El reciente descabezamiento de la cúpula de la
Secretaria de Inteligencia, creada por Ley 25.520 sancionada el 27 de
septiembre de 2001, en reemplazo del hasta entonces llamado Servicio de
Informaciones del Estado (SIDE), mueve a formular reflexiones en carácter de
simple ciudadano, carente obviamente de toda información privilegiada. Las
fuentes de análisis son dos: 1) los medios de comunicación, que poseen fuentes válidas
bien informadas y no necesariamente confiables, que según el caso pueden actuar
bajo reserva de identidad; 2) la ley que regula el funcionamiento del
organismo, de la que poco se habla.
Lo que surge claramente cuando se descabeza una conducción
completa de un organismo, es que no se juzga idoneidad, sino los resultados
políticos de su accionar. Surge entonces la primera preocupación. Si el
malestar surgió por frivolidades como la no previsión en su momento de la
candidatura de Massa en las últimas elecciones legislativas, o por acciones
antidemocráticas, como la de no mantener el acuerdo con los jueces federales para
posibilitar cobertura de impunidad en los casos de corrupción contra bienes del
Estado, no hemos avanzado nada en cuanto al manejo profesional del servicio de
inteligencia del Estado, tras 31 años de democracia.
Esta duda queda absolutamente develada con la simple y
atenta lectura de la mencionada Ley 25.520. El artículo 1° expresa que la ley “tiene por finalidad establecer las bases jurídicas, orgánicas y
funcionales del Sistema de Inteligencia de la Nación”. El acápite 1
del artículo 2° señala que la tarea de Inteligencia “consiste en
la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica
referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad
exterior e interior de la Nación”. Préstese atención: seguridad exterior e interior de la Nación. Finalmente, al
solo efecto de esta síntesis, se destaca el artículo 12: “El
Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos
generales de la política de Inteligencia Nacional”. Cabe preguntarse:
cumplió la Presidencia de la Nación con ésta obligación? En caso afirmativo,
cuáles fueron los lineamientos estratégicos?
El primer escepticismo lo genera un vicio recurrente
de la clase política argentina en general, y que este gobierno llevó a un
clímax: poner al frente de Organismos a funcionarios que no tienen el
conocimiento y experiencia para conducirlos, siendo el único requisito a
valorar el de la “amistad y fidelidad” al líder. Cualquiera puede ser Canciller,
presidente de Aerolíneas Argentinas o Ministro de Defensa. Pero aplicar este proceder
a los Servicios de Inteligencia es demencial. Por ello, antes que presuponer
hasta el hartazgo que los espías tienen una estructura ingobernable, es
imprescindible evaluar previamente a los niveles de conducción políticos y los
lineamientos específicos dados a la Secretaría de Inteligencia. Que sucedería
por ejemplo, si las instrucciones impartidas, en lugar de brindar al país
seguridad exterior e interior, como el de volcar esfuerzos prioritarios en desarticular
el desarrollo creciente del narcotráfico y detectar sus complicidades locales,
se direccionaran a investigar los puntos flacos del juez Bonadío, o cual será
la próxima conquista mediática de Redrado? La planta de espías sería
responsable de estos objetivos?
Quedarnos en las atribuciones indelegables de la
Presidente, sería no solo oportunista, sino falaz. El artículo 31° de la Ley 25.520
crea una Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia, con amplias facultades para controlar e
investigar de oficio, además de evaluar el Informe Anual de las Actividades de
Inteligencia, de carácter secreto. Cumplieron los legisladores que la
integran con sus responsabilidades?
Confirmarlo es obligación de los legisladores
involucrados, porque no viola ningún secreto. Recordemos sus nombres: María
García, Marcelo Fuentes, Eric Calcagno, Juliana Di Tullio, Pedro Guastavino,
Juan Irrazábal, Angel Pichetto y Gladys Soto (Frente
Para la Victoria); Miguel Bazze, Carlos
Marino y Adolfo Valdés (UCR); Silvia
Magdalani (PRO); Oscar Castillo (Frente Cívico y Social); Gustavo Basualdo (Producción y Trabajo, de la provincia de San Juan).
En caso de no
funcionamiento de la Comisión, la mayor responsabilidad recae en los
representantes de los partidos supuestamente opositores. En una democracia, cuando
las mayorías hacen valer el peso de sus votos para incumplir leyes y normativas,
el inexcusable rol de las minorías es informarlo de inmediato a la sociedad, y
no cejar en su empeño para lograr su aplicación. Caso contrario, sus
ineptitudes pueden ser interpretadas como complicidades.
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