Las imágenes tienen el poder de exhibir
hechos que nos hacen suponer que no existen intermediaciones con la realidad.
En las guerras, por ejemplo, no describen causas; muestran destrucción y
muerte. En la tragedia ferroviaria de Once, tibiamente nos hicieron sospechar que
la corrupción también mata. Pese a todo, continúa arraigada la creencia que la
práctica del “roba pero hace”, es una ecuación cuyo resultado final es neutro.
El conocido video mostrando al círculo
de Lázaro Báez contando millones de dólares en una financiera de Puerto Madero
(solo una imagen), produjo sorpresa e indignación en la sociedad. Pero los
principales sorprendidos parecieran haber sido el juez Casanello y el fiscal
Marijuán, a cargo de la causa iniciada en el 2013. Recién ahora comenzaron con vertiginosas
actuaciones judiciales, que aún continúan. Un factor no menor a considerar, es que
en diciembre pasado asumió un gobierno de un signo político distinto al que
condujera el país entre los años 2003-2015, que abarca el período investigado.
Tras la repercusión mediática, diversos
políticos, analistas y periodistas, dan por sentado un proceso “mani pulite”
(manos limpias), rememorando lo actuado por la justicia italiana en 1992, que desactivara
una extensa red de corrupción político-empresaria, con 1.233 condenas, prófugos
y la caída del primer ministro socialista Bettino Craxi. Pero en nuestro caso,
por el momento no se observan elementos tangibles que justifiquen tanto entusiasmo
purificador. Inclusive, el despertar judicial podría ser sospechado de ser tácticas
de distracción para capear el temporal. Porque a diferencia del caso italiano
(o el brasileño en la actualidad), en nuestro país ha sido precisamente la
justicia actora esencial en la protección del desaforado desarrollo de la
corrupción estatal-privada. Ello se constata en el manejo laxo de los tiempos
procesales; la manipulación de expedientes; escandalosos sobreseimientos de
enriquecimientos ilícitos, y prescripciones para no llegar a la instancia oral.
En síntesis, ausencia casi total de condenas.
Esta práctica ni se preocupó de
apelar al disimulo. Cuando fiscales realizaron allanamientos sin aviso previo
(Rívolo en el caso Ciccone), o investigaron movimientos de fondos sospechosos (Campagnoli
en el caso Báez), fueron apartados sin miramientos de las causas. Campagnoli estuvo
a un voto de ser destituido. En esta trama, recordar al juez Oyarbide resulta
redundante. Estos antecedentes, entre muchos otros, nos muestran un contexto más
próximo al de “mani sporche” (manos sucias), que al del “mani pulite” de 1992,
con la actuación entre otros, del juez Di Pietro.
Quedan esperanzas entonces? Debieran
producirse dos circunstancias: 1) que jueces y fiscales, sin necesidad de una ley
especial, se declaren “arrepentidos” por lo actuado en las pasadas décadas, y
actúen con eficacia para debilitar la fuerte trama de corrupción; 2) que la ciudadanía
no abandone la presión social en el seguimiento de los casos, exigiendo, antes
que detenciones circunstanciales, embargos preventivos inmediatos para recuperos
de bienes bajo sospecha de corrupción (extinción de dominio), y finalmente,
juicios orales en tiempos razonables. Los recuperos debieran ser aplicados a la
ejecución de obras físicas de interés social (hospitales, escuelas, infraestructura),
bajo la leyenda “construída con recupero de fondos de la corrupción”. De este modo, los más necesitados se darán
cuenta que el “roba pero hacen” es un engaño. Los políticos y empresarios ya lo
saben.
Mientras se desarrollan las
actuaciones judiciales, pondremos frases o acciones relacionadas bajo análisis.
Recientemente el legislador porteño Gustavo Vera, conocido por su prédica
contra el trabajo esclavo y la prostitución, en un panel de debate señaló que
“el juez Casanello es honesto”. Por lo innecesario, el comentario despierta
dudas. Más aún cuando Vera amplió su campo de acción a denuncias de todo tipo,
que su verborragia hace poco claras en cuanto a fundamentos. Casanello y su
ayudante Omar Orsi, se encuentran procesados por prevaricato (tomar una
decisión injusta y arbitraria usando el cargo), por la demora en investigar a Lázaro
Báez. Una cosa es la responsabilidad pública de opinólogos todo terreno, y otra
muy distinta la de un legislador. De persistir Vera en el pecado de la soberbia
para decidir quienes son honestos y quienes no, sin aportar pruebas
fehacientes, su amigo el Papa Francisco debiera darle una penitencia.
Buenos Aires, 11 de mayo 2016
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