahora en más a las declaraciones políticas en general e indicadores económicos, sabiendo que deberán absorber inevitablemente los costos de las impericias, negociados y corrupciones. Los círculos cercanos al poder, sean circunstancialmente oficialistas u opositores, confían en salir, una vez más, indemnes. Desde la recordada frase “hay que pasar el invierno”, pronunciada en 1959 por el Ministro de Economía Alvaro Alsogaray, hasta la promulgación de la intangibilidad de los depósitos votada por amplia mayoría legislativa en agosto de  2001, la mecánica del engaño se mantuvo inmutable. Pasar el invierno en 1959 significó una pérdida promedio del 24 % del salario real, a través del pago de salarios con Bonos 9 de Julio. La intangibilidad de los depósitos concluyó con su incautación total el 09 de enero de 2002, con el aval de los mismos legisladores. Esta es la primera señal de alarma. Los mismos dirigentes políticos, empresariales y gremiales de ese entonces, mantienen hoy sus espacios de poder, aunque pretendiendo mutar sus ropajes ideológicos y ocultar sus pasados.   

Ingresemos en el quirófano de la salvación nacional del 2001-2002. En octubre 2001, el influyente empresario Franco Macri expresó que “Cavallo debe analizar una medida para estatizar la deuda privada” (La Nación, día 25). Sus principales empresas (Socma; Sideco y Correo Argentino), debían 472 millones de dólares. Igual situación afrontaban entidades financieras y grandes empresas nacionales y extranjeras. El 20 de diciembre cayó De la Rúa. Asumió Rodrígues Saá, quien decretó el cese de pagos al exterior, en medio de la ovación de los legisladores. El 01 de enero, con acuerdo mayoritario de la corporación política, se designó como presidente a Duhalde, quien había perdido las elecciones presidenciales tan solo dos años atrás. De inmediato anunció el fin de la convertibilidad, y prometió que “el que depositó dólares recibirá dólares… el que depositó pesos recibirá pesos”. El radical Leopoldo Moreau reclamó “un gobierno de salvación nacional”, avalando la salida de la convertibilidad, que defendiera durante once años, como la mayoría de los legisladores. El 06 de enero el Parlamento aprobó un instrumento clásico para vulnerar derechos: Ley de Emergencia Económica.

La ciudadanía, empujada velozmente al quirófano, intentó retomar los cacerolazos y protestas, pero ya era tarde. La anestesia “salvación nacional” estaba actuando para dar comienzo a la operación, destinada a democratizar pérdidas y mantener prebendas. El 09 de enero de 2002 se promulgó el Decreto 71, que pesificaba todas las deudas en moneda extranjera a $ 1,40 por dólar, y reprogramaba los depósitos en plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas corrientes, otrora intangibles. El dólar pasó de $ 1,40 a $ 3,00 en un par de meses. Se produjo un caos jurídico por inconstitucionalidades y amparos, con clientes pujando para ingresar a “su banco” para recuperar ahorros, y sus empleados obligados a actuar como personal de seguridad para impedirlo.  

Lo peor estaba por venir. Se aplicó la última frase célebre para encubrir negociados del Estado con privados: “Hay que cuidar las fuentes de trabajo de los argentinos”. Para tan noble objetivo, se implementó la correctamente llamada pesificación asimétrica, porque a la aplicable al ciudadano común, se le sumó otra más favorable para grandes empresas e instituciones financieras endeudadas en divisas extranjeras. La enorme licuación de sus pasivos fueron absorbidos en altos porcentajes por el Gobierno nacional. Los cacerolazos, el desempleo, los amparos judiciales, la inflación creciente, y bancos fugando al exterior depósitos de clientes privilegiados, mantenían plena vigencia. Pero el juego de sustituir un gobierno democrático por otro de salvación nacional había concluido.

La clase política descubrió entonces que para la defensa de sus privilegios, los partidos políticos tradicionales carecían de sentido. Ante tanta frivolidad y oportunismo, ser justicialista, radical o socialista, era una pesada carga difícil de sobrellevar.  Era más fácil ser neoliberal, nacional-popular, de izquierda, de derecha; renovador; radical K; concertador; frentista; o simplemente aliado, cuando se quería negociar votos en el parlamento. Estas etiquetas tienen una virtud insustituible: son fácilmente intercambiables.

En la próxima reflexión concluiremos esta reseña histórica, con el proceso pos operatorio del ciudadano común, tras la crisis 2001-2002.