jueves, 26 de mayo de 2016

PARECER HONESTO SIN SERLO

Último momento. A partir del testimonio de un testigo reservado, el Senado de Estados Unidos logró el levantamiento del secreto bancario en dicho país, logrando amplia documentación de hechos ilícitos vinculados con lavado de dinero. Entre los investigados por la subcomisión encabezada por el demócrata Carl Levin, figuran empresas, empresarios, políticos, estudios jurídicos y contables de nuestro país, que utilizaron mayoritariamente instituciones financieras con base en Uruguay y Panamá para la fuga del dinero. Ante ello, se conformó una Comisión Investigadora integrada por nueve legisladores, que logró que los documentos y detalles de las cuentas correspondientes, les fueran enviados por el Senado norteamericano en 18 cajas. Esta noticia no se refiere al caso “Panamá Papers”. Es del año 2001.

La Comisión inició su tarea en mayo, y las conclusiones se dieron a conocer en agosto del mismo año. Tras duros enfrentamientos entre sus integrantes, se presentaron cuatro informes distintos, apelando a una conocida estrategia política, consistente en no consensuar el resultado de una investigación para licuar su efectividad. Entre los legisladores sabuesos, se encontraban Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer y Graciela Ocaña. Tras la caída de De la Rúa meses más tarde, a muchas de las grandes empresas involucradas se les estatizó parcialmente sus deudas en dólares, a través de la pesificación asimétrica.

La máquina del tiempo nos lleva al año 2014. El técnico informático de la sucursal de Ginebra del HSBC, Hervé Falciani, reveló información de más de 100.000 cuentas supuestamente no declaradas, de las cuales 4.040 eran de argentinos. Nuevamente se apeló al manual de los fuegos de artífico, y el 17 de diciembre se creó una Comisión Bicameral integrada por 5 senadores y 5 diputados, encabezada por el diputado del FPV Roberto Feletti. Políticos y funcionarios emitieron afirmaciones grandilocuentes; cifras impactantes, y clases teóricas de mecánicas de lavado. Como es usual, desde el oficialismo se hicieron trascender nombres de adversarios políticos incluidos en el listado. La febril actividad investigativa incluyó excursiones turísticas. Legisladores y funcionarios viajaron a París para entrevistarse con Falciani, y posteriormente a Suiza. Resultado final? No se produjo un informe con conclusiones. El oficialismo perdió las elecciones, y Feletti trasladó su lucha por la transparencia al municipio de La Matanza. La obra teatral “fuga de capitales” fue levantada de cartel.  

La remembranza histórica pretende que los ciudadanos no sean una vez más engañados por actores de una ficticia honestidad. La estrategia engañosa de ubicar el foco delictual e investigativo en el exterior, para evitar la identificación y castigo de los responsables vernáculos del saqueo de los recursos del Estado, se repite. Ricardo Echegaray, por ejemplo, titular de la AFIP en ese entonces, mientras anunciaba la fuga de más de 3.500 millones de dólares a través del HSBC, paralelamente refinanciaba con grandes facilidades deudas impositivas de fuertes empresarios, para que pudieran incrementar sus patrimonios. Inclusive el impuesto a los combustibles recaudados como agente de retención, y no reintegrados a la AFIP. El circuito se cierra con el intento de “negociar” con el poder político por las buenas o por las malas, a través de planificadas campañas mediáticas.   

Desde hace décadas existen las firmas “offshore” y cuentas no declaradas en el exterior. Su origen puede ser legal (debidamente declaradas en el país), o ilegal. En este último caso, pueden tener como fin la evasión (no pagar impuestos); corrupción (coimas entre funcionarios y privados), o lavado de dinero (fondos de organizaciones delictivas que necesitan ingresar al circuito legal). Pero para que la ilegalidad y fuga del dinero tengan lugar, ineludiblemente se debe contar con la complicidad, y excepcionalmente ineficacia, de autoridades políticas y organismos de control. No es necesario viajar a París para entrevistar a Falciani. Los responsables de la corrupción están en nuestro país: jueces, fiscales, Banco Central, AFIP, UIF, Inspección General de Justicia, Comisión Nacional de Valores y Oficina Anticorrupción. En el caso Panamá Papers, que concluirá sin resultados concretos, existe una salvedad. Debe investigarse rápidamente la participación del presidente Macri en el caso, evitándole intencionadas operaciones de desgaste. Para presionar y negociar impunidad, los corruptos no necesitan de la verdad. Con la sospecha les basta.


Buenos Aires, 26 de mayo de 2016

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