SOBREPRECIOS Y CINISMOS

Es imposible hablar del saqueo de los recursos del Estado a través de los sobreprecios en términos abstractos y pretendidamente docentes, sin previamente interrelacionarlo con la práctica del cinismo. Los hoy falsamente sorprendidos funcionarios, jueces, fiscales, políticos y empresarios, saben perfectamente que significa sobreprecio, y como detectarlo. Por ello la sociedad deberá sortear las trampas disfrazadas de delirantes justificaciones del latrocinio, o confusos mensajes explícitos o subliminales vertidos en medios de comunicación, para salvar impunidades primero, y de ser posible, mantener la extendida trama de corrupción estatal-privada, que lleva dos décadas. Cinismo, como definición general, es “mentir con descaro y defender en forma impúdica acciones condenables”. Sobreprecio, es el “aumento del precio normal de una cosa o servicio”.

La valoración del término “precio normal”, difiere según corresponda al sector privado o público. Cuando el privado ofrece un bien, servicio o construcción, con un precio que consideramos “caro”, tenemos la opción de no comprarlo, y buscar alternativas. Pero cuando lo “caro” lo paga el Estado, decimos que hubo “sobreprecios”. Porqué? Un Gobierno, que debe representar el interés común de una sociedad y administrar su patrimonio, no tiene la opción de apartarse del precio “normal”. Para contratar bienes y servicios, comparará precios de mercado, adjudicando en igualdad de condiciones la mejor oferta. En las concesiones y obras civiles de cualquier tipo y envergadura, los organismos pertinentes elaboran los presupuestos y condiciones de cotización, a las que deberán ajustarse las empresas en sus ofertas. Por lo tanto, todo excedente injustificado por sobre el precio normal, se llama “sobreprecio”. El ciudadano no tiene la opción de no pagarlo con sus impuestos. Surge por decisión de altos funcionarios políticos (no inferiores a Secretarios), en acuerdo con privados, para que le sea retornado en carácter de coima. El privado, nada inocente y discrecionalmente favorecido en el negocio, es feliz cómplice. Por lo expuesto, los sobreprecios son decisiones políticas, y las coimas salen de las arcas del Estado.

Citemos dos claros operativos “confusión” dirigidos a la opinión pública, que increíblemente no han sido desbaratados. Desde sectores políticos que intentan minimizar responsabilidades por los daños del saqueo, se plantea investigar a las empresas que pagaron coimas. La tarea, en manos de buenos jueces y fiscales, debería ser rápida y sencilla, porque el listado lo poseen los funcionarios públicos con poder de decisión que las contrataron y fueron coimeados. Pero existe además un caso testigo que debería ofrecer rápidas respuestas: el grupo constructor de Lázaro Báez. Originado en el año  2003, su incremento patrimonial sorprendente se sustenta casi exclusivamente en la ejecución de obra pública.

Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de la Construcción, licenciado Juan Chediak, admitió recientemente que había selectividad en el pago de los certificados de obra, habiéndolo manifestado en su momento a la ex presidente Kirchner. Sin inocencia, se saltea el paso del “sobreprecio”. El pago de “retornos” o coimas a los funcionarios, no admite financiaciones. Son pago contado inmediato, a la firma del contrato. Usualmente, (hay otras formas más sutiles), a través de los conocidos anticipos financieros, que se otorgan antes del inicio de las obras. Cumplido este compromiso ineludible, el calvario del vaciado de las arcas públicas puede continuar, a través de procedimientos no menos dañinos: 1) Renegociación de precios durante la marcha de las obras; 2) Demora selectiva del pago de certificados de obra (que menciona Chediak); 3) Disminución durante su ejecución de la calidad especificada de obra; 4) Certificación de ítems de obra no ejecutados.

Los profesionales públicos que intervienen en la elaboración de pliegos, documentación técnica y presupuestos, tienen alta profesionalidad, y muchos de ellos son absorbidos por empresas privadas. Un presupuesto se compone de terreno, proyecto, materiales, mano de obra, equipos, gastos generales, gastos financieros, beneficio e impuestos. Para calcular sus valores existe amplia información privada y pública como referencia. Pero carentes de protección gremial, los profesionales son sometidos a una fuerte presión interna (salvo que sean cómplices), para “legalizar” los sucesivos pasos del trámite burocrático, de modo que el expediente llegue “prolijo” a la firma de la “Superioridad”. Lo que casi nunca sucede.

Solo resta pedirles a jueces, fiscales y peritos…a trabajar!!!

Buenos Aires, 22 de junio de 2016