En la reflexión
de la semana anterior dejamos planteado un interrogante: existió en el 2001 una
comisión legislativa con el mismo cometido que la que se implementará para
investigar la fuga de divisas canalizadas por el Banco HSBC, a través de 4.040
cuentas en el exterior supuestamente no declaradas? Existió, con similitud de
objetivos, obtención de documentación y actores políticos intervinientes, que a
esta altura de nuestra evolución política trece años más tarde, no debiera
sorprender. Este antecedente muestra que estas Comisiones, sea desde la
intencionalidad o la ingenuidad, solo buscan hacer creer a través de acalorados
debates que pretenden sancionar la corrupción, cuando en realidad buscan
ocultar a sus máximos responsables.
Si bien los personajes políticos permanecen, lo que se
desarrolló manifiestamente en los últimos trece años es la legislación
internacional y normativas bancarias contra las prácticas de fuga y lavado de
dinero, y los recursos tecnológicos necesarios para detectarlas. La
preocupación inicial, fue combatir el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico
internacional. Por ello, antes que a cada una de las 4.040 cuentas, se debería
investigar lo actuado por los responsables del Banco Central, AFIP, Unidad de
Información Financiera, y obviamente, a la institución financiera involucrada,
respecto a su complicidad con los ilícitos. Pero como se sabe que el objetivo
político es otro, ni siquiera el HSBC se tomó el trabajo de emitir un
comunicado respecto a sus responsabilidades.
En abril de 2001 en la Cámara de Diputados de la
Nación, Elisa Carrió presentó junto al demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez,
un proyecto de creación de una Comisión Investigadora sobre hechos ilícitos
vinculados con lavado de dinero. Una vez aprobada, se conformó con Elisa Carrió
y Graciela Ocaña (ARI); el mencionado Gutiérrez (Partido Demócrata); José Vitar
(Frepaso); Margarita Stolbizer y Horacio Pernasetti (UCR); Cristina Kirchner y
el fallecido Carlos Soria (PJ), y Daniel Scioli, si bien del PJ, incluido como
representante del menemismo.
La documentación de base provino de una investigación
realizada por una subcomisión del Senado de Estados Unidos, presidida por el
senador demócrata Carl Levin, que logró el levantamiento del secreto bancario
en dicho país, a partir del testimonio de un testigo reservado que había
trabajado con el banquero argentino Raúl Moneta. En los antecedentes que fueron
entregados a la Comisión argentina en 18 cajas, figuraban políticos, empresarios y empresas argentinas
privatizadas, entre otras, Edenor; Edesur; Telecom; Telefónica; YPF y Banco
Santander. Se describían las llamadas “ruta del dinero”, con participación de
reconocidas instituciones financieras, en ese entonces con base de traslado de
fondos en Uruguay y Panamá, consultoras, estudios jurídicos, contables, y por
supuesto, organismos de control del Estado argentino. Muchos de los sospechados
entonces, aparecen involucrados en casos de corrupción actuales, como es el
caso de Ciccone.
El trabajo de análisis comenzó en el mes de mayo, y
las conclusiones se dieron a conocer en agosto del 2001. Previamente se
requirió el asesoramiento y auditoría de un pre informe a Inside Co.,
organización no gubernamental suiza especializada en el estudio de redes
criminales. En su dictamen, Nicolás Giannakopoulos, director de la ONG, destacó
que la confiabilidad de las fuentes utilizadas era de un 70 %, que sin ser
excepcionalmente alta, es de muy buen nivel para esta clase de informe de uso
político. Agregó que si bien la Comisión tenía valiosa información, no era
profesional en el análisis y en el procesamiento del material, y criticó duramente
“la falta de homogeneidad y de consenso del informe”. Pese a su experiencia,
ignoraba que en nuestro país no consensuar un informe final, era un recurso político
de manual para licuar su efectividad. Los nueve legisladores, tras duros
enfrentamientos entre ellos, increíblemente presentaron cuatro informes
distintos: 1) Carrió, Ocaña, Gutiérrez y
Vitar; 2) Cristina Kirchner y Soria; 3) Stolbizer y Pernasetti; 4)
Scioli.
Evidentemente, a nuestros investigadores les resultó muy
difícil acordar como combatir a los “grupos económicos concentrados”. Soria
falleció, y de Gutiérrez se desconoce actividad política. El resto de los
integrantes continúan cumpliendo relevantes actividades públicas, y pretenden
seguir haciéndolo. Lo peor, sin embargo, estaba por venir. En el marco del
acuerdo de la clase política en enero de 2002, bajo el paraguas de “un gobierno
de salvación nacional” encabezado por Duhalde, en mayo del mismo año el Senado,
con el voto mayoritario peronista, derogó la Ley de Subversión Económica
vigente. De este modo, se quitó a la Justicia la principal herramienta para
sancionar los delitos financieros revelados en la investigación. Resultado del
espectáculo: impunidad. La salvación nacional no se detuvo: meses más tarde, el
Estado nacional absorbió gran parte de todos los pasivos de los bancos.
Apagar la videocasetera, y retornar a diciembre de
2014.
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