SOBREPRECIOS "QUNITA"

Iniciar el tema de “sobreprecios en la obra pública” recordando el fraude a la administración estatal por la adquisición de 140.000 kits de cunas y equipamiento destinados a recién nacidos de madres vulnerables, tiene por fin mostrar que una compra corrupta simple y de mediano presupuesto (1.100 millones de pesos), presenta la misma matriz de facilitación y complicidad que las contrataciones de obras públicas de gran envergadura. Solo cambian beneficiarios de los retornos (coimas), y complejidad técnica del objeto contratado. Las denuncias de corrupción que hasta diciembre pasado solo contribuían a crear un higiénico clima de libertad de expresión, pues existía la certeza de la inoperancia y/o complicidad de la justicia, adquirieron otra resonancia tras el recambio político en la conducción del país. Con una salvedad. La corrupción no admite debates estériles y engañosos basados en “la grieta”, pues carece de ideología y marcos legales; se alimenta por beneficios personales. Por ello, la trama de impunidad multisectorial y pluripartidaria vigente desde hace más de dos décadas,  aún permanece intacta. En lo inmediato, solo debió abandonar el cómodo escenario de los acuerdos subterráneos, para forzadamente aplicar estrategias de encubrimiento y confusión en  los medios de comunicación,  mezclando veracidad, suposición, engaño, amenazas y coacciones típicas de pujas entre bandas delictivas.

El Programa Qunita presenta dos aspectos válidos para analizar casos de mayor complejidad: 1) los kits entregados no solo superaban los precios de mercado, sino que eran de pésima calidad. Es habitual que cuando existen sobrecostos iniciales a ser retornados a funcionarios como coima, se agregue posteriormente una menor calidad de prestación. 2) Los niveles políticos que promueven y autorizan compras con sobrecostos, ante una acusación aducen haberse basado en expedientes con secuencias administrativas inobjetables. Por ello, más allá de iniciar las causas en cabeza de las máximas autoridades del área, las investigaciones sobre corrupción estatal deben comenzar desde los trámites iniciales, analizando las intervenciones de funcionarios menores en jerarquía, pero imprescindibles para dar viso de legalidad al trámite.

Resumamos entonces algunos lineamientos generales para detectar y comprobar corrupción estatal-privada en las contrataciones de obra pública, aplicables también a concesiones de servicios y adquisición de bienes e insumos:

1.- En la corrupción estatal-privada, el circuito del dinero es unidireccional: dinero del Estado pasa al sector privado, que posteriormente retorna a los funcionarios facilitadores la parte convenida. Jamás una coima sale del patrimonio de un empresario privado. Por ello la necesidad de los sobreprecios.

2.- Los expedientes administrativos exigen una multiplicidad de instancias  internas y externas en su elaboración, tramitación y control (informes técnicos, contables, legales, antecedentes de sociedades). Participa personal de carrera con excelente formación y experiencia, que son sometidos a un dilema: aceptar la “decisión política” corrupta preestablecida, o ser apartado de su cargo. Ante esta última opción, los dirigentes gremiales no protestarán en Plazo de Mayo. Este aspecto explica, entre otros, la razón de proteger las tramas delictivas sembrando las estructuras estatales con familiares, amigos, militantes, y supuestos extrapartidarios complacientes.

3.- Cuando se habla de trama de corrupción estatal, se deben establecer tres niveles: 1) el nivel político activo, que determina el objeto y presupuesto, define adjudicatario, acuerda la mecánica del retorno (coima), y percibe el dinero. 2) el nivel político pasivo (ejecutivo, legislativo, judicial), que presta apoyatura institucional y complicidad, pero en lugar de recibir dinero, negocia cargos públicos, incorporación de familiares y prebendas. 3) el personal profesional / técnico / administrativo necesariamente partícipe en la tramitación, que intenta sobrevivir sin protección dentro de la trama. Es el nivel más importante para aportar datos iniciales a las causas. Sus testimonios pueden ser esclarecedores, sin necesidad de ley del arrepentido.

Comentados estos parámetros preliminares, será más fácil comprender para el neófito (jueces y fiscales no están incluidos),  un tema recurrente presentado con un halo de misterio y complejidad: los sobreprecios en la obra pública. Apelaremos a un ejemplo de conocimiento popular: las constructoras de Lázaro Báez.

Buenos Aires, 08 de junio de 2016