Finalizamos en esta reflexión la reseña de la crisis
2001-2002, tras haber recordado hitos relevantes previos a la caída del
gobierno de De la Rúa. Contextos políticos y económicos, el caos político
institucional subsiguiente, y las primeras acciones quirúrgicas adoptadas por
el gobierno de “concordancia política” que a partir de enero 2002 encabezó el presidente
Duhalde. Es momento de destacar aspectos del pos operatorio atravesado por la
población.
La recuperación de los más débiles fue inevitablemente
mucho más lenta. No solo por su vulnerabilidad natural, sino porque debían
sostener una rápida alta médica de los más fuertes. La medicación fue
tradicional y efectiva. A fin de “mantener y recuperar fuentes de trabajo”, se
licuaron enormes pasivos de grandes empresas nacionales y extranjeras. Los
negociados no saben de ideología pero sí de grandilocuencias demagógicas. Por
ello, para disimular la aplicación de medidas expoliatorias de los ahorros de
pequeños y medianos ahorristas, el titular de la bancada justicialista Humberto
Roggero, ante la risa dificultosamente contenida por todos los diputados,
anunció “la creación de una comisión para investigar la fuga de los capitales
de los bancos”. (Clarín, lunes 7 de enero).
La Corte Suprema de ese entonces, en el marco de
amenazas de juicio político a sus integrantes, declaró el 01 de febrero la
inconstitucionalidad de la incautación de los depósitos. La acompañaron Cámaras
Federales y jueces. Ante este fallo, adalides de la seguridad jurídica hoy, se
rasgaron las vestiduras entonces. “Fallo jurídicamente sólido, políticamente
muy grave”, escribió Eduardo Van Der Kooy en Clarín, el 02 de febrero. “Un
intento de golpe de Estado judicial”, tituló su columna el mismo día en el
diario La Nación Joaquín Morales Solá. Hasta ahora, nada que no sepamos: para
nuestra eterna clase dirigente, la seguridad jurídica no es aplicable a los
débiles. A lo sumo, éstos pueden tener la gracia del otorgamiento de algunos
subsidios.
Recién el 02 de diciembre del 2002 se liberaron los
depósitos incautados en pesos argentinos. Muchos fueron percibidos por sus
herederos; los titulares habían fallecido. A los depositantes en plazos fijos
en dólares se les ofreció alternativas que oscilaban entre aceptar conversiones
a pesos amortizados en cuotas, o bonos en dólares a diez años. La última cuota
de amortización del Boden 2013 en dólares fue en abril del año anterior. Doce
años más tarde.
Los banqueros y grandes empresarios también golpearon
puertas, pero no a la intemperie frente a los Bancos, sino las de los despachos
oficiales. Los principales deudores del sector privado no financiero sumaban
5.764 millones de dólares (BCRA- septiembre 2001 / Página 12-5 de febrero). De
este monto, solo 25 empresas extranjeras y nacionales, con excelentes
facturaciones en sus balances, concentraban 4.000 millones de dólares. Entre otras,
se encontraban Telecom, Telefónica, YPF, Disco, CTI, American Express, Metrogas,
Iveco. Los Bancos extranjeros, que captaban ahorros publicitando respaldos
de sus casas matrices, se “autonacionalizaron”. Informaron que sus sucursales
eran autónomas. Respecto a los Bancos nacionales no hubo sorpresas: tenían sus
carteras saturadas con créditos irrecuperables otorgados a empresarios amigos
sin las debidas garantías. Para que la sociedad comprenda que implican los
acuerdos políticos de “salvación nacional”, solo un dato: destacamos que 25
empresas concentraban 4.000 millones de dólares de deuda. Como contrapartida,
6.000 amparos concedidos a particulares sumaron solo 300 millones de dólares. (Laura
Zommer – La Nación – 6 de abril de 2002 – Fuero contencioso administrativo).
Cerraremos este obituario con palabras de Horacio
Verbitsky, en ese entonces no tan condescendiente con la corrupción estatal
como en la actualidad: “Una vez obtenida la licuación de sus deudas con el sistema financiero dentro del país, el
poder más concentrado avanza sobre el Estado en una maniobra de pinzas. Por un
lado, procura endosarle al conjunto de la sociedad parte de las deudas
contraídas en el exterior, mediante la emisión de Obligaciones Negociables. Por
el otro, intenta obtener nuevas ventajas en la renegociación contractual de los
servicios públicos que algunas de esas empresas atienden” (Página 12 - 27 de
febrero de 2002).
Con estos sucintos antecedentes, preocupa que la misma dirigencia de entonces, sean
oficialistas o supuestos opositores, entretengan hoy a la sociedad en un juego
infantil “pro modelo” o “cambio de modelo” sin definir acciones y propuestas
concretas, a la espera de diciembre 2015. Lamentablemente, una vez más la
inmensa mayoría de la población no cobijada con prebendas del Estado, deberá pagar
los costos. Parafraseando a Clinton, podríamos decir: “El problema no es
derecha o izquierda, sino corrupto o no corrupto, estúpido”.
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