La primera definición que da la
Real Academia Española del verbo corrupción es “quitar o tomar alguna cosa con
violencia o fuerza”. Sin embargo, a los crímenes, secuestros, robos, que se
visibilizan como hechos y víctimas concretas, no los llamamos corrupción, sino
actos delictivos que crean un “clima de inseguridad”. Solo cuando el delito asocia
a funcionarios del Estado con empresarios privados para lograr enriquecimientos
económicos ilícitos, se identifica como tal. Por el servicio institucional de
armar el negocio, adjudicar y brindar impunidad, los funcionarios exigen una retribución
pecuniaria llamada cohecho, o sea, coima. El delito visible y mediático del
“motochorro”, adquiere entonces el matiz más recoleto y sofisticado del
“escritoriochorro”. El ladrón y el asesino asustan a la sociedad. El corrupto, aún
no.
La exhibición del video con
integrantes del grupo Báez contando millones de dólares en el popular Puerto
Madero; el video mostrando a integrantes del grupo de Milagro Sala retirando
bolsos de dinero de la sucursal del Banco Nación de Jujuy, o la reciente detención
del ex Secretario de Obras Públicas José López, tratando de ocultar en la
madrugada cantidades asombrosas de dinero en la “tierra santa” de un convento,
permitió que la gente “observara y entendiera”. El abstracto y genérico concepto
de corrupción, bajó al campo de lo terrenal. Esto obligó a que los saqueadores
que acordaban complicidad e impunidad en relajados ámbitos de negociación, debieran
recurrir a estrategias mediáticas para sostener sus libertades y patrimonios
mal habidos. A esta altura de los acontecimientos, el clásico “soy inocente”
pareciera insuficiente, y se intenta reemplazarlo por el desesperado “todos
somos ladrones”. O plantear razonamientos sociológicos que hubiesen asombrado a
Maquiavelo: “Para hacer política hay que robar”. Jueces y fiscales por su
parte, tras algunos ejercicios de elongación, retomaron lentamente sus
adormecidas investigaciones.
Cristóbal López, propietario de
C5N, intenta coaccionar a través de confusos gráficos viales/genealógicos, para
que sus periodistas políticos Navarro y Sylvestre, con rostros indignados,
denuncien las tramas financieras de “Macri y sus amigos”. La defensa de Báez
aporta un listado de las empresas constructoras más favorecidas por la obra
pública para que sean investigadas por sobreprecios, destacando que en
determinadas licitaciones concurrió asociado con Calcaterra, quien (leer en
letras mayúsculas), ES PRIMO DE MACRI. Pero su causa se origina en establecer la
relación existente entre el desmesurado patrimonio obtenido en la actividad de
constructor iniciada en el 2003, y su conexión con el más alto poder político,
compartiendo titularidades reales o ficticias de bienes, evasión, cohechos y
lavado de dinero. Si Báez solo pretende convencernos que las obras públicas se
contrataron con enormes sobreprecios, visto el enriquecimiento desaforado de
funcionarios de alto y mediano nivel, se lo creemos.
El alerta a las estrategias de
“confusión y encubrimiento”, es aplicable para quienes plantean, no se sabe si intencionadamente,
por fanatismo o rating mediático, la pregunta: “Cristina irá presa?” En estas
etapas investigativas, en las que se deberán sumar nuevos sospechosos, muchos
de los cuales indudablemente serán funcionarios públicos de menor nivel que la
ex Presidente, la pregunta es irrelevante e innecesaria.
En la corrupción estatal-privada
armada para saquear el tesoro público, la mecánica no difiere mayormente según
se trate de obra pública, compras en general, concesiones o subsidios a
empresas. En todos los casos, la investigación debería seguir el flujo del
dinero público desde el Estado al privado, y no a la inversa. Quienes determinan
el monto del sobreprecio, arma la cadena de facilitación, adjudica, asegura la
ausencia de control y exige el retorno, son los funcionarios. El empresario
actúa como feliz cómplice, testaferro o socio encubierto. Citemos un ejemplo. En
declaraciones periodísticas se indicó que Báez cobró por obras no realizadas. Cabe
preguntarse: jueces y fiscales citarán a declarar al inspector de dichas obras,
que se supone las certificó como ejecutadas para que pudieran ser pagadas? Comenzando los testimonios por la base de los
ilícitos, la determinación de la cadena de responsabilidades será vertiginosa,
sin necesidad de ley del arrepentido. El Estado posee excelente personal que ha
sido sometido a aprietes explícitos o subliminales con la imprescindible
complicidad gremial, para “dejar hacer, dejar pasar”, que paradójicamente es un
principio del liberalismo.
Buenos Aires, 15 de junio de 2016
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